Primera Hora
 |
Tras señalar supuestas irregularidades en el sistema de fotomultas, un grupo de ciudadanos reclamó este domingo la intervención del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que certifique si el equipo de control de tránsito está calibrado y opera con precisión.
El grupo encabezado por el licenciado Hiram Torres solicitó al secretario del DACO, Nery Adames, y al gobernador Alejandro García Padilla que hagan cumplir la Ley de Pesas y Medidas (Ley 145-1968), y asignen inspectores de esa agencia para que confirmen si el Sistema de Monitoreo Electrónico (Simone) está funcionando efectivamente.
De identificarse alguna irregularidad, Torres exigió que se declare la nulidad de todas las multas impuestas desde que se implantó el sistema en octubre hasta hoy.
“El llamado que hacemos al secretario del DACO y al gobernador, como exsecretario del DACO, es que revisen la Ley de Pesas y Medidas de Puerto Rico, y si encuentran que este equipo no está calibrado, declaren esos boletos como nulos e ilegales”, manifestó el abogado durante una conferencia de prensa en las escalinatas del Capitolio en la que estuvo acompañado por una decena de personas que rechazan la nueva tecnología utilizada por la Autoridad de Carreteras y Transportación.
El secretario del DACO ordenó realizar un análisis legal para determinar si esa dependencia pública tiene jurisdicción o no para fiscalizar el equipo, y espera tener las conclusiones de estudio esta semana o la próxima.
Piden que DACO revise cámara de foto multas
“El llamado que hacemos al secretario del DACO y al gobernador, como exsecretario del DACO, es que revisen la Ley de Pesas y Medidas de Puerto Rico, y si encuentran que este equipo no está calibrado, declaren esos boletos como nulos e ilegales”, manifestó el abogado durante una conferencia de prensa en las escalinatas del Capitolio en la que estuvo acompañado por una decena de personas que rechazan la nueva tecnología utilizada por la Autoridad de Carreteras y Transportación.
El secretario del DACO ordenó realizar un análisis legal para determinar si esa dependencia pública tiene jurisdicción o no para fiscalizar el equipo, y espera tener las conclusiones de estudio esta semana o la próxima.
Precisó que, como parte de ese ejercicio, se evaluará la referida ley y las leyes orgánicas del DACO y del Departamento de Transportación y Obras Públicas.
“Es un asunto de derecho, y esa opinión me debe inclinar hacia un lado o hacia el otro”, dijo Adames Soto en entrevista con este medio.
Explicó que el DACO no tiene jurisdicción para intervenir con todos los equipos que utilizan las agencias públicas, pues hay factores determinados por sus respectivas leyes orgánicas. Mencionó que sí han evaluado maquinaria que utiliza el Instituto de Ciencias Forenses; en cambio, no tienen facultad para fiscalizar los semáforos.
Torres, por su parte, detalló que existen ciudadanos que han reportado errores de cálculo en el monto de las multas, pues presuntamente les han impuesto sanciones de mayor cuantía a la que le correspondía a base de la velocidad a la que transitaban, y otros que han recibido multas relacionadas con el marbete, aun cuando el registro del auto estaba al día.
Mencionó, además, el caso de una persona que fue sancionada por violentar el horario de la zona escolar en la carretera PR-177, donde se ubica uno de los equipos de fotomultas, a pesar de que se trataba de un día feriado.
“Se supone que el propósito de esta ley sea hacer de las carreteras unas más seguras, ya que, según ellos, los lugares que escogieron para ubicar las cámaras son intersecciones de alto riesgo. Ahora bien, desconocemos realmente cómo llegaron a esa conclusión de que son intersecciones de alto riesgo”, argumentó.
Torres presentó un recurso de interdicto el pasado 2 de enero en representación de 10 ciudadanos con la intención de que el tribunal paralice de inmediato la operación del sistema de control de tránsito. Todavía no se ha señalado una vista para ventilar el caso.
El abogado indicó que las personas que interesen sumarse al pleito pueden presentar sus quejas a la dirección de correo electrónico dilenoalasfotomultas@gmail.com, que el grupo creó, o en la página Dile No a las Fotomultas en Puerto Rico en la red social Facebook.
Ángel Luis González, residente en la urbanización La Riviera, en San Juan, es uno de los demandantes en el caso, y este domingo dijo que, aunque cuestiona la efectividad del equipo instalado en varias vías del área metropolitana, su principal objeción es que se hayan seleccionado avenidas de mucho tráfico, y se obligue a los conductores a reducir la velocidad a 15 millas por hora en los tramos donde existan escuelas.
González fue multado recientemente por $100 por transitar cerca del sistema de monitoreo a una velocidad mayor a la permitida cerca de la escuela Gabriela Mistral, en la avenida Piñero, y advirtió que no pagará la pena impuesta hasta conocer si prospera el recurso legal presentado en contra del nuevo mecanismo.
“Lo que no entiendo es por qué en una zona que es una avenida, para la que pago un marbete para transitar libremente a la velocidad que establece una avenida y un expreso, tengo yo, por capricho de una compañía que me está entrampando, bajar a 15 millas”, planteó el ciudadano.
González dijo no tener reparos en que se utilice ese tipo de tecnología para vigilar que no se rebasen los semáforos con luz roja, pero opinó que en el caso de escuelas como la Gabriela Mistral o el plantel localizado en la PR-177, lo ideal para salvaguardar la seguridad de los estudiantes era establecer una entrada alterna a la institución que no sea por la avenida principal que tienen al frente.
“La medicina ha sido peor que la enfermedad”, señaló González en referencia a los problemas de seguridad que, según dijo, ha provocado el que los conductores reduzcan la velocidad abruptamente en la avenida para cumplir con las normas aplicables en la zona escolar.