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Ocho residentes del condado de Miami-Dade y tres de Nicaragua han sido acusados por su supuesta participación en una maniobra de fraude a Medicare y Medicaid y de fraude electrónico por un monto de $25.2 millones.

Hicieron el anuncio Wifredo A. Ferrer, fiscal de Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida, Pam Bondi, procuradora general de Florida, Derrick L. Jackson, agente especial a cargo, Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS-OIG), George L. Piro, agente especial a cargo, Oficina de Miami del Buró Federal de Investigaciones (FBI), y Wendy A. Bashnan, agente especial a cargo, Servicio de seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de EE. U.U.

El 30 de octubre de 2014, un gran jurado federal de Miami emitió una acusación formal por 36 cargos contra Pedro Hernández, alias “Peter Hernández”, (51) de Miramar, Freddy Zeron (52) de Miami y Nicaragua, Erendira V. Delgado, alias “Eren Delgado” (31) de Miami, Edgardo Rodríguez (47) de Homestead y Nicaragua, Rodney Montoya (36) de Miami, Santiago Bernabe Montoya (72) de Miami, José Eloy Sánchez, alias “José Eloy Sánchez Arguello” (70) de Coral Gables y Nicaragua, Abram J. Rodríguez, alias “Abe Rodríguez”, (31) de Miami, Mirna L. Blanco (49) de Hialeah, Deborah Smith (53) de Hialeah, y Augustin Abaga (48) de Sunny Isles, por su supuesta participación en una maniobra para defraudar a Medicare y Medicaid a través de la presentación de solicitudes de inscripción falsas y fraudulentas donde declaran ser beneficiarios residentes de Florida cuando, de hecho, vivían en Nicaragua y la República Dominicana. Ocho individuos están arrestados mientras que Freddy Zeron, Edgardo Rodríguez y José Eloy Sánchez están prófugos.

Además de la acusación formal, entablamos una acción civil paralela para congelar los activos de varios demandados por aproximadamente $10 millones de ganacias fraudulentas.
Los demandados están acusados de asociación ilícita para cometer fraude en atención médica y fraude electrónico, cargos fundamentales de fraude en atención médica, asociación ilícita para defraudar a los Estados Unidos y hacer declaraciones falsas sobre asuntos de atención médica, y cargos fundamentales de hacer declaraciones falsas en relación con asuntos de atención médica.

Como se sostiene en la acusación formal:

FHCP tenía autorización de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para ofrecer los servicios de los planes HMO Medicare Advantage a los beneficiarios de Medicare que residían en el condado de Miami, entre otros condados de Florida. Todos los acusados reclutaban personas que vivían en Nicaragua y la República Dominicana para inscribirlas en los planes Medicare Advantage, para lo cual falsificaban las solicitudes de manera de informar que residían en Florida. En estas solicitudes de inscripción, los acusados usaban direcciones que no eran de residencias reales, direcciones que pertenecían a amigos y familiares de estos residentes extranjeros y direcciones asociadas a los acusados para declarar que residían en Florida. Los acusados inducían a habitantes de Nicaragua y la República Dominicana a inscribirse en los planes Medicare Advantage, incluidos los planes FHCP, haciendo declaraciones falsas y fraudulentas, incluso le informaban que los beneficios de Medicare estaban disponibles en Nicaragua y la República Dominicana. Como resultado de la entrega de estas solicitudes de inscripción fraudulentas hecha por los acusados, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid debieron hacer pagos mensuales por capitación a FHCP y a otros planes de Medicare Advantage. Los acusados también hicieron que el programa Medicaid de Florida pagara primas y deducibles de Medicare para muchos beneficiarios que no residían en Florida, beneficio al cual no tendrían derecho las personas que no viven en Florida.

Además, los acusados hicieron que se designara a médicos asociados a Pharmovisa Inc., Axis Le Professional Medical Group, Inc. y Rodney Montoya Corp., donde estaba empleado el acusado Santiago B. Montoya como médico, cada uno ubicado en Miami, como los médicos de atención primaria para los beneficiarios que vivían en Nicaragua y la República Dominicana. Los acusados pagaron a los beneficiarios el viaje desde la República Dominicana y Nicaragua para que pudieran ver a un médico con licencia de los Estados Unidos. El médico entonces les daba sus diagnósticos que se utilizaban para calcular la cantidad de dinero que FHCP y otros planes de Medicare Advantage recibirían de Medicare. Como resultado de estas solicitudes de inscripción fraudulentas, los acusados obtuvieron alrededor de $25,247,413 de Medicare y de Medicaid de Florida.

Según la acusación formal, Hernández fue el principal directivo de FHCP hasta el 8 de mayo de 2013, y Abram Rodríguez el director de marketing hasta el 21 de abril de 2014 o fecha aproximada. Smith y Abaga eran agentes de seguros empleados por FHCP durante el tiempo que se llevaba a cabo la maniobra. Blanco era empleado de FHCP, y también de Axis Le y Rodney Montoya Corp.

"El fraude en la atención médica es un delito devastador que amenaza la fortaleza y la integridad de nuestro sistema de atención médica", dijo el fiscal federal Ferrer. "Estamos abocados a proteger Medicare del fraude y el abuso para garantizar que los beneficiarios de los programas federales de atención médica reciban la atención médica apropiada. Los cargos anunciados hoy demuestran que la policía de Miami continuará librando la batalla contra el fraude en la atención médica en el ámbito local y más allá de nuestras fronteras."
La procuradora general de Florida Pam Bondi expresó, “Esta maniobra sofisticada de fraude a Medicare y Medicaid por $25 millones que afirmaba que habitantes de Nicaragua y la República Dominicana residían en Florida robaba fundamentalmente a los contribuyentes. Seguiremos colaborando con la Fiscalía de Estados Unidos y otras agencias federales para investigar y procesar a quienes defrauden al programa Medicaid".

“Proveer servicios de Medicare en países extranjeros pero facturar como si se hubieran realizado en los Estados Unidos es un fraude cometido en nuestras narices,” dijo Derrick L. Jackson, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en Florida. "Pero nuestros agentes tiene alcance mundial, trabajan con nuestros socios de las fuerzas de la ley para rastrear y acusar a quienes sean responsables independientemente del lugar del mundo donde se los encuentre."

“Desafortunadamente, las estafas a nuestro sistema de atención de la salud no se detienen en nuestras fronteras,” dijo George L. Piro, agente especial a cargo del FBI Miami. "Estos estafadores buscaron habitantes de Nicaragua y la República Dominicana y los reclutaron para quitar dólares de los contribuyentes de los programas Medicare y Medicaid. Nos complace haber sacado del negocio a estos operadores inescrupulosos".

El Sr. Ferrer felicitó al FBI, la HHS-OIG, la Oficina de la Procuradora General de Florida, la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid y el DSS por haberse esforzado en la investigación. El procesamiento de la causa está a cargo del asistente Eric E. Morales y de la asistente especial Hagerenesh Simmons del Fiscal de Estados Unidos.

El Sr. Ferrer también agradeció al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. U.U, Oficina de Seguridad Regional en las embajadas de EE. UU. en Managua y Santo Domingo por su colaboración en esta investigación.

El asistente Eric E. Morales y la asistente especial Hagerenesh Simmons del Fiscal de EE. UU. estarán a cargo del procesamiento de esta causa, iniciada por el Equipo de Lucha contra el Fraude de Medicare bajo la supervisión de la Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida. El asistente del fiscal federal Franklin G. Monsour se ocupará del proceso civil paralelo.

Desde su creación en marzo de 2007, las operaciones que el Equipo de Lucha contra el Fraude de Medicare llevó a cabo en nueve lugares han culminado con la acusación de más de 1,650 demandados que, en conjunto, facturaron más de $4.5 mil millones al programa Medicare. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, que trabajan junto con la HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la rendición de cuentas y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos.

La acusación formal es simplemente una acusación y un acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.