Metro Puerto Rico

El Senado de Puerto Rico envió a un comité de conferencia el Proyecto de la Cámara 2150, de la autoría del representante César Hernández Alfonzo, que busca ayudar a personas que confrontan problemas con el pago de su hipoteca a recibir apoyo en un proceso de mitigación de daños (loss mitigation) para no perder su hogar.

De acuerdo con  Hernández Alfonzo, “el Senado aprobó la medida, pero le sustrajeron unas páginas para llevarlo a un comité de conferencia, porque, aparentemente, existen unas dudas de algunas enmiendas que entienden que se le deben hacer”. “Esperamos que no sean enmiendas que dañen la finalidad del proyecto que es darle certeza de los procesos de ejecución”, dijo.
Empero, indicó que todavía el Senado no ha provisto las enmiendas que desean ver más a fondo.

“Nuestro personal se comunicó el viernes en la tarde y todavía no las tenían. Así que espero que hoy [ayer] pueda contar con una idea de qué son esas enmiendas. Espero que sean para fortalecer el proyecto y para hacerlo más ejecutable”, dijo.

Este freno se une a la desaprobación que tuvo la medida por parte de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, ya que, según explicó en entrevista previa con Metro el vicepresidente de la entidad, Arturo Carrión, los bancos ya cuentan con procesos para evitar que las personas pierden sus hogares.

“(Existen) unas reglamentaciones federales que cubren exactamente lo mismo que quiere el representante. La industria bancaria está bien reglamentada y poner otra ley por encima de eso sería muy honeroso para los bancos”, expresó Carrión.

No obstante, para Hernández Alfonzo “el proyecto lo que pretende es darle seguridad a la persona que tiene ya el problema con la ejecución de su hipoteca, para que el banco no le haga una práctica que entendemos injusta que comience un proceso de ejecución contra la propiedad”.

¿Viable que se compren más viviendas?
A tono con la aprobación y discusión de este proyecto, la pasada semana el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunció la aprobación de $4 millones más para el programa Mi Casa Propia.

Sin embargo, para la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago, ambas iniciativas están desvinculadas con la realidad que atraviesa el país, sobre todo, tomando en cuenta la cantidad de personas que no pueden pagar sus hipotecas.

“Hay que estimular, en todo caso, la compra de viviendas más modestas; las que la gente realmente pueda pagar. El problema con los subsidios es que permiten que se mantengan artificialmente alto el precio de la vivienda. Lo que hace este subsidio es que la gente pueda pagar un poquito más, no que baje el precio para que más gente pueda tener acceso a vivienda”, precisó la senadora.

Opinó, además, que la propuesta del gobernador solo representa “una forma de subsidiar a un sector empresarial, el de los constructores, que siempre ha dicho que cree en el mercado libre y en la no intervención del Gobierno, hasta que son ellos los que necesitan el auxilio”.

Metro buscó una reacción de la Asociación de Constructores del Hogar (ACH) sobre este particular pero no hubo respuestas.

En cambio, el presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara, Carlos J. Vargas Ferrer, vio con buenos ojos ambas propuestas —tanto la de ayudar a la compra de un nuevo hogar, como la de ayudar a evitar una ejecución por deuda hipotecaria— debido a que en ambas instancias “el estado busca crear condiciones con las que pueda nutrir la economía”.

“Hay que verlo desde la perspectiva de que se está tratando de crear condiciones más favorables mediante este tipo de ayudas a las personas que puedan adquirir su residencia. El estado debe propiciar que el mercado deba nutrirse nuevamente de algunos fondos de este tipo de programas”, dijo.

Añadió que el enfoque es ayudar a “personas de la clase media y trabajadora, [ya que] el sector de vivienda entre los más marginados está en extremo subsidiada y tenemos que ayudar a las personas que tengan la capacidad económica, que trabajan y que se esfuerzan”.  

De acuerdo con  Vargas Ferrer, la idea es impulsar la compra en la “clase media”, pues, precisamente es ese sector el que tiende a verse afectado por no poder pagar sus hipotecas debido a las difíciles condiciones económicas.