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  Por el libro

13 de julio de 2016

GFR Media

En medio del revuelo que ha causado la posibilidad de la aspersión aérea sobre ciertas áreas del País para tratar de controlar la curva ascendente de contagios de zika, vuelve a asomar la pugna que parece no tener fin con el recogido, transporte y disposición de los neumáticos desechados.

El dilema parte del financiamiento de este proceso, uno que las compañías recolectoras de gomas insisten que no es suficiente mientras el Gobierno asegura que es el adecuado.

Se trata de la tarifa de 5.3 centavos que se les paga a estas empresas por llanta recogida, dinero que en ocasiones ha sido aumentado a 7.5 centavos cuando se activa una tarifa de emergencia a petición de las compañías.

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En medio de esta eterna batalla se encuentran los neumáticos, uno de los lugares predilectos para el desarrollo de criaderos de mosquitos, como el Aedes aegypti , vector de los virus del dengue, el chikungunya y el zika. Esta última enfermedad es la que más preocupa ante las repercusiones que se le han asociado al nacimiento de niños con microcefalia y otras condiciones de salud.

En la mañana de ayer las tres compañías que están ayudando al Gobierno en la disposición de gomas recopiladas  en los Centros de Acopio Temporero (CAT) de neumáticos desechados le pidieron al Gobierno que vuelva a activar la tarifa de emergencia de 7.5 centavos por llanta.

Estas compañías  son Multi Recycling & Manufacturing Corp., Prospero Tire y JDJ Recycling Guayama, Corp.

 “No hemos logrado exportar un contenedor desde el pasado 24 de junio, cuando la tarifa especial venció, ya que esta diferencia de dos centavos por libra era suficiente para incentivar a los compradores cubriendo parte de los costos de transportación marítima”, le escribió Edgardo Velázquez, director de gerencia de Multi-Recycling, a Weldin Ortiz, presidente de la Junta de Calidad Ambiental (JCA).

En entrevista con El Nuevo Día, Velázquez informó que durante el 2016 se han sacado unos  450 contenedores del País, con unas 3,700 gomas por contenedor.

 “Hemos continuado el recogido (de gomas desechadas), pero no la exportación desde el 24 de junio. Ya tenemos más de 50 contenedores compactados (aguantados). Esperamos que la Junta (de Calidad Ambiental) renueve la tarifa especial (de 7.5 centavos)”, dijo Velázquez.

 Según comentó, solo el transporte de cada contenedor les cuesta unos $2,100.

En noviembre del año pasado la JCA activó una declaración de emergencia para tratar de detener el aumento excesivo del almacenamiento de neumáticos en gomeras, calles y vertederos clandestinos.

Desde entonces, se han abierto cinco CAT en Toa Baja, Cabo Rojo, Ceiba, Humacao y Mayagüez.

La declaración de emergencia exime a los municipios del permiso de exportación de neumáticos, autorizándolos a transportarlos hasta los centros de manejo y procesamiento de gomas usadas.

Según cifras de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), en Puerto Rico se desechan alrededor de 18,000 neumáticos diarios, lo que equivale a 4.7 millones de neumáticos al año.

Según informó ayer Ortiz, hasta el lunes se habían recogido 1,578,023 de gomas en los cinco CAT.

El funcionario comentó que fue ayer mismo que se enteró de que las tres compañías antes mencionadas habían suspendido la exportación desde finales del mes de junio.

“Hay que justificar los cambios en las tarifas, aunque sean temporeras. Ellos (las compañías recolectoras de gomas desechadas) la tienen que solicitar”, sostuvo.

Agregó que ayer mismo, tras recibir la petición para aumentar la tarifa, decidió volver a activar  la tarifa de emergencia a 7.5 centavos.

“No me preocupa porque no hay ninguna razón (ahora) de que tengan que detener la exportación”, dijo.

El funcionario, asimismo, le hizo un llamado a la ciudadanía a reportar vertederos clandestinos, así como gomeras con exceso de gomas acumuladas a la intemperie, para que el gobierno pueda tomar acción y evitar el desarrollo allí de criaderos de mosquitos.

Por su parte, Velázquez informó que las compañías volverán a exportar los neumáticos cuando se firme la resolución que autoriza la reactivación de la tarifa de emergencia.

A finales del año pasado se estimó que en Puerto Rico había más de medio millón de neumáticos usados almacenados a la intemperie, lo que anticipaba un problema de salud pública.


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