16 de junio de 2020

El Vocero

La crisis económica que ha afectado a la Isla desde hace más de una década, ha incidido en el acceso a la justicia tanto para personas de escasos recursos como para trabajadores cuyos ingresos no son los suficientes para contratar los servicios de un abogado en caso de necesitarlo.

Esta situación —con el anticipo de cifras mayores en el desempleo debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19)— se podría acrecentar, según varios abogados.

En ello coincidieron el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, el presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román, y la directora ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico, Ariadna Godreau.

Al analizar la situación actual, Fontanet dijo que “es como una tormenta perfecta que ha afectado el acceso a la justicia”.

“La gente tiene muy pocos recursos económicos para contratar un abogado privado y cuando van a las entidades que dan los servicios gratuitos estas tienen muchos casos y pocos abogados para atender estas necesidades”, señaló.

Dijo que las entidades que dan servicios gratuitos ahora tienen menos recursos. “Todo tiene este efecto dominó: se afecta la economía y las aportaciones a estas entidades se ven reducidas significativamente”, añadió.

Según la entidad privada Ayuda Legal de Puerto Rico, “el acceso a la justicia se refiere a que debe garantizarse la igualdad de condiciones para que las personas puedan acudir a los tribunales y solicitar las protecciones y remedios correspondientes de manera efectiva”.

Fontanet expuso que otro factor que ha incidido en limitar el acceso a la justicia es el ‘stay’ o la paralización temporera de las demandas en los casos civiles, debido a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés). En este caso, las personas con posibles reclamaciones están limitadas.

Opinó que hay que buscar una solución y que el gobierno tiene que entender que al igual que la salud, el acceso a los tribunales debe ser un derecho fundamental.

“El estado tiene que facilitar ese acceso y ¿cómo lo puede facilitar?, pues ayudando a financiar. Lo está haciendo, pero debe ser de una manera más significativa proveerle el financiamiento a estas entidades que dan servicios gratuitos. También proveer fondos directos a los abogados que puedan encargarse de muchos de estos casos de manera de oficio”, propuso Fontanet.

Indicó que las necesidades legales se atienden entre un 30% a 40%. “Es decir, que hay un universo significativo, que —por alguna razón económica o temor— deciden no hacer los reclamos correspondientes”, manifestó el académico.

Reacciona Justicia

La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, dijo a EL VOCERO que en lo que respecta a su agencia, no puede decir que ha notado dificultades en el acceso a la justicia.

“El Departamento de Justicia no ha visto un impacto en el acceso a la justicia por los acusados porque a aquella persona que no pueda pagar por un abogado privado, el Gobierno le provee representación legal. El Estado tiene la obligación de proveerle representación legal ya sea a través de un abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal o con la designación de un abogado de oficio”, explicó Longo Quiñones.

Indicó que el Ministerio Público, sí “se ha visto impactado por la recesión a consecuencia de la merma en nombramientos de fiscales y procuradores que hemos experimentado por la situación fiscal”.

Menos servicios gratuitos

El presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román, señaló que la situación puede agravarse para la población que no cualifica para los programas especiales.

“La razón es que tienen ingresos que no son los suficientes para pagar abogados y en esos casos el tribunal pudiera asistir asignando un abogado de oficio siempre y cuando cualifique para el programa de abogados de oficio y eso significaría un asunto de indigencia y de que cualifiquen. La relación con abogados de oficio es que la carga se la pasa el estado a otro individuo —en este caso un abogado— y por eso me parece inaceptable, por eso hemos demandado en el tribunal federal”, apuntó Román.

Destacó que en el Colegio ha identificado a miembros voluntarios que puedan dar asesoría o representación legal con el programa Pro Bono de la Oficina Legal de la Comunidad y las clínicas de las Escuelas de Derecho y Asistencia Legal. “La dificultad es la cualificación de las personas para obtener el servicio”, dijo Román.

Por su parte, la directora ejecutiva de Asistencia Legal de Puerto Rico, Ariadna Godreau, coincidió en que las personas no están buscando abogados porque no pueden costearlos y no le asisten servicios gratuitos. 

“Hay personas que tienen un trabajo, que cobran bien y de momento ya no tienen ese ingreso; ese es otro tipo de persona que no que puede pagar un abogado de la práctica privada. Otra razón son las personas que han pasado por experiencias de uno, dos, tres abogados y la representación que se les dio no fue adecuada. Así que eso es lo más que la gente reporta. En resumen: no puede pagar, no cualifica o la experiencia no fue positiva”, planteó la letrada.