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Hato Rey, P. R. (13 de mayo de 2014) MCS Classicare, la segunda aseguradora Medicare Advantage más grande en Puerto Rico le ha cancelado el contrato a cientos de laboratorios clínicos en Puerto Rico, limitando el acceso a los servicios de diagnóstico clínico. Pese a que este plan vendió sus cubiertas utilizando a todos los laboratorios contratados como proveedores de su red, ahora les niega a sus suscriptores el acceso a sus laboratorios de preferencia.

 

Como resultado de estas cancelaciones, suscriptores de la tercera edad se verán limitados a obtener sus servicios en otros laboratorios, algunos más lejos de su residencia o de su médico, o en laboratorios que se tardan más en entregar los resultados por tener un menú limitado de pruebas. Sin duda son serios inconvenientes que MCS Classicare les está imponiendo a sus suscriptores quienes confiaron en los documentos de mercadeo y los listados de proveedores presentados al momento de contratar con el plan.

 

Entendemos que la movida de MCS Classicare es una diseñada para obligar a los laboratorios a aceptar una reducción de un 20% de las tarifas aprobadas por Medicare, las cuales no son apropiadas para los costos de realizar las pruebas en Puerto Rico. Las razones son obvias, los costos operacionales de los laboratorios clínicos en Puerto Rico son mayores que en los Estados Unidos, mientras los pagos de los planes médicos tanto Medicare Advantage como los privados en muchos casos no son suficientes para cubrir el costo de la prueba, en especial las referidas a laboratorios en los Estados Unidos.

 

El gobierno de Puerto Rico tiene que decidir si va a permitir que las aseguradoras destruyan lo que queda de nuestro sistema de salud permitiéndoles operar por la libre, o si va a proteger la salud del pueblo como lo requiere la constitución. ¿El Gobierno va a continuar obviando las acciones de estos planes médicos, ignorando su responsabilidad de garantizar la seguridad y salud del pueblo alegando que estas aseguradoras son intocables?

 

Estos planes han sido los protegidos de todas las administraciones por el poder político y económico que tienen; el Gobierno se niega a regularlos aludiendo que los estados no tienen legitimación en su regulación, lo que ya se ha demostrado no es cierto.

 

La falta de acción de parte de la Comisionada de Seguros es vergonzosa y claramente viciada a favor de las aseguradoras.  Es hora de que el Gobernador y la Legislatura tomen cartas en el asunto de inmediato y sin excusas.

 

Tanto la Asociación de Laboratorios Clínicos como la Cooperativa de Laboratorios estarán dando la pelea por conseguir justicia para los suscriptores de este plan como para los laboratorios clínicos.