MEXICO (AP) — El gobierno mexicano debe pronunciarse e investigar si aplican las convenciones de cooperación internacional contra el soborno en un caso de presuntos actos de corrupción por parte de la cadena Wal-Mart, aunque hayan sido con funcionarios locales, dijo el domingo el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.

De acuerdo con un informe publicado el sábado por el diario estadounidense New York Times, Wal-Mart ocultó una campaña de sobornos realizada por los directivos de su subsidiaria en México para instalar negocios en todo el país.

Según el matutino, Wal-Mart no advirtió a las autoridades cuando sus propios investigadores descubrieron pruebas de que se habían pagado sobornos por valor de 24 millones de dólares, principalmente a funcionarios estatales y municipales que les otorgaban los permisos de construcción. Para esto la empresa contrataba gestores encargados de realizar los trámites.

En entrevista telefónica con The Associated Press, Bohórquez afirmó que la Secretaría de la Función Pública debe pronunciarse sobre si activa o no los mecanismos de la Convención contra el Soborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para ver si hay un delito que perseguir, independientemente de lo que establezcan las legislaciones locales.

"Las leyes en México y Estados Unidos en materia de soborno están homologadas, por lo que las prácticas (de las empresas) deben ser las mismas en ambos países", afirmó.

Bohórquez explicó que la Convención de la OCDE contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales, firmada por México, castiga el soborno de empresas multinacionales.

Agregó que la responsabilidad social de una empresa no acaba cuando no es la que paga directamente los sobornos, sino gestores contratados.

El vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Manjarrez, dijo a The Associated Press que la dependencia no tiene ninguna investigación y que no existe denuncia alguna.

La Procuraduría de Justicia del Estado de México, donde Walmart tiene 34 tiendas, tampoco realiza ninguna investigación porque el soborno no se persigue de oficio, dijo el vocero Félix Martínez Sanabria.

El mes pasado, autoridades mexicanas anunciaron que investigaban denuncias que indican que una compañía de aviación pagó sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de mantenimiento de aviones del gobierno.

La PGR dijo que la investigación involucra a seis funcionarios de dos dependencias federales y otras dos estatales que habrían recibido dinero de la empresa BizJet International Sales and Support Inc. a cambio de dos contratos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que BizJet había acordado pagar una multa de 11,8 millones de dólares por un caso de corrupción en el que sus empleados sobornaron a funcionarios en México y Panamá, a cambio de contratos.

El llamado Índice de Pagadores de Sobornos de 2011 —que mide el soborno internacional pagado por empresas privadas y publicado por Transparencia Internacional— pone a Estados Unidos en lugar número 10 en una lista de 28 países.

El Frente Cívico por la Defensa del Valle de Teotihuacan se pronunció en 2004 contra la construcción de una tienda de Walmart en esa zona arqueológica y denunció entonces que el proceso para poder construir el supermercado estuvo amañado, dijo a la AP la líder del grupo Emma Ortega Moreno .

"Los permisos del Ayuntamiento fueron con maña, lo demostramos entonces. Walmart empezó a construir sin permisos. Los permisos (de la ciudad y del Instituto Nacional de Antropología e Historia) llegaron después. Cuando hay billetes usted sabe que se hacen maravillas. Dice uno que no existen los magos, pero en ese sentido sí existen", expresó.

Ortega Moreno comentó que la tienda incumplía con la regulación de impacto ambiental y con las normas de construcción en zonas arqueológicas. "Si yo quiero construir en mi casa tengo que ir al INAH primero y obtener un permiso. Nuestras viviendas no pueden pasar cierta altura por contaminación visual y esa tienda es muy alta", dijo.

Juan Manuel Torres Landa, abogado contratado por Wal-Mart para realizar la investigación, declinó hacer comentarios para esta nota.