El Vocero

Portavoces de las grandes cadenas de tiendas alertaron ayer que la imposición de un Impuesto de Valor Añadido (IVA) podría provocar un aumento en el gasto público y en la deuda del gobierno.

Tiendas como Best Buy, Costco, Home Depot, JC Penney, Macy’s, Walgreens y Saks hicieron ayer un frente unido en la Comisión cameral de Hacienda para oponerse a esta propuesta. Presentaron un estudio comisionado por la Federación Nacional de Detallistas (NRF, por sus siglas en inglés) que arroja un complicado panorama económico ante la posibilidad de que se aumente el impuesto al consumo.

Rachelle Bernstein, vicepresidenta y asesora en asuntos contributivos de la NRF, dijo que este estudio fue comisionado a Ernst & Young en 2010 cuando en Estados Unidos se discutió la posibilidad de aumentar el impuesto al consumo.

 

“Estados Unidos estaba en una situación similar cuando el Presidente Obama dijo que estábamos en una crisis y creó una comisión para buscar alternativas al problema. El resultado de nuestro estudio fue que el impacto sería una economía en declive por tres años que no comenzará a recuperarse hasta dentro de diez años”, dijo Bernstein. “El gasto al consumo y el empleo serían más bajos y significaría la pérdida de 850 mil empleos que nunca recuperaríamos. Con el problema de desempleo que hay en Puerto Rico, este impuesto es una mala idea”.

Aunque dijo que no acudió a las vistas para ofrecer sugerencias al problema específico que tiene Puerto Rico, sí dijo que el estudio realizado arrojó como una mejor opción económica la reducción en el gasto público.

Reducir el gasto del gobierno, según el estudio presentado, “tendría un efecto mucho más favorable en la economía en términos de más empleos, mayor producto interno bruto, mejor estándar de vida y menor impacto en el consumo, tanto a corto como a largo plazo”.

Bernstein dejó saber durante las vistas que su preocupación principal es la imposición de un impuesto tan alto.

Estas empresas, agrupadas bajo un grupo denominado Coalición de Detallistas, presentaron una ponencia que fue leída en la vista de ayer por Antonio J. Ramírez, abogado del bufete McConnell Valdés. Gran parte de la ponencia fue dirigida a rechazar la propuesta de que el recibo de compra no incluya un detalle del nuevo impuesto.

 

“El hecho de no desglosar un impuesto a quien, de hecho, pagará el impuesto -es decir el consumidor-, es una práctica totalmente engañosa. De hecho, podríamos enfrentar por primera vez en Puerto Rico una situación en la que los detallistas y proveedores de servicios se expongan a penalidades severas por simplemente proveer información más precisa en cuanto a los precios”, dijo Ramírez.

Argumentó además que el proyecto, como fue presentado por el gobernador Alejandro García Padilla, provocará pérdidas en las ventas en su primera fase de aumentar el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a un 16% a manera de transición.

“En estos momentos el impuesto sobre ventas más alto en Estados Unidos es de un 9.75%. Con el aumento a un 16%, Puerto Rico tendría una tasa 64% mayor que la tasa de impuesto sobre venta más alta de Estados Unidos”, dijo.

Tatito no descarta un sustitutivo

Las vistas de la Comisión cameral de Hacienda y Senado han continuado con sus largas listas de deponentes que llegan para opinar sobre el proyecto radicado por el gobernador. Esto, a pesar de que el proyecto radicado no será el aprobado. El presidente de la comisión cameral, Rafael Hernández Montañez defendió que se continúe el proceso sin que se sepa finalmente qué proyecto de reforma contributiva aprobarán.

 

“Ese es el proceso legislativo. No le puedo pedir a un deponente que me critique algo que no existe. Tengo que citarlo basado en lo que está redactado”, dijo Hernández Montañez.

Cabe recordar que el presidente cameral, Jaime Perelló, estuvo semanas alrededor de la Isla llevando a cabo vistas públicas sobre un proyecto de reforma contributiva que no había sido redactado. Ahora, según dijo Hernández Montañez, en los próximos días presentará su propuesta de reforma contributiva, la cual no ha estado sujeta a evaluación en el proceso de vistas públicas.

Hernández Montañez aseguró que el proyecto de la Cámara incluirá una reforma al Departamento de Hacienda y un impuesto que no necesariamente será un IVA.

No pudo precisar ayer cuánto tiempo más tomará la discusión de un proyecto que se supone comience a implementarse entre abril y mayo de este año.

“No tenemos ningún tipo de prisa. Vamos a redactar un proyecto bien hecho. No estamos encajados en el IVA. El IVA hace rato que salió del juego. Va a ser un impuesto consumo. Le puedes poner el nombre que sea, pero habrá balance para que no se afecte la actividad económica”, dijo Hernández Montañez.

Cuando se le preguntó si lo que se llevará a votación será un proyecto sustitutivo, dijo que eso no se ha descartado.

“Eso depende de cómo se trabaje en la oficina. Nosotros a veces nos conviene más montar uno nuevo. En sustancia es una cuestión de decidir cómo montarlo para no tener problemas. Al final es lo mismo. Lo importante es que el producto final sea implementable”, dijo el representante.