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Sacos de dinero en el aeropuerto de Kabul, una ventanilla estratégicamente ubicada justo antes del puesto de inmigración en Antigua, y un par de líneas de código de software en un banco en la República Dominicana: todos estos hechos aparentemente inconexos forman parte del problema mundial de lavado de dinero y están vinculados a fallas del sector financiero que causaron daños económicos reales a ciudadanos honrados en los países afectados.

El lavado de dinero transforma insumos ilegales en productos supuestamente legítimos, haciendo que las ganancias de delitos como fraude, robo y tráfico de drogas parezcan fruto de trabajo honrado, como por ejemplo cuentas bancarias, inmuebles y bienes suntuosos de apariencia legítima. Así los delincuentes pueden disfrutar del producto de sus delitos y vivir vidas disimuladas. Además, pueden usar los activos lavados para ampliar sus actividades delictivas e incrementar su riqueza y su poder, incluso corrompiendo a autoridades políticas y policiales para obtener su protección.

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El lavado de dinero existe porque hay fraude, delitos tributarios, especulación ilegal, tráfico de drogas, corrupción y, en general, delitos generadores de ganancias. Dada la estrecha relación entre el delito que produce las ganancias y el lavado de esas ganancias, es muy difícil separarlos, pese a que jurídicamente los dos actos se tratan de manera independiente. El lavado de dinero es un componente básico de todo delito generador de ganancias, ya que si el dinero no se lava el delito no es rentable.

Cuando el delito subyacente -o determinante- es algo como el tráfico de drogas, los costos sociales son enormes y visibles. Pero los costos sociales y económicos de los delitos de cuello blanco -desfalco, evasión fiscal, uso indebido de información privilegiada y fraude bancario- son menos obvios, pero también pueden ser muy elevados.

El lavado de dinero es un componente básico de todo delito generador de ganancias, ya que si el dinero no se lava el delito no es rentable.

Historias de terror. Por ejemplo, en agosto de 2010, en Afganistán cuando el gobierno reemplazó la gerencia del mayor banco privado del país, el Kabul Bank, los depositantes retiraron más de US$200 millones en un pánico bancario que puso en peligro la frágil estabilidad financiera y política del país. El banco, dueño de la mayor red de sucursales del país, se encargaba de pagar a las fuerzas de seguridad y a otros funcionarios públicos, con lo cual el riesgo de su colapso cobró interés a nivel estatal. Detrás de estos hechos había una historia de préstamos sin intereses a personas relacionadas con el banco y con el medio político, inversiones inmobiliarias ilegales en el extranjero y vuelos misteriosos de Kabul a Dubai de aviones cargados de dinero; o sea, lavado de dinero a 10.000 metros de altura. Una investigación posterior reveló una malversación de fondos del banco de más de US$900 millones, o más de 5% del PIB y 50% del presupuesto público del empobrecido país. A octubre de 2011, más de un año después de que el gobierno tomara control del banco, las autoridades habían recuperado tan solo una fracción del dinero, y de momento nadie ha sido condenado. Hasta la fecha, el banco central de Afganistán ha gastado casi US$1.000 millones para rescatar al sector bancario; una suma enorme para un país tan pobre.

En Antigua y Barbuda la historia fue diferente, pero las consecuencias para esta pequeña economía insular también fueron graves. El estafador estadounidense Allen Stanford organizó una pirámide Ponzi masiva para vender certificados de depósito de “alto rendimiento” de su banco basado en Antigua a inversionistas ingenuos en Miami y otros lugares. Los supuestos altos rendimientos desde luego que no eran el resultado de una mística estrategia de inversión desconocida por los otros bancos.

Más bien, las contribuciones de inversionistas posteriores se utilizaban para pagar a inversionistas previos, excepción hecha de los US$1.600 millones que se desviaron para financiar un lujoso estilo de vida para Stanford, incluido un fideicomiso especial en las Islas Cook denominado “Baby Mama Trust” a favor de la madre de dos de sus hijos. Mientras corrompían a funcionarios, Stanford y sus socios lavaban dinero movilizando millones de dólares de EE.UU. obtenidos fraudulentamente de cuentas fuera de Estados Unidos a varias cuentas dentro de ese país.

¿Y la ventanilla bancaria? No era más que un método conveniente para que los mensajeros provenientes de Miami que llegaban con efectivo o cheques para depositar no tuvieran que registrar sus desplazamientos en el sistema inmigratorio del país. La ventanilla les permitía bajarse del avión, hacer el depósito y volver a la sala de tránsito a esperar su vuelo de regreso a su país.

Como era de esperar, la pirámide se desmoronó en 2009 y arrasó con el banco de Stanford y casi con el resto de la economía de Antigua, país que dependía del crecimiento de una entidad que constituía el mayor empleador de la isla. Ese año el PIB de Antigua se contrajo 9,6%; el banco central regional asumió el control del Banco Central de Antigua y le otorgó un préstamo equivalente a 3% del PIB del país. A la larga Antigua necesitó un programa de US$118 millones apoyado por el FMI. En marzo de 2012, Stanford fue condenando por haber estafado a 30.000 inversionistas en 113 países.

En la República Dominicana, personas relacionadas con el Banco Intercontinental, el segundo banco privado del país, fraguaron un complejo plan para saquear los activos del banco. Se prestaron dinero a sí mismas y obtuvieron préstamos de terceros con fondos del banco, ocultando estos activos improductivos en una contabilidad paralela.

Todos los días, durante 14 años, un programa de contabilidad automático “conciliaba” los libros del banco transfiriendo activos y pasivos reales entre los dos sistemas para aparentar la solvencia del banco “visible”. Por ejemplo, los préstamos improductivos a partes relacionadas se eliminaban de los activos formales del banco junto con ciertos pasivos de contrapartida, como un grupo de certificados de depósito a largo plazo que pasaría inadvertido. Al día siguiente el programa devolvía esos pasivos a los libros y seleccionaba otros pasivos de contrapartida para ocultar los activos deteriorados.

Cuando el fraude finalmente salió a la luz en el año 2003, “BANINTER” (como se conocía al Banco Intercontinental) y dos bancos comerciales relacionados fueron objeto de un rescate público a un costo equivalente a 21% del PIB del país. Los costos sociales y económicos fueron mucho mayores: una rápida depreciación del peso de aproximadamente 65% provocó una inflación altísima y una grave erosión de los ingresos reales. Alrededor de 1,5 millones de dominicanos (un 16 % de la población) cayeron por debajo de la línea de pobreza tras la crisis bancaria, y 670.000 entraron en una situación de pobreza extrema.

Estas historias, sin duda, no ilustran todas las técnicas que los delincuentes pueden utilizar para ocultar el origen de su riqueza. Depositar en efectivo el producto del delito es una técnica básica de lavado de dinero. En Estados Unidos, donde los bancos deben declarar los movimientos de efectivo de más de US$10.000, los delincuentes procuran desglosar sus depósitos en montos más pequeños. Esta práctica en la que varios intermediarios realizan depósitos en múltiples bancos se conoce como “pitufeo”.

Los planes de lavado de dinero muy sofisticados suelen implicar la creación de redes complejas de empresas ficticias en varias jurisdicciones para encubrir al verdadero dueño y controlador de los activos ilegales. No es inusual que un blanqueador de dinero establezca un fideicomiso en una jurisdicción solo para controlar las acciones de una sociedad de cartera en un centro offshore, con “filiales” en otros varios países que sirven solo para abrir cuentas bancarias que puedan ser utilizadas anónimamente por el propietario original. Estas entidades extraterritoriales turbias fueron la piedra angular del fraude masivo perpetrado por los gerentes de la empresa estadounidense Enron, que terminaron acusados no solo de lavado de dinero sino también del delito subyacente.

Golpe a la economía. Los ejemplos anteriores muestran cómo los delitos financieros como corrupción, evasión tributaria, fraude y abuso de información privilegiada -todos delitos subyacentes de dinero deficientes llevarán más tiempo porque requieren un examen más riguroso. Y cuando grandes cantidades de dinero “sucio” entran y salen de las instituciones financieras los efectos pueden propagarse a todo el sistema financiero.

Los controles antilavado de dinero forman parte de las herramientas de prevención y represión del fenómeno y contribuyen a respaldar la confianza del público en momentos de dificultad económica. La aplicación eficaz de los controles -como determinar la propiedad y control reales de las cuentas bancarias y congelar y decomisar el producto del delito cuando los delincuentes son detenidos y condenados- impide que los delincuentes se beneficien de sus fechorías a costa del público y la economía en general.

A la larga, como el lavado de dinero es una amenaza para la solidez de las economías de los países y es un fuerte obstáculo para el crecimiento, la verdadera estabilidad financiera no puede existir sin una adecuada integridad financiera; es decir un mercado financiero libre de abuso, incluido el relacionado con el lavado de dinero.

Si se aplican eficazmente, los controles antilavado de dinero mitigan las repercusiones de los delitos económicos y promueven la integridad y estabilidad en los mercados financieros. Las normas internacionales al respecto fueron establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que formula y promueve políticas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las recomendaciones del GAFI abordan temas como la regulación de servicios proporcionados por instituciones financieras y empresas y profesiones no financieras, los movimientos transfronterizos de dinero, la transparencia de las entidades jurídicas, aspectos fundamentales y de procedimiento de la ley penal, capacidad institucional, sanciones y cooperación interna e internacional.

En lo que se refiere a la prevención, las medidas incluyen requisitos para determinar si un cliente actúa en nombre de terceros; para esclarecer el régimen de propiedad y control de las personas jurídicas; para realizar una diligencia debida reforzada de clientes, relaciones comerciales y transacciones de alto riesgo; y para tomar otras medidas de documentación y diligencia debida con la clientela.

En el ámbito policial, las medidas permiten a las autoridades no solo enjuiciar a los delincuentes (por lo general con sanciones más duras si los delitos subyacentes se combinan con lavado de dinero), sino también privarlos de los activos ilegalmente obtenidos. Así se reduce el incentivo para perpetrar estos delitos y se impide que las organizaciones criminales acumulen niveles peligrosos de riqueza.

Red compleja. El sistema financiero mundial está cada vez más interconectado. Es posible transferir dinero entre decenas de jurisdicciones en cuestión de minutos. Pero la globalización financiera conlleva riesgos, además de ventajas obvias como la mejor asignación de recursos, más acceso al capital, una mayor diversificación del riesgo y un aumento del bienestar en general.

Los blanqueadores de dinero explotan la complejidad y la interconexión del sistema financiero mundial y las diferencias entre los sistemas y las leyes antilavado de dinero de los distintos países. Se enfocan sobre todo en jurisdicciones con controles deficientes o ineficaces a donde pueden transferir los fondos y en donde pueden crear más fácilmente sociedades instrumentales sin ser detectados. Son capaces de adelantarse a los reguladores bancarios y a la policía, a quienes les suele ser difícil establecer una rápida cooperación internacional. Además, como lo demuestran los citados ejemplos, los problemas en un país pueden propagarse rápidamente a escala regional o mundial.

*Este análisis fue escrito por Paul Ashin, experto principal sobre el sector financiero en el Departamento Jurídico del FMI.