El Nuevo Herald

El programa de seguro para niños necesitados de la Florida está tan mal administrado y tan falto de fondos que niños y jóvenes de familias empobrecidas a veces tienen que arreglárselas sin servicios médicos y dentales necesarios, o esperar semanas o meses para recibirlos, dijeron el viernes abogados que representan a más de 1.7 millones de niños a un juez federal en los últimos momentos de una demanda contra el programa de Medicaid del estado que ha durado años.

En las horas finales de una demanda contra varias agencias estatales que administran el programa de Medicaid de la Florida que ha durado ya siete años, el abogado Stuart Singer dijo que los legisladores estatales no pueden privar de fondos durante años el programa de seguro y luego alegar que no tienen suficiente dinero para pagar los servicios médicos de niños empobrecidos. Bajo las leyes federales, la Florida no puede aceptar cientos de millones de dólares en fondos de Medicaid e ignorar los requisitos de cómo gastar esos fondos, añadió Singer.

“Medicaid no es simplemente una alcancía que el estado puede usar a su antojo”, dijo Singer en su alegato final ante el juez de circuito federal Adalberto Jordan, quien era juez de distrito cuando le asignaron el caso por primera vez.

“Al fin y al cabo, no es suficiente para el estado decir simplemente: ‘eso cuesta demasiado’”, agregó.

En el 2005, la Sociedad Pediátrica de la Florida, la Sección de la Florida de la Academia Americana de Pediatría, la Academia de Odontología Pediátrica de la Florida y los padres o guardianes de alrededor de nueve niños demandaron al estado, acusando a tres agencias estatales de administrar el Medicaid tan mal y con tal avaricia que los niños criados en la pobreza reciben servicios médicos inferiores a los niños con seguros privados. El acusador alega que el Medicaid de la Florida paga tan poco a los médicos –y, como consecuencia, está tan escaso de médicos—que viola leyes federales.

Funcionarios de Medicaid admitieron en documentos internos ya en el 2008 que, por ejemplo, niños en ciertas áreas del estado enfrentan una escasez “crítica” de especialistas pediátricos tales como neurólogos, neurocirujanos, ortopédicos y dermatólogos, y que los médicos han admitido que no participarán en el programa mientras las tasas de pago sean tan bajas. Un sondeo de pediatras familiares dijo que más del 60 por ciento no estaban aceptando nuevos pacientes de Medicaid.

Como consecuencia, dijeron los acusadores, un niño de tres años que padece de síndrome de Kawasaki — una enfermedad autoinmune que es la principal causante de las enfermedades del corazón en los niños — tuvo que ser admitido a una sala de emergencia del área porque el cardiólogo que acordó tratar al niño luego rehusó al enterarse de que el pequeño tenía Medicaid. Un niño con asma, alergias graves y problemas de inmunodeficiencia tuvo que viajar a otra área del estado para encontrar un especialista.

Jordan, quien ejerce de juez en la demanda por lo civil, dijo que probablemente dictará sentencia en el caso para fines de agosto.

Una abogada de la oficina del procurador estatal, Stephanie Daniel, alegó que los niños y sus pediatras no habían probado de ningún modo que las demoras en el acceso a los servicios médicos fueran significativas o generalizadas en todo el estado, o que esas demoras fueran más prolongadas que las que experimentan por lo general los niños con seguros privados. Daniel argumentó además que los administradores de salud pública del estado no eran “deliberadamente” indiferentes a la difícil situación de esos niños, un umbral legal que el juez sugirió que los abogados de los niños no tenían que cumplir.

Daniel pasó gran parte de los 90 minutos que se le concedieron argumentando que, para que los niños ganaran, tendrían que probar que, si los servicios de salud bajo Medicaid eran inadecuados, eso era resultado de “costumbre, política o práctica” de los legisladores o los administradores del programa. Jordan dijo repetidas veces que el argumento era erróneo desde el primer momento, ya que el estado diseñaba, financiaba y administraba el programa de Medicare como se le antojaba. La discusión entre ambos tuvo momentos tensos, y Jordan dijo dos veces que el alegato de ella lo había dejado “confundido”.

“Esto no tiene pies ni cabeza”, dijo.

Daniel argumentó, por ejemplo, que la Agencia de Administración de Servicios de Salud Pública y el Departamento de Niños y Familias dependía de “una red de colaboradores de la comunidad” para informar a las familias necesitadas que sus hijos podían recibir servicios de salud subsidiados por Medicaid. Según las leyes federales, los estados que aceptan recibir fondos de Medicaid tienen que llevar a cabo estas actividades de “divulgación”. Pero, en el plan de gastos del estado, el programa de divulgación del Medicare fue eliminado.

Al ser cuestionada por Jordan, Daniel insistió en que no era una política estatal no dar publicidad al programa de servicios de salud.

“Si ustedes eliminan el financiamiento de casi todo, o todo, el programa de divulgación, eso no puede ser otra cosa que una decisión del estado”, dijo el juez. “Nadie sino ellos eliminó ese elemento. ¿No es eso una política?”, preguntó. “Eso es una decisión estatal. No puede ser otra cosa. Nadie sino el estado decide cómo gastar ese dinero”.

“La divulgación continúa”, respondió Daniel.