11 de noviembre de 2015

Metro

La jefa de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, sentenció que los actos de corrupción pública en Puerto Rico son los que han sucumbido al país en la crisis fiscal.
 
“Si juntáramos el dinero relacionado con estos casos de corrupción y fraude, realmente, no tenderíamos crisis económica en este momento. Y no estoy hablando de diez años atrás, estoy hablando de unos cuantos años atrás, nada más”, aseguró Rodríguez tras preguntas de la prensa en una mesa redonda con el Grupo Interagencial Anticorrupción.
 
Pero, más allá del dinero que no llega para el servicio público, lo que empeora el panorama es la tolerancia para denunciar los casos y la complicidad entre los involucrados de estos actos delictivos.
 
“Todo el mundo habla de la corrupción pública. Todo el mundo en público condena la corrupción publica. Todo el mundo está de acuerdo con que no debe haber corrupción pública. Mentira, ya eso no es así. Aquí en Puerto Rico lo que hay es una tolerancia a la corrupción pública, que no debe existir”, sentenció Rodríguez.
 
“Cuando yo entro a sala en los casos que nosotros llevamos y veo a esa sala llena de gente, de amigos, no de familiares (porque uno entiende que vayan los familiares), que todo lo que dicen es ‘esta persona es buena gente’, ‘esta persona no hizo esto’ […]. Y eso es tolerancia”, recordó Rodríguez, al tiempo que las agencias que trabajan estos casos no tienen la tolerancia para dejar pasar estos casos sin procesar ante la ley.
 
Ante la pasividad para denunciar los casos de corrupción, Rodríguez sostuvo que “los casos siguen llegando”. Mientras, especificó que “no hay un concepto de que el servidor público es un servidor público 24 horas, siete días a la semana. No lo hay. Nadie lo internaliza. Nadie lo actúa como tal […]. De la boca para fuera todo el mundo está en contra de la corrupción”.

Sobre la dificultad para que muchos de los casos de corrupción no prosperen, el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, lo tribuyó a la falta de especificidad de la ley.
 
“Yo he tenido casos que no he podido radicar y sé que se cometieron irregularidades millonarias. Y no he podido radicar porque no pasan el crisol. He llevado casos al tribunal que se han caído en Regla 6, casos buenos. ¿Por qué se caen? Porque la definición del delito es tan y tan vaga que lograr convencer al juez es muy difícil”, explicó Miranda.

Entre tanto, la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, reiteró que la agencia trabaja con una deficiencia de personal, pues cuenta con solo nueve abogados para los miles de casos que tienen bajo investigación.
 
“No saben [las personas] que disponemos de recursos muy limitados y que no podemos resolverlo todo rápidamente”, explicó Rosario, pues cada abogado atiende alrededor de 140 casos. Situación que catalogó como “inhumana”.
 
Mientras, la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, previó que para este año electoral aumentarán las querellas y las denuncias por corrupción por los encuentros entre candidatos y partidos. “A mí me parece que [ahora] es cuando más dinero se bota en el gobierno”, añadió Valdivieso, refiriéndose a la temporada de campañas políticas.
 
En la mesa redonda también participaron el subdirector del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Arístides Beaton, y el miembro en propiedad del Fiscal Especial Independiente (FEI), Ismael Colón.