Noticel
La secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta, detalló que el presupuesto del próximo año fiscal proyecta ingresos netos de $9,640 millones, de los que $540 millones corresponden principalmente por el cobro de Impuesto de Ventas y Uso (IVU), la eliminación del Crédito del Trabajo y la reducción del Bono de los Seniors.
La secretaria de Hacienda, Melba Acosta. (Josian Bruno/Archivo NotiCel)
Acosta explicó que con la movida de comenzar a cobrar el IVU por los productos para la venta desde que entran a los muelles generarían unos $170 millones. Esa iniciativa sería el primer peldaño para el establecimiento de un Impuesto al Valor Añadido (IVA) en la Isla, dado que todos los jugadores de la cadena de distribución pagarían el impuesto sujeto a un crédito contributivo.
En un aparte con este diario digital, Acosta dijo que el IVU en los muelles sería cobrado a una tasa de 6% al importador, quien al momento de vender el producto al mayorista obtiene un crédito. El mayorista a su vez paga el IVU, pero al venderlo al detallista también recibe un crédito. El detallista paga el IVU y de lo que tendría que remitir al fisco correspondiente al pago del impuesto por parte de los consumidores, haría la deducción correspondiente.
Cuando se le cuestionó si esto pudiera encarecer el costo de los productos a los consumidores, Acosta, reiteró que “no, acuérdate que cuando la gente lo compra, pagó sobre el costo, pero cuando lo vende tú sabes que los comerciantes le ponen un ‘markup’ (sobreprecio) y le cobran a la persona el IVU sobre el ‘markup’, pero entonces toman el crédito sobre una base menor. O sea que para el contribuyente no debe tener impacto”.
Según Acosta, más que una nueva carga contributiva los cambios en el IVU se deben ver como una medida para mejorar la fiscalización de dicho recaudos.
Aunque si bien los nuevos cambios emulan en cierta manera un IVA, la funcionaria dejó claro que la sustitución del IVU por dicho impuesto todavía está en proceso de evaluación por parte de la firma KPMG. Esta detalló que se analiza en qué medida se puede implementar una transición entre ambos impuestos dado el compromiso que existe con los recaudos del IVU para el pago de COFINA.
Acosta dijo que esperaba para finales de este año contar con el informe de recomendaciones de KPMG, para que entonces se puedan tomar las decisiones que se puedan implementar en el próximo presupuesto. Hay que recordar que aparte del impuesto al consumo, dicha firma evalúa también las contribuciones sobre ingreso a las corporaciones.
Mientras tanto, la funcionaria afirmó que para el año fiscal 2014-2015 los recaudos de la parte estatal del IVU se proyectan en $1,431.7 millones, de los que $670 se destinarán para el pago de COFINA.
De otro lado, con la eliminación del Crédito del Trabajo (conocido en inglés como Earned Income Tax Credit), que actualmente es de $450, se espera aumenten los ingresos del fisco por $124 millones. Este crédito contributivo se le reconoce a trabajadores pobres para ayudarlos a entrar en la fuerza laboral.
Sobre el bono de los envejecientes de $400, que se reduciría a $200 si no se logran las proyecciones de recaudos, representaría para el erario otros $100 millones.
También con la limitación a $20 millones los recaudos de los arbitrios sobre vehículos de motor que se destinan cada año al Fondo de Energía Verde, se proyecta unos $10 millones adicionales al Fondo General.
Entretanto, el ajuste de las escalas de la contribución básica alterna tiene un estimado de recaudos de $37 millones, los cambios en la tributación de ingresos pasivos son $30 millones más, con las modificaciones a las ganancias de capital a corporaciones son $30 millones, la implantación del juego de lotería "Powerball" son $13 millones, la regulación de las tragamonedas son $10 millones, el impuesto de 5% a las remesas son $15 millones, y los dividendos de 4% a los activos foráneos de corporaciones son $30 millones.
Por su parte, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Carlos Rivas, descartó que pueda surgir algún revés judicial con el plan de la administración para establecer en $600 el bono de Navidad de todos los funcionarios públicos, y la eliminación del pago por exceso de 90 días en las licencias por enfermedad y/o vacaciones. El funcionario puntualizó que dichas medidas no trastocan el salario básico de los empleados públicos.
Estas medidas están contempladas en la reducción de $1,357 millones en los gastos del presupuesto del próximo año fiscal, que también incluye modificaciones en el pago de servicios de transporte escolar, recortes en las partidas presupuestarias para la Rama Judicial y la Rama Legislativa, la congelación del aumento en la fórmula de la Universidad de Puerto Rico y del incremento en las aportaciones a los municipios, la reorganización de sobre una veintena de agencias, la reducción de un 20% en los gastos de nómina por empleados de confianza, entre otros.