15 de febrero de 2019

Reinaldo Rivera Soto / Ingeniero Civil y Asesor Legislativo

La red 5G de telefonía inalámbrica esta lista para hacer su entrada triunfal próximamente. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) comienza este mes de noviembre a subastar licencias para el espectro 5G y los nuevos teléfonos compatibles con esta tecnología comenzarán a surgir en el 2019. Esta nueva tecnología inalámbrica promete velocidades hasta 10 veces más rápidas que el 4G actual con antenas mucho más pequeñas, lo cual minimizará la instalación de estas en una torre. Pero la legislación detrás de esta nueva tecnología promete una batalla campal, a nivel de los Estados Unidos, entre ciudades, estados y el gobierno federal.

Según un artículo publicado por la revista Governing  de octubre 2018, mientras ciudades como McAllen, Texas se preparaban para enmendar ordenanzas locales para acomodar esta nueva tecnología en su ciudad, una legislación a nivel estatal contemplaba regular la instalación de esta nueva infraestructura y prohibir a los gobiernos locales negociar sus propios acuerdos con compañías proveedoras. Esta legislación pasó el cedazo de la Cámara y el Senado convirtiéndose en ley, entrando en vigor en septiembre del 2017.  En adición a esto, una propuesta de la FCC podría no tan solo terminar con futuros acuerdos de los gobiernos locales sino que también tomar control de dichos acuerdos.

Los simpatizantes de la propuesta de la FCC y la ley estatal aseguran que estas leyes le darán rapidez a la construcción y la implementación de la red 5G, a la misma vez que facilitará potencialmente el uso de esta tecnología en áreas donde no existe el servicio. Sin embargo, los oficiales de gobiernos locales establecen que los proveedores no llevarán una red 5G a áreas remotas donde no tendrán demanda de servicio. En cambio, los gobiernos locales podrían entrar en negociaciones con los proveedores para recibir incentivos que ayuden a la implementación de la red 5G en áreas sin servicio.

De acuerdo al artículo, las ciudades argumentan que podrían cobrar tarifas de mercado a los proveedores, según el valor del terreno o el valor de la propiedad privada más cercana. Sin embargo, las legislaturas estatales generalmente establecen límites mucho más bajos en las tarifas anuales que las legislaturas locales.

Finalmente, un proyecto de ley (Senate Bill 3157) propone que la regulación de esta nueva tecnología sea similar para los estados y las ciudades. Espero que esta batalla no desemboque en un costo adicional para los usuarios.