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El Departamento de Hacienda está listo para extender esta semana un contrato con la compañía Scientific Games que aumentaría las ganancias de esa empresa y reduciría los ingresos al erario por concepto de los juegos que opera la entidad.
El Departamento de Hacienda está listo para extender esta semana un contrato con la compañía Scientific Games que aumentaría las ganancias de esa empresa y reduciría los ingresos al erario por concepto de los juegos que opera la entidad.
Según expertos consultados, Hacienda podría ahorrarse unos 60 millones de dólares si abriera a subasta el contrato de la Lotería Electrónica que vence este próximo 30 de junio, pero hay cabilderos muy poderosos allegados a La Fortaleza que no permiten se busque un mejor negocio para el erario.
Además de las críticas que se han levantado por la decisión del Secretario de Hacienda de darle luz verde a una enmienda al documento original que viabiliza a Scientific Games a extender su contrato por dos años hasta un máximo de cinco, se ha planteado que eso tendrá el efecto neto de que sin ir a subasta pública esa empresa se quedaría operando la Lotería Electrónica hasta el 2017.
Documentos en poder de Inter News Service (INS) revelan que la enmienda al contrato, que se efectuó el pasado 15 de julio de 2009, reemplazó otras cláusulas que benefician a Scientific Games y aumenta aún más sus ganancias, de 3.13 por ciento a 3.95 por ciento, y que entró en vigor de inmediato.
La enmienda que se hizo eliminaría el proceso de subasta y va en contra de los esfuerzos del gobierno de identificar fuentes de ingresos para atender su apretada situación fiscal ya que le dejaría de inmediato ganancia a la empresa de Georgia de unos 60 millones de dólares que bien podrían ir al erario.
La empresa Scientific Games tiene el contrato para operar la Lotería Electrónica desde el 22 de septiembre de 2004 y por un término de siete años y la enmienda aprobada elimina cualquier tipo de competencia al proveerle una cláusula de exclusividad a las operaciones de la Lotería Electrónica.
También retira la terminación general del contrato que está presente en la mayoría de los contratos con el gobierno ya que si Hacienda quisiera dar por terminado el contrato, no podría hacerlo.
Scientific Games logró también reducir su cadena de terminales de dos mil a 1,716 porque sus máquinas están obsoletas y no han invertido en la más reciente tecnología, según documentos de expertos que han examinado ese equipo.
Igualmente, la enmienda permitió la adjudicación de los juegos instantáneos a Scientific Games, sin licitación, pero según Hacienda, el reglamento se lo permite.
Con el contrato enmendado en 2009, sin que se le notificara a la Asamblea Legislativa, como dispone la Ley de la Lotería, la empresa Scientific Games comenzó a diseñar, programar y producir su línea de juegos instantáneos cobrando 200 dólares la hora a la Lotería Electrónica por dichos servicios y otra cantidad -no revelada- por gastos en impresión. Luego de cinco meses de producción, el primer juego se vendió en diciembre del 2009.
La Ley 10 de 1989 de la Lotería Electrónica especifica que antes de implementar un nuevo juego de oportunidades es necesario que se le notifique a la Asamblea Legislatura con 60 días de anticipación, lo que no hizo Hacienda.
A un año de venta de los juegos instantáneos y de acuerdo con el volumen de ventas se estima que este año fiscal Scientific Games duplicará sus ganancias del año fiscal previo que fueron de 21.8 millones de dólares. Esa cifra no incluye lo que la compañía le cobra a la Lotería Electrónica por producir estos boletos mientras las ganancias de Scientific Games salen del fisco en momentos en que el gobierno está prácticamente quebrado.
Estudios de la industria de juegos examinados por INS revelan que se han reflejado cambios sustanciales en la operación de la lotería electrónica en los últimos seis años, lo que ha llevado a diversos gobiernos en Estados Unidos y América Latina a buscar términos contractuales beneficiosos para esos gobiernos.
Datos del 2009 de La Fleur’s Lottery Almanac, Scientific Games tiene contratos en los estados de Connecticut, Pensilvania e Indiana, cuyas tarifas son más bajas que en Puerto Rico donde aparece que aquí es el lugar donde esa empresa tiene el contrato más jugoso.
En Connecticut, por ejemplo, Scientific Games cobra una tarifa de 0.84 por ciento, en Pensilvania 0.83 por ciento y en Indiana 3.1 por ciento mientras en Puerto Rico, cobra 3.9 por ciento.
Incluso la competencia de la empresa Scientific Games, -G-Tech e Intralot- cobran tarifas más bajas, que fluctúan entre 0.77 por ciento y 1.59 por ciento.
Los records reflejan que Scientific Games tiene un ingreso de 9,500 dólares por terminal, cuando el promedio en la industria es de 3,577 dólares. Si se multiplica lo que Scientific Games gana por cada terminal por el número de terminales que tiene en Puerto Rico – 1,716- se estiman las ganancias anuales en 16,456,440 de dólares, una cantidad nueve veces más oneroso que el contrato que tiene Scientific Games en Connecticut.
Los representantes José Aponte, expresidente de la Cámara de Representantes, y Jorge Colberg Toro, han intentado sin éxito de indagar sobre esos contratos y el proceso de renovación de los mismos porque les preocupa que la fórmula que se ha negociado es adversa al gobierno porque es un negocio que dispone amplios beneficios para la empresa contratada y los beneficios del gobierno cada vez se reducen.