7 de abril de 2016

The Wall Street Journal

Los bonos de referencia de Puerto Rico cayeron a casi un nivel record histórico después de que la legislatura del estado libre asociado de Estados Unidos aprobara una ley que permite al gobernador Alejandro García Padilla interrumpir temporalmente el pago de su deuda pública mientras espera que Washington ayude a la isla a hacer frente a una crisis financiera.

El miércoles, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó una ley que permite a García Padilla imponer una moratoria en los pagos de la deuda para poder seguir financiando servicios esenciales. Es el intento más reciente del estado libre asociado por garantizar el dinero que necesita para pagar a la policía y los bomberos mientras espera una medida del Congreso o la Corte Suprema de EE.UU.

En virtud de las disposiciones de la ley, el gobernador podría evaluar si se debe pagar o no la deuda a partir de un análisis caso por caso. Los poderes de la moratoria se extienden hasta el 31 de enero de 2017 con una posible prórroga de dos meses. La deuda seguirá vigente y se vencería al final de la moratoria.

El miércoles, los bonos de obligación general de Puerto Rico con vencimiento en 2035 se negociaban a un promedio de 64,563 centavos de dólar, por debajo de los 68,830 centavos del viernes y cerca del precio mínimo histórico de 64 centavos de junio de 2015.

Estas son las últimas señales del agravamiento de la crisis financiera que ha provocado la fuga de inversionistas de la isla.

Puerto Rico, que debe a esos inversionistas alrededor de US$70.000 millones, ha estado lidiando con una década de estancamiento económico y un pronunciado éxodo de la población al territorio continental de EE.UU. La combinación de estos factores llevó a García Padilla a declarar que la deuda de Puerto Rico era impagable. En agosto, la isla dejó de pagar la deuda con la protección legal más débil y el gobernador ha dicho que daría prioridad a la seguridad pública sobre el pago a los acreedores.

La sanción de esta ley puede renovar la presión sobre el Congreso de EE.UU. Funcionarios de Puerto Rico han advertido sobre las consecuencias legales que seguirían a una cesación de pagos masiva.

La semana pasada, republicanos en la Cámara Representantes de EE.UU. propusieron un proyecto de ley que permitiría reestructurar la deuda puertorriqueña bajo la supervisión de una junta de control federal. Mientras tanto, la Corte Suprema está debatiendo si Puerto Rico tiene el derecho de determinar su propio proceso de quiebra municipal.

El proyecto es patrocinado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes estadounidense, que tiene jurisdicción sobre territorios federales. Debido a que Puerto Rico no es un estado, sus municipios no pueden declararse en quiebra bajo el capítulo 9 del código federal.

El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico enfrenta el vencimiento de US$400 millones en deuda el 1 de mayo. Hasta el viernes pasado, la liquidez del BGF ascendía a US$562 millones, según el proyecto de ley.

La legislación fue recibida con críticas por parte de algunos de los acreedores de Puerto Rico, que dijeron que están siendo tratados injustamente por un gobierno que no quiere comprometerse con las reformas estructurales necesarias para superar la crisis y que no ha hecho un esfuerzo sincero para negociar una reestructuración consensuada.

Stephen Spencer, director gerente del banco de inversión Houlihan Lokey y asesor financiero de varios de los principales tenedores de bonos de la isla, llamó la aprobación de la ley “un acontecimiento desafortunado”.

“Tenemos la intención de revisar cuidadosamente la legislación, pero en este momento creemos que puede dar lugar a violaciones de los términos del acuerdo” entre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y sus acreedores, dijo Spencer.

Varios analistas dijeron que una reestructuración de deuda no es suficiente para que la isla solucione sus problemas económicos. John Ceffalio, analista de deuda municipal en Alliance Bernstein, que no posee títulos de Puerto Rico, hizo un llamado por una combinación de supervisión federal y reestructuración de deuda con políticas que impulsen el crecimiento económico.

“Sin duda consideraríamos invertir en Puerto Rico en el futuro”, dijo Ceffalio. Pero antes “esperamos una recuperación económica y un cambio en la dinámica de la deuda”.