La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles delitos societarios en gestión de la fusión y salida a bolsa de Bankia, según ha reveló este miércoles el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien había ordenado mantener las diligencias de investigación en secreto mientras fuera posible “para no incendiar el parqué” con la divulgación de una investigación penal sobre la entidad. La presentación de distintas acciones penales por parte de particulares y su admisión a trámite por el juzgado de instrucción número 21 es lo que ha obligado al fiscal a judicializar sus investigaciones, según fuentes de la Fiscalía del Estado. Los delitos investigados, entre los que se citan los de falsedad y estafa se enuncian, por el momento, solo “a título indicativo”.

07-06-2012 -

La investigación fue encargada por Torres-Dulce al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, el pasado 28 de mayo. En el decreto de apertura de diligencias se citan cinco posibles delitos a investigar, entre ellos estafa, apropiación indebida, delitos contables, administración desleal y falsedad documental. Sin embargo, fuentes de Anticorrupción precisaron que dicha enumeración corresponde a un enunciado en la dirección de la investigación y que, por el momento, no se han apreciado indicios de ningún tipo penal, al estar las diligencias en una fase de investigación muy prematura. Según dichas fuentes, los delitos deben determinarse al final de la instrucción y puede ser algunos de los mencionados u otros distintos.

En el citado decreto, Anticorrupción expresa su “extrañeza” por el hecho de que Bankia hubiera declarado tener unos beneficios de 305 millones y pocos días después admitiese pérdidas de 2.979 millones. Anticorrupción ha centrado su investigación en dos aspectos: el momento de la fusión de Cajamadrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja para formar Bankia; y el momento de la salida a Bolsa de la entidad.

La Fiscalía quiere conocer el “estado real” de las cajas en el momento de la fusión, ya que sospecha que no debe ser el mismo que declararon sus gestores antes de la fusión. Respecto a la salida a Bolsa, Anticorrupción ha pedido folleto de emisión a la CNMV para conocer la situación patrimonial real de Bankia al llegar al parqué.

Fuentes de la Fiscalía insistieron que han sido las denuncias de particulares las que han obligado a judicializar el caso, ya que ellos no pueden llevar una investigación al margen del juzgado. Al recibir la primera denuncia, el juzgado 21 pidió un informe sobre competencia a la Fiscalía de Madrid, que a su vez lo reenvió a Anticorrupción, porque era esta fiscalía especial la que había iniciado las investigaciones. Anticorrupción remitió un informe al juzgado 21 en el que le manifiesta que, en su opinión, la competencia para investigar a Bankia corresponde a la Audiencia Nacional, ya que afecta a cajas repartidas por distintos territorios geográficos y además, el montante de los posibles delitos puede producir una grave repercusión en la economía nacional.

Fuentes de Anticorrupción consultadas por este periódico aseguraron que han solicitado documentación al Banco de España, a la CNMV, a Bankia y a Deloitte, la firma auditora de la entidad intervenida. Por el momento no han recibido nada y cuando llegue “no a va a ser cosa de mirársela en una semana”, aunque para entonces esperan que esté resuelta la cuestión de competencia y la investigación haya correspondido a la Audiencia Nacional. Además del fiscal jefe Antonio Salinas, han quedado adscritos a la investigación otros dos fiscales de Anticorrupción y posiblemente se pedirán refuerzos de plantilla.

Prudencia mientras se investiga la documentación

En una entrevista concedida a la agencia Efe, el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, manifestó que espera que la documentación requerida le sea remitida “con la mayor presteza posible”. Torres-Dulce reconoce que “existe una demanda social para que las actividades (de las entidades bancarias) sean investigadas”, pero añade que “aunque no hubiera una demanda social”, el asunto “merece dicha investigación”.

“Hemos trasladado esas peticiones al juzgado para que (...) sepa cuál es la línea de investigación que proponemos nosotros”, ha señalado Torres-Dulce, que consideró “prematuro” concretar los posibles delitos que se investigan porque “la situación propia de las entidades y la situación financiera y económica del país” aconseja ser “realmente prudentes”.

Será el examen de la documentación que realicen los peritos —tanto de la Administración como de Anticorrupción— el que permita determinar “si los hechos son constitutivos de delito y en ese caso seguir adelante, en cuyo caso pasaríamos a pruebas testificales o, en su caso, si procediera, de imputación: citar como imputada a alguna persona”. Para ello, insiste, es “imprescindible” la colaboración de las entidades investigadas y la documentación que obra en poder del Banco de España y de la CNMV.

De momento, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid tramita una querella del colectivo Manos Limpias contra Rodrigo Rato y contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.