5 de julio de 2019
El Comercio.pe
La Asamblea Nacional francesa adoptó este jueves un proyecto de ley para aplicar un impuesto a los gigantes de internet y que busca hacer de Francia un país referente en la materia.
El texto pretende poner en marcha el llamado impuesto GAFA (por Google, Amazon, Facebook y Apple) para gravar las actividades digitales que facturen gracias a los internautas franceses.
La iniciativa, a la que se opone Estados Unidos, recibió 34 votos a favor y 13 abstenciones, sin ningún voto en contra. A partir del 11 de julio continuará su tramitación en el Senado para ser aprobado definitivamente por el Parlamento.
El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, subrayó que este impuesto nacional que entró en vigor con carácter anticipado desde el 1 de enero, tiene las miras puestas en alcanzar un acuerdo en las negociaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (ODCE) para 2020 pues "la única solución es internacional".
El objetivo de este proyecto es que las grandes multinacionales paguen cada vez más impuestos en los países en los que efectivamente operan y no sólo en aquellos que eligen como sede social porque las condiciones fiscales les resultan más favorables.
En la reunión del G7, que se celebrará en Chantilly (Francia) los próximos 17 y 18 de julio, los ministros y dirigentes de los bancos centrales de esos países examinarán, además, un nuevo sistema de tasación mínima para luchar contra la evasión fiscal de las grandes multinacionales.
Le Maire manifestó su deseo de validar el proyecto de ley por el Consejo Constitucional, con el fin de "reforzar" la "posición política" de Francia de cara al G7, al G20 y en las negociaciones en la OCDE.
España incluyó en su Programa de Estabilidad 2019-2022 el impuesto conocido como "tasa Google", dirigido a multinacionales tecnológicas como Google o Amazon, mediante el que el Gobierno espera recaudar 1.200 millones de euros (US$1.354 millones).
Según Le Maire, los gigantes digitales "están volviéndose igual de potentes que los Estados soberanos" y "solo responden a intereses privados", por lo que es esencial su regulación.