6 de febrero de 2019

El Vocero

Tras la confirmación del acuerdo entre el gobierno y los acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), varios economistas consultados por EL VOCERO alertaron que el tercer plan de ajuste podría representar un aumento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para poder cumplir con los pagos de la deuda de sobre $17 mil millones que se mantiene con los bonistas.

El mismo busca destinar el 5.5% de los recaudos del impuesto a los pagos de los acreedores para reestructurar la deuda en un plazo de 40 años. Sin embargo, en caso de que los ingresos por concepto del IVU no sean suficientes para honrar el acuerdo, el gobierno central será responsable de utilizar su dinero para cubrirlo.

Un estudio preparado por el economista José Alameda demuestra que los recaudos del IVU disminuirán en los próximos años como resultado del éxodo masivo que enfrenta la Isla. Ante esto, explicó que el gobierno, que cuenta con ingresos limitados, podría verse obligado a aumentar la tasa contributiva del IVU y otras contribuciones para incrementar sus recaudos y poder cumplir.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego intentó presentar el informe de Alameda en las audiencias de confirmación, pero la jueza federal Laura Taylor Swain determinó que el sindicato no tenía legitimidad para presentar evidencia por carecer de credenciales.

“El gobierno dice que el acuerdo le va a permitir un ahorro porque no van a tener que pagar la totalidad, pero es que no se puede ahorrar ingresos que no se tienen. Están cogiendo a la gente de soquete. Esto es un engaño porque no tienen dinero y estos acuerdos los obliga a pagar. El ingreso nacional ha disminuido con el éxodo y va a seguir disminuyendo. Nos van a asfixiar con un nuevo impuesto y el aumento en las contribuciones”, sostuvo Alameda, en entrevista con EL VOCERO.

Explicó que los efectos negativos del acuerdo podrían comenzar a sentirse en el 2023, una vez se disipen los fondos federales de recuperación por el huracán María, si llega el dinero.

Mientras, el economista Santos Negrón mencionó que en términos prácticos había que cumplir con el pago de la deuda, pero que la manera en que se logra el acuerdo aprobado es cuestionable. Irónicamente, Swain también estableció en su fallo que el acuerdo se basa en posiciones fuertemente cuestionadas.

“Esto compromete porciones sustanciales de los escasos ingresos la Isla. Puerto Rico tendría que atravesar un periodo de expansión significativa en los próximos años para que esta carga fiscal se puede afrontar sin grandes dificultades. Prolongar la deuda y que el componente de pago sea tan alto, nos lleva a adentrarnos en un circulo vicioso del que es imposible salir”, señaló Negrón.

Asimismo, recalcó que una economía débil como la de Puerto Rico no puede producir incrementos sistemáticos en los recaudos provenientes del IVU, por lo que prevé la imposición de mayor peso contributivo sobre los puertorriqueños.

Por su parte, Argeo Quiñones, economista y profesor universitario, indicó que la confirmación del plan de ajuste de Cofina establece un precedente en la política de negociación de la deuda del gobierno que tratarán de emular en acuerdos con otros acreedores.

“El presupuesto sigue disminuyendo y esto compromete a largo plazo los ingresos del país. Los pronósticos de crecimiento sobre el que se toman estas decisiones no sirven, no son estudiados. Se siguen marchando puertorriqueños y las expectativas de recaudos son menos. Los que se queden van a tener que cargar con un costo de ajuste más grande”, sentenció Quiñones.