29 de septiembre de 2020

Diario Las Americas

MIAMI- Desde que comenzó la pandemia en EEUU a mediados de marzo, muchos creyeron que se trataba de un virus –altamente contagioso- pero dominable, en especial en Norteamérica con sobrados recursos financieros, económicos y en tecnología de salud para combatir una pandemia, a pesar de que las noticias que llegaban desde China y Europa eran sumamente alarmantes.

Seis meses después, todas las teorías optimistas se desvanecieron en medio de una pandemia que aún no se ha podido eliminar y que ha causado daños sustanciales sanitarios y económicos.

 

Desde abril, las cortes de Florida se encuentran bajo una lluvia de solicitudes de ejecuciones hipotecarias, desalojos y bancarrotas, todas detenidas por una orden ejecutiva del Presidente Donald Trump y respaldada por el gobernador Ron DeSantis que la ha mantenido vigente durante prórrogas mensuales hasta el 1ro de octubre.

Hasta junio, se encontraban registradas en las cortes casi 203.000 solicitudes de desalojo tanto en la parte residencial como comercial, cuyas proyecciones futuras rondan un incremento del 59%.

Según un informe oficial de la Corte se presentaron en junio casi 18.000 casos por encima de la cifra promedio en tiempos normales.

En Miami-Dade, en solo dos meses como referencia marzo y julio se contabilizaron casi 4.000 peticiones de desalojo, detenidas también por la orden estatal.

A finales de abril, durante una entrevista a DIARIO LAS AMÉRICAS el abogado Pelayo Durán alertaba sobre la cantidad de peticiones de bancarrotas que causaría la recesión económica por la pandemia del coronavirus, y ofreció cifras alarmantes sobre la gran recesión (2007-2009).

En el 2007 en Florida, se presentaron 500,000 bancarrotas y en el 2010 la cifra fue más del doble: 1,139.000. Se espera que a finales de este año y principios del 2021, esos números serán mucho más altos.

Si bien la moratoria de DeSantis ha ayudado a millones de familias en Florida a pasar la tormenta de la pandemia bajo un techo, otros millones de dueños de propiedades residenciales y comerciales se preguntan cómo pagarán la deuda que tienen con los bancos y los impuestos, sobre todo en inmuebles de nueva construcción.

A pesar de las ayudas federales y de las entidades financieras privadas que le extendieron los plazos de pago a muchos de los inversionistas y dueños, la situación se tornará caótica cuando el efecto de la recesión económica llegue a su punto álgido.

No pocos analistas consideran que las prohibiciones de desalojos y ejecuciones hipotecarias cumplieron un rol fundamental en plena crisis sanitaria, pero cerraron una olla a fuego lento que en algún momento deberá liberar toda la presión acumulada. Habrá que ver entonces, cuáles fórmulas y medidas de emergencia emprende el gobierno estatal para evitar el caos pronosticado, al que se sumará la espeluznante cifra de bancarrotas.