20 de noviembre de 2017

El Vocero

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no ha dejado de recibir peticiones para revisión y aumento de salarios, y ha concedido algunas, a pesar de las directrices del gobernador Ricardo Rosselló para conformar un gobierno con gastos reducidos y la mayor austeridad posible.

Contrario a esa política pública, EL VOCERO supo que más de una agencia ha hecho peticiones y en el caso de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), no sólo solicitó y le fueron concedidos varios aumentos a empleados de confianza, que fueron autorizados por OGP en mayo pasado, sino que volvió a recomendar más alzas cinco meses después, en medio de la emergencia por los estragos del huracán María sobre la Isla.

Según documentos revisados por EL VOCERO, las nuevas peticiones hechas hacia finales de octubre habrían causado alarma luego que este medio publicará el pasado 2 de noviembre sobre los primeros aumentos a empleados de la Aafaf, a solo meses de haber sido contratados.

Anteriormente, cada corporación pública se encargaba de manejar internamente sus salarios, pero con el cambio de gobierno se le dio poder a la OGP para pasar juicio y aprobación final de las solicitudes.

EL VOCERO ha solicitado infructuosamente información relacionada a este asunto, tanto a la Aafaf, OGP y a La Fortaleza, sin obtener respuesta alguna. Las solicitudes de revisiones salariales surgen en medio de los anuncios oficiales sobre falta de liquidez, e incluso la posibilidad de que el gobierno se quede sin dinero. De hecho, el gobierno precisó de financiamiento federal para poder cubrir su gasto operacional a corto plazo.

Choque con austeridad

A esto se añade que la grave situación fiscal que heredó el gobernador Rosselló, le requirió en enero de este año aprobar la Ley 3 que, entre otras cosas, estableció no conceder aumentos salariales ni compensaciones a los empleados de la rama ejecutiva y mantuvo igual los convenios colectivos que habían expirado, sin incluir cláusulas económicas, lo cual impide mejoras salariales a los empleados públicos debido a la crisis financiera.

El 3 de noviembre EL VOCERO solicitó a la Aafaf el desglose de nómina de la corporación a febrero y a julio de 2017, con nombres de empleados y monto de los salarios, luego que en una entrevista previa su director ejecutivo, Gerardo Portela, aceptó que hubo revisión salarial. Alegó entonces que se trató de empleados de confianza con más de un sombrero en sus respectivas funciones y con un solo salario.

En el caso de OGP, desde hace varias semanas se ha pedido entrevista con su director José Marrero y el pasado 14 de noviembre se solicitó en específico confirmar si la agencia autorizó los aumentos salariales decretados en la Aafaf a su personal a mayo pasado. Además, se pidió si hay o no solicitudes de aumentos, sea para la Aafaf u otra entidad pública.

Tanto a OGP como a La Fortaleza se les requirió información que especificara la política pública presente en cuanto a la revisión de salarios y aumentos.

Alzas por encima de $15,000

Los primeros aumentos que OGP le aprobó a la Aafaf representaron alzas anuales de entre $15,000 y $25,000 para varios empleados de confianza. Mientras, las nuevas alzas también están por encima de los $15,000 anuales por empleado. Como informó anteriormente este medio, los salarios de más de una treintena de empleados en la Aafaf están en promedio sobre los $90,000 y $200,000; salvo dos o tres que fluctúan entre los $50,000 y $85,000.

Fuentes relacionadas al gobierno central señalaron que las solicitudes de aumento, las revisiones salariales, o gestiones para manejar “diferencial” en salario, han continuado y han ocasionado incomodidad entre agencias que han seguido la directriz del gobernador.

“Esto ha levantado muchas espinas. Hay que ver si prevalecen las solicitudes o las retiran. Este no es un momento para mejorar sueldo a nadie, no en la administración, no”, indicó una de las fuentes consultadas. Y añadió que “no, no es que sea ilegítimo, no es el tiempo”.

La dificultad económica del gobierno, que ha requerido el proceso de quiebra bajo la ley Promesa, aprobada por el Congreso estadounidense, ha conllevado ahorros significativos, y aun los gastos de servicios esenciales como la seguridad, han sido restringidos. Precisamente, la última semana sobresalió el reclamo de policías que alegan no se les han pagado las horas extras por su desempeño.

Los recortes del gobernador

El gobernador Rosselló ha defendido reiteradamente que ha reducido en 20% los empleados de confianza y los contratos de servicios profesionales, como parte de sus medidas para aminorar el gasto público, algo que exige y vigila de cerca la Junta Federal de Control Fiscal, por orden del Congreso.

“El señor gobernador ha sido claro. Aquí podríamos tener más cambios. Estamos en emergencia, estamos con baja liquidez, el País está mirando”, afirmó una de las fuentes.