El Vocero

El sabor de la controversia por el proyecto que busca imponerle arbitrios atados al nivel de azúcar en las bebidas y refrescos, se torna cada vez más agrío ante los señalamientos de que la medida del nuevo ‘refrescazo’ podría beneficiar a uno de los principales competidores en el sector.

El polémico proyecto cameral 1844, de la autoría de la representante Luisa Gándara, es objeto de cuestionamientos por los vínculos del empresario José González, presidente de Panamerican Grain, con el esposo de la legisladora y ex gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá.

González estuvo relacionado a Acevedo Vilá como uno de sus estrechos colaboradores económicos durante sus anos de político activo. También fue parte del juicio federal que se siguió contra el exmandatario.

González negó rotundamente que la pieza legislativa que tiene como objetivo principal atender la obesidad en los niños, se presentara para beneficiar su producción de los jugos de frutas Space Gang, que se venden en empaques denominados ‘pouch’. Estos jugos son consumidos principalmente por niños y como merienda escolar.

El empresario dijo a EL VOCERO que reducir la discusión de salubridad a un asunto simplista para relacionarlo con el proyecto “es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico”.

“Yo me entero de este proyecto después que está en vistas públicas. Si hay opositores al proyecto que se expresen en vistas públicas y justifiquen su posición para destruir el impulso de hacer justicia a nuestros niños”, sentenció.

Dijo que es fácil para las empresas manufactureras modificar sus productos conforme a las nuevas disposiciones de la ley y evitar así el pago del impuesto que establece la medida. “Si el mercado lo exige estamos dispuestos a modificar nuestro producto por el beneficio de nuestros niños. Ya es hora que Puerto Rico se dé cuenta del camino por el que andan en contra de nuestros propios hijos”.

Por su parte, la legisladora Gándara, reaccionó a este diario con el planteamiento de que su proyecto no persigue beneficiar a un empresario en particular. Explicó que tanto las plantas locales que elaboran refrescos, así como las multinacionales, tienen la misma oportunidad de no tener que pagar el arbitrio si manufacturan productos con mayor contenido nutricional y menos azúcar.

“La persona que mencionan (González) hizo unas enmiendas que no fueron incluidas en el proyecto final. Todas las partes envueltas tuvieron la oportunidad de expresarse al respecto y aquellos que lo hicieron, muchos de sus argumentos fueron incluidos en el proyecto final. Se persigue hacer un proyecto para lograr productos más saludables”, insistió Gándara.

Para el analista del sector comercial y conocido como DrShoper, Gilberto Alvelo, el único empresario que avala la medida es González, porque cuenta con la ventaja competitiva de poder manufacturar productos con menos contenido de azúcar al día siguiente de que se apruebe la medida. “Panamerican Grain propuso que se excluyan del arbitrio todo producto que en ocho onzas tenga menos de 18 gramos de azúcar, 15 mg de sodio, que estén libres de preservativos, saborizantes artificiales y empaques libres de BisfenoIA, lo que  es equivalente a una merma promedio de azúcar  y sodio de un 40% del promedio actual. Esto es en abierta competencia con CapriSun, que en su empaque de 6 onzas contiene16 gramos de azúcar y 15 miligramos de sodio”, explicó.

Ayer tarde no fue posible lograr una reacción de los representantes de CapriSun en la Isla.

Mientras tanto, González indicó que empresas como Coca Cola pueden realizar el cambio, ya que en estos días la marca lanzó en California su bebida con menor contenido de azúcar, sin ser de dieta, y eventualmente llegará a Puerto Rico.

Efecto adverso a la economía

En torno al efecto que pudiese tener dicho proyecto en el bolsillo de los consumidores, el economista Elías Gutiérrez dijo estar en contra de todo tipo de arbitrio dirigido a reformar el comportamiento de grupos y segmentos de la economía. “Aborrezco este tipo de proceso, cuando lo que se anda buscando se puede conseguir a través de un proceso educativo. No se necesitan más impuestos, ya que hace más complejo el sistema fiscal del país. Desconozco el efecto que pueda tener en el consumidor, ya que entiendo debió ser la autora de la medida quien efectuase un estudio que evaluara este elemento”, manifestó.

Gutiérrez opinó que antes de radicar un proyecto como este se debió hacer un estudio de demanda del comportamiento esperado, ya que los precios de cualquier bien puede sufrir cambios en la cantidad de demanda cuando sufren cambios en los precios y otros pueden  aumentar o reducir en dirección opuesta.   “Esperaría que quien lo propuso se haya planteado ese estudio, pero creo que no lo han hecho”, indicó.

Tanto la Asociación de Comercios al Detal, como la Asociación de Restaurantes (ASORE), la Cámara de Cámara de Comercio, la entidad Hecho en Puerto Rico, la Asociación de Industriales, MIDA y la American Beverage Association, rechazan el impuesto que adjudica el proyecto de Gándara. Alegan que no es el momento para atacar más los bolsillos de las empresas y los consumidres para allegarle más recaudos al fondo general.

Sobre el proyecto, la presidenta de los Industriales, Waleska Rivera, sostiene que “es con educación y actividad física que se atiende el asunto” de la obesidad en los niños y no con impuestos. Mencionó que en el pasado hubo un refrescazo y las ventas bajaron 13%, se redujeron los recaudos y los empleos.

Igual opinó en días recientes el vicepresidente ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes, y Gadiel Lebrón, director ejecutivo de ASORE.

“Este tipo de impuesto supone un aumento de precio en la caja registradora y no tendrá efecto real en la obesidad”, sentenció Lebrón en una entrevista previa.

Por su parte, Arvelo puntualizó ayer que “la gente tiene que aprender a comer y no puede seguirse legislando para aumentar los impuestos que finalmente redundan en un aumento en los precios a nivel del consumidor para beneficiar a unos sectores particulares”.