1 de marzo de 2018
El Nuevo Dia
El sistema de fotomultas se puso en vigor en el 2014, pero fue retirado.
El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) favorecieron hoy un proyecto de ley del senador Abel Nazario que busca revivir el concepto de fotomultas, aunque haciendo la advertencia que no tienen los recursos para operar el sistema.
No obstante, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó esta tarde que el proyecto no tiene futuro en el cuerpo legislativo.
El senador hizo las expresiones en un programa radial de Noti Uno, donde enfatizó que la prioridad del gobierno debe ser poner a funcionar los semáforos.
De igual forma, el secretario de la gobernación, William Villafañe, indicó en su cuenta de Twitter que el gobernador Ricardo Rosselló no avala este mecanismo.
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La medida de Nazario busca que el nuevo sistema de fotomultas se viabilice mediante una Alianza Público Privada, según reza el texto del P de la S 452.
En la medida se hace alusión al fracaso en el 2014 del sistema Simone (Sistema de Monitoreo Electrónico de Intersecciones y Tránsito). El sistema fue instalado en intersecciones con un flujo vehicular diario de más de 5,000 conductores. Señala la medida que la debilidad del sistema lo fue el proceso de revisión de multas por la vía administrativa.
El gobierno pasado gastó $6 millones en instalar el sistema y hoy el senador Miguel Laureano, presidente de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo en Infraestructura, dijo que no descarta investigar cómo se utilizó ese dinero.
En su proyecto, Nazario parte de la premisa de que estos sistemas de control del tránsito reducen la cantidad de accidentes. El proyecto ordena al secretario del DTOP redactar un reglamento para regular e inspeccionar la calibración y el mantenimiento del equipo, que serían ubicado en intersecciones de “alto riesgo”, según dice el proyecto. El sistema podrá toma fotografías y vídeos, pero sólo captando la tablilla y el vehículo.
La medida, de ser aprobada y convertirse en ley, ordenaría al operador a notificar al ciudadano que haya cometido la infracción en un periodo de 24 horas mediante un mensaje de texto o una llamada automatizada. La multa para aplicar será la dispuesta por la Ley de Tránsito, pero los fondos recaudados por las multas serán repartidos de la siguiente manera: 25% para el Sistema de Retiro de Policías, 5% al Centro Molecular de Puerto Rico, 5% para la infraestructura y compra de equipo en el Centro Médico, 25% para el pago de la deuda de Puerto Rico y 25% a repartirse entre los municipios donde esté instalado el equipo.
Al expresarse sobre la medida, el DTOP sugirió como enmiendas que el término para notificar las infracciones sea de 72 horas y que sea por correo regular, pero sostuvo que los fondos recaudados deben ser destinados a una cuenta a favor de la Autoridad de Carreteras y Transportación y otra parte a los municipios.
El DSP recomendó que se le permita al ciudadano impugnar las multas mediante la vía judicial. De hecho, la medida dispone que el proceso de apelación será por la vía administrativa y que “la parte que impugne la multa tendrá el peso de la prueba para demostrar que la violación imputada no se cometió”.