20 de abril de 2021

El Vocero

Las recomendaciones de la Junta de Control Fiscal surgen en momentos en que la industria de los bienes raíces ha ido recuperando terreno. >Suministrada

 

Los cambios recomendados por la Junta de Control Fiscal (JCF) para reducir las exenciones y exoneraciones de impuestos a la propiedad, establecer una nueva base al valor de mercado de las propiedades y la clasificación de la tasa de impuestos entre propiedades residenciales, comerciales e industriales, según conocedores del sector consultados por EL VOCERO podrían afectar el refinanciamiento y la venta de los bienes raíces en la Isla.

Pedro “Peter” Torres, presidente de la Asociación de Banca Hipotecaria (MBA), expresó que si “se aumentan los impuestos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), podría afectar la cualificación de algunos clientes, porque si aumentan los taxes, incrementa la deuda. Este cómputo se toma en cuenta para la aprobación de los llamados ‘housing expenses’ en la hipoteca, que incluyen el pago del principal, los intereses, los impuestos y seguros”.

Aunque el ejecutivo entiende que un cambio drástico podría ser desfavorable a las personas que interesan adquirir una propiedad residencial, aceptó la necesidad de un cambio que sea más justo a los recaudos del CRIM y los municipios.

“Todo lo que signifique aumento no es atractivo, pero las tasas del CRIM que cobran los municipios se establecieron hace muchos años, al igual que los cálculos para los valores de las propiedades. Sí se deben tratar de equiparar los impuestos, pero ser justos con quienes adquirieran una nueva propiedad como residencia principal, que son los que reciben exoneración o exenciones como es el caso de los veteranos”, indicó Torres.

Torres también hizo hincapié en la necesidad de realizar nuevas tasaciones para ajustar el costo y darles valor real a las propiedades, lo que sería de beneficio a las arcas de los municipios.

“Se deben pagar los impuestos justos y razonables. Hay que hacerles los ajustes correspondientes a las casas que les han hecho remodelaciones o segundas plantas. Esta también es una manera para que los municipios puedan subsistir; es una realidad”, añadió el conocedor del mercado en la Isla.

Favorables al bolsillo

Para Melissa Montero, presidenta de San Juan Board of Realtors, llevar a cabo la tasación de las residencias no necesariamente significa aumento en los impuestos del CRIM, refiriéndose a las enmiendas a la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad, aprobada en noviembre de 2019 y puesta en vigor en marzo de 2020.

La ley otorga poder a las personas que tienen una propiedad que no está tasada para fines contributivos o que tuvo mejoras, de tasar la propiedad por su cuenta y luego informarle al CRIM los resultados.

“Hay que tasar primero lo que no se haya tasado y ver lo que se ha dejado de devengar, antes de cambiar los impuestos. Yo creo que tasar no va a afectar las ventas de propiedades, será más atractivo. Yo creo que —con el cálculo de más casas tasadas— podría darse un alivio económico en general. Sobre todo en los municipios donde no se venden muchas propiedades... los menos desarrollados. El peso económico caería en más residencias, si incluyen a todo el mundo en la base de datos”, señaló Montero.

Añadió que también se debe informar al CRIM la expansión y remodelación de las propiedades.

La directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, sostuvo recientemente en una carta enviada al gobernador Pedro Pierluisi, que las reformas buscan optimizar las operaciones del CRIM y que no necesariamente resultarán en cargas tributarias generales. Por el contrario, dijo que se pueden desarrollar para reestructurar el sistema de impuestos a la propiedad, mientras se mantienen los ingresos tributarios totales.

“Las recomendaciones enviadas al gobernador tienen más que ver con la racionalización del sistema tributario que con la recaudación de ingresos. Las características y resultados del sistema mejorarían drásticamente, incluida la equidad, la justicia, la capacidad de pago de los propietarios e incentivos para mejorar y desarrollar las propiedades”, explicó Jaresko en la carta, resaltando que las recomendaciones de la Junta están alineadas con las que el Departamento del Tesoro Federal le hizo al gobierno de Puerto Rico en 2019.

Las recomendaciones de la junta surgen en momentos en que la industria de los bienes raíces ha ido recuperando terreno. Durante el pasado mes de febrero, según los datos más recientes de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), se vendieron 1,146 unidades de vivienda, lo que supone un alza de 23.2% en comparación con la misma fecha del 2020.