20 de noviembre de 2017

FEMA sigue teniendo prioridad en embarques

El vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, indicó ante la Junta de Control Fiscal (JCF) que a casi dos meses del paso del huracán María todavía hay dificultades para traer mercancía a la Isla.

“Nuestra recuperación de esta emergencia se ha atrasado en muchas maneras por la falta de capacidad disponibles en las embarcaciones y equipo, causando que la mercancía encaminada a la Isla se quede en los puertos de Estados Unidos o en las facilidades del suplidor”, declaró Reyes en su ponencia ante la Junta en una sesión de diálogo que sostuvieron en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Aunque la administración de gobierno se siente confiada en la normalización de los supermercados, lo cierto es que aun a 57 días del azote del huracán María varios productos no han llegado a las góndolas de los supermercados. Lo mismo ocurre con mercancía no comestible y paquetes ordenados directamente por comerciantes para levantarlo en los muelles.

“Reconocemos y apreciamos que los transportistas de la Ley Jones han aumentado capacidad y equipo, pero ha tomado tiempo preciado y ha requerido presión significativa del gobierno y los puertos. Más aun, estamos por confirmar si aumentar la capacidad es suficiente”, agregó el ejecutivo de MIDA.

Anteriormente, Reyes indicó a NotiCel que la falta de espacio en las embarcaciones se debe en gran medida a la ayuda y los suministros que solicitan las agencias federales destacadas en Puerto Rico para atender la emergencia – principalmente la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) y el ejército. Estos tienen prioridad en los muelles y en las embarcaciones, dejando menos espacio para transportar mercancía privada y afectando el comercio local en la medida que no les llega producto.

Reyes afirmó que esta semana se estaría reuniendo de nuevo con los navieros para remendar el panorama en los muelles y aumentar la capacidad para transportar mercancía a la Isla.

La Ley Jones también entra en este dilema en la medida que la Isla dependa de un pequeño número de compañías navieras autorizadas a operar en Puerto Rico de conformidad con ese antiguo estatuto. La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, reconoció este problema y afirmó que deberían mantenerlo en enfoque en adelante.

Pide terminar impuesto innecesario en los muelles

Otra recomendación que Reyes impulsó ante la JCF fue en relación al impuesto de inspección que aplica a contenedores que llegan a los muelles. Este declaró que el programa de inspección de contenedores de la Autoridad de Puertos ha sido un fracaso desde su implantación en el 2011 y nunca fue apropiadamente justificado.

“Al momento de ser anunciado, la justificación estuvo relacionada a la criminalidad y la evasión contributiva, aunque no hubo evidencia o estadísticas o un porciento para comprobar que los contendores fueron la causa de esto o que el escaneo fuese una solución apropiada. El resultado ha sido el gasto de 100 millones de dólares en seis años por un programa de seguridad que todavía ha de descubrir algo”, declaró Reyes.

El polémico programa en cuestión es administrado mediante un contrato entre la Autoridad de Puertos y la empresa de seguridad, Rapiscan Systems. La necesidad de sus servicios ha sido cuestionada y su autoridad para inspeccionar retada en el foro federal, inspirando una demanda de clase federal que fue radicada en abril de este año.

Haciendo eco a los planteamientos legales hechos contra Rapiscan, Reyes insistió que el programa no es necesario pues el componente federal de aduanas ya provee seguridad e inspección en los muelles sin costo adicional al gobierno o las empresas importadoras.

“Esto es una verdadera fruta de la rama más baja que podría ahorrar millones a la economía sin afectar los empleados del gobierno o los negocios locales porque el monto de este peaje es pagado a un contratista privado, proveyendo el servicio”, manifestó Reyes en referencia a Rapiscan.