9 de octubre de 2014

Noticel

El Tribunal Federal del Distrito de Delaware mantiene un pleito en contra de la empresa Partners Healthcare Solutions Holdings, LP, (PHSH) matriz de APS Healthcare of Puerto Rico Inc., luego de que Universal American Corporation (UAC) acusara a la empresa de cometer fraude durante la venta en 2012 del proveedor de servicios de salud mental en el país.

 

 

(Archivo NotiCel)

UAC compró a APS en el 2012 mediante un pacto inicial de $227.5 millones. Durante la transacción, se les indicó a los compradores que en el 2011 APS tuvo más de $300 millones en ingresos. A dos semanas de cerrar la transacción, el comprador se enteró de que el mayor cliente de APS, que representa el 40 por ciento de los ingresos de la empresa, les había indicado a los demandados que estaban incumpliendo con su contrato imponiéndoles una multa de $5 millones. Se trató de la Asministración de Seguros de Salud (ASES), que luego transó por $3 millones.

Pero en marzo de 2013, Universal manifestó su insatisfacción con el desempeño de APS y alegaron presunta tergiversación durante el proceso de negociación de la venta por parte de PHSH; la firma de capital privado, GTCR Golder Rauner, LLC; y otros. Para octubre del mismo año, Universal demandó a Partners para revertir la compra aduciendo que los demandados conocían que la empresa se estaba “desintegrando”, pero mediante declaraciones falsas u omisiones de información los indujeron al negocio.

Asimismo, Universal descubrió problemas con los contratos con otros clientes además de otros problemas legales, tanto civiles como criminales, que han marcado las operaciones de APS.

En febrero de 2014, la jueza Mary Pat Thynge, jefa de los magistrados del Tribunal de Distrito de Delaware, desestimó un recurso presentado por PHSH, en el que buscaban que la corte emitiera unos alivios declaratorios a su favor luego de que UAC los amenazara de que iniciarían un recurso legal en su contra por fraude de valores.

En junio de 2007,  GTCR Golder Rauner, LLC se asoció con Jerome Vaccaro y Gregory Scott, y a través de PHSH adquirieron a APS Healthcare, Inc, entonces matriz de APS Healthcare of Puerto Rico Inc. Partners había sido registrada ese mismo año en el estado de Delaware y sus fondos eran controlados por GTCR. Scott, quien era el director financiero de PacifiCare Health Systems se convirtió en director ejecutivo de APS Healthcare, Inc. Y Vaccaro, quien fue presidente de PacifiCare Behavioral Health, ese mismo mes fue nombrado presidente y director ejecutivo de APS Healthcare, Inc.

La transacción se dio en momentos en que APS Healthcare of Puerto Rico Inc. enfrentaba un proceso judicial por violar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico (Ley 408 del 2000). La base del litigio fue la negación de los servicios de emergencia psiquiátrica que requería el joven Marcos Rosario Meléndez, quien se suicidó en febrero del 2005.

Este caso sirvió como motivo para que el cuatrienio pasado el hoy gobernador Alejandro García Padilla presentara la Resolución del Senado 1586, que pretendía investigar el desempeño del proveedor de servicios de salud mental.

Sin embargo, en diciembre de 2011, la senadora Margarita Nolasco Santiago, entonces presidenta de la Comisión de Asuntos Internos del Senado, señaló que dicho organismo legislativo “acordó recomendar la no aprobación de esta medida por motivo de que se consideró en reunión ejecutiva y la misma no obtuvo los votos necesarios para su aprobación”.

Unos diez meses antes del informe radicado por Nolasco Santiago, la oficina del Fiscal Federal para Georgia anunció un acuerdo con la empresa Innovative Resource Group, L.L.C. (IRG), subsidiaria de APS Healthcare, Inc.,  para que pagaran $13 millones y así resolver las acusaciones que pesaban en su contra por violar la Ley Federal de Reclamos Falsos.

“El gobierno alega que APS Healthcare presentó reclamaciones falsas a Medicaid a través del Departamento de Salud Comunitaria de Georgia (DCH), ya que no proporcionó servicios especializados relacionados con el manejo de enfermedades y manejo de casos de miembros del Programa de Administración de Medicaid de Georgia (GAMMP, por sus siglas en inglés) durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 hasta el 28 de febrero de 2010”, se detalló en el portal del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

La fiscal federal Sally Quillian Yates acusó a APS Healthcare, Inc.,  de tomar “el dinero de Medicaid para sí mismo y dejar a algunos de nuestros ciudadanos más vulnerables sin la ayuda que se merecían".

Además, APS Healthcare, Inc.,  firmó un Acuerdo de Integridad Corporativa (CIA) con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, para asegurar el cumplimiento con los estatutos, reglamentos y directrices de Medicare, Medicaid y demás programas federales de servicios de salud.

En un parte de prensa, Scott dijo en aquel entonces que “el desacuerdo está centrado en una falta de claridad en algunas disposiciones del contrato original y es por esa razón que negamos rotundamente las acusaciones hechas en contra IRG".

"Nosotros habíamos notificado al Programa de Medicaid de Georgia de estas ambigüedades mucho antes de la presentación del caso, y habíamos trabajado proactivamente para aclararlas y hacerle frente. En todo momento operamos dentro de los términos del contrato", añadió.

Un año después de este acuerdo, fue que Universal compró a APS. Desde ese momento hasta marzo de 2013, Scott se desempeñó como copresidente de Universal American Corporation junto a Vaccaro.

A pesar de las dos ventas que sufrió APS Healthcare, Inc. en los pasados años, Alexis Cardona ha seguido presidiendo a APS Healthcare of Puerto Rico Inc. Esta entidad ha sido proveedora de los servicios de salud mental del Plan de Salud Gubernamental desde el 1999. Anteriormente, Cardona laboró en ACE Insurance.

Cardona no contestó a una petición de entrevista cursada por este diario para dialogar sobre los hallazgos recogidos en el reciente informe parcial radicado por la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado donde se señala una serie de incumplimientos con el contrato de ASES y la Ley de Salud Mental de Puerto Rico.

APS Healthcare, Inc. respondió a una petición de reacción.