El Nuevo Dia

El aumento de casos de venta de automóviles a través de intermediarios que se hacen llamar “brokers” y sin la autorización de las instituciones que financian la unidad ha provocado que la Asociación de Bancos de Puerto Rico, la Policía y el Centro de Servicios al Conductor (Cesco) se unan para alertar de un fraude en el que gran parte de los involucrados salen afectados.

Según reveló el sargento Luis Díaz Carrillo, subdirector de la División de Vehículos Hurtados de San Juan, los intermediarios ganan alrededor de $10,000 por transacción fraudulenta que realizan.

Explicó, sin embargo, que los que eran propietarios del auto en venta pierden su crédito, porque el “broker” nunca le salda al banco su deuda, y podrían enfrentar cargos por los crímenes que involucren el auto, además de que el Cesco le impondría el pago de las multas de tránsito o AutoExpreso que acumule el nuevo dueño. Mientras, la persona que compra el vehículo puede utilizarlo solo hasta el mes en que se le venza el marbete, pues no tendrá forma de realizar una transacción legal para renovarlo, dijo.

El banco, entretanto, también incurre en un gasto de alrededor de $10,000 por caso, manifestó el presidente del Comité de Financiamiento de Automóviles de la Asociación, Carlos Power.

“Esto genera unos gastos legales, si se logra reposeer la unidad”. De no lograr recuperar el auto, la pérdida sería mayor, señaló.

“Por eso estamos alertando a la ciudadanía sobre unos esquemas de venta de vehículos de motor a través de ‘brokers’ que no están autorizados”, agregó Power, tras enumerarse las complicaciones que provocan este fraude con autos que tienen deudas en las instituciones bancarias.

En conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación, en la Milla de Oro de Hato Rey, el sargento detalló que el delito principal que cometen los intermediarios es que realizan compra venta de automóviles sin contar con la debida autorización del Departamento de Transportación y Obras Públicas de concesionario de autos ni tener autorización de las instituciones que financian la unidad.

El proceso del fraude comienza cuando el consumidor es alertado de un servicio de compra-venta de autos con retrasos en los pagos a los bancos o personas que desean mudarse de la Isla y deshacerse rápido del vehículo, a través de anuncios publicados en los medios de comunicación, internet o en carteles colocados en las calles.

“Citan a la persona a un centro comercial, muy pocas veces los llevan a sus oficinas”, sostuvo Díaz Carrillo.

Power agregó que en la transacción media un contrato, que le da cierta confianza a la persona que desea vender el carro de que la deuda con el banco sería saldada y se realizaría un proceso de traspaso en el Cesco.

 “Ese documento es el que utilizan para cometer fraude”, precisó el ejecutivo del First Bank.

Aceptó, de paso, que el propietario inicial del auto se entera que es víctima del fraude cuando el banco lo contacta para advertirle de la deuda acumulada.

“Al comprador no le llega la licencia o la Policía lo detiene por conducir un vehículo con gravamen de desaparecido. Puede pasar un mal rato la persona que lo está guiando”, manifestó Power.

El ejecutivo pidió a las personas que tengan complicaciones para pagar su auto o desean venderlo a que se orienten con las instituciones bancarias. De hecho, aceptó que tendría menores complicaciones si entrega el vehículo de forma voluntaria al banco, aunque ello implique que se le afecte el crédito.

Las estadísticas policiacas apuntan a que unos 500 casos de fraude que involucran a autos con deudas en las instituciones financieras se reportan cada año. La Policía, sin embargo, ha interceptado solo a 20 de estos “brokers”.

“Acuérdate de una de estas personas puede tener más de un caso”, señaló el sargento Díaz Carrillo.

Añadió que en la mayoría de las ocasiones tanto el vendedor como el comprador son utilizados como testigos en los casos de fraude. De ser hallado culpable, el intermediario se expone entre tres a ocho años de prisión.