28 de mayo de 2021
El Nuevo Dia
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó este jueves los planes fiscales de las principales corporaciones públicas y la Universidad de Puerto Rico (UPR), propuestas que buscan aliviar la posición financiera y operacional de estas dependencias, aplicando una combinación de recortes presupuestarios y aumentos escalonados para los consumidores en sus facturas del agua, electricidad, peajes, el costo de matrícula y hasta el canon de arrendamiento en edificios industriales.
En una reunión de unas dos horas y con el práctico endoso del gobernador Pedro Pierluisi, el organismo fiscal aprobó el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y aquellos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
La JSF también aprobó el plan fiscal de la universidad estatal, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) y la Corporación para la Supervisión y Seguro de Depósitos de Cooperativas (Cossec).
A excepción del plan fiscal de la UPR, que se aprobó con el voto en contra de los directivos Antonio Medina y Justin Peterson, y de la inhibición de Medina, en el caso de Pridco, los integrantes de la JSF aprobaron las recetas fiscales de manera unánime.
La certificación de estos planes fiscales se efectuó en una reunión celebrada en el Centro de Convenciones, la primera de carácter presencial, desde el inicio de la pandemia del COVID-19.
A su vez, esta ronda de certificaciones supuso la reanudación de los ajustes y aumentos tarifarios que la JSF había aprobado antes y que fueron interrumpidos como resultado de la crisis sanitaria.
“Cada plan fiscal es un documento vivo que cambia y evoluciona con la realidad económica de Puerto Rico”, dijo la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, antes de que los directivos del organismo fiscal aprobaran los planes fiscales.
Jaresko aseguró que los planes complementan el Plan Fiscal Certificado del Gobierno y ayudarán a conseguir el crecimiento económico que necesita Puerto Rico.
Planes alineados a la visión de Pierluisi
“Estos planes fiscales tienen que ver con oportunidad. Entonces, tomemos esta oportunidad y coloquemos los bloques fundacionales que asegurarán que cada instrumentalidad esté estable, que tiene los fondos para proveer los servicios que requiere el pueblo de Puerto Rico y que sea eficiente utilizando esos fondos e implemente las reformas necesarias para el éxito de Puerto Rico”, dijo Jaresko.
Por su parte, al expresarse en torno a las recetas aprobadas por la JSF, Pierluisi pareció allanarse a los aumentos que se avecinan, al indicar que, “en términos generales” los planes certificados por el organismo se “alinean” a su visión de gobierno.
Pierluisi solo tomó excepción en el caso de Pridco, cuando reiteró que su administración se opone a los recortes en pensiones, premisa que repitió para otras instrumentalidades. En el caso de la ACT, el mandatario se opuso al alza en peajes hasta que mejore la economía y pase la pandemia.
Mientras, en el caso de la UPR, Pierluisi objetó la reducción de $94 millones en la asignación del Fondo General a ese centro docente e instó a la JSF, aunque sin éxito, a acoger los argumentos de la vicepresidenta de la institución, Mayda Velasco, quien aseveró que en los pasados años, la UPR ha cumplido con el 74% de las exigencias requeridas por la JSF en asuntos operacionales.
El plan de la AEE
“Hemos tenido una utilidad incompetente por demasiado tiempo”, dijo Pierluisi cuando se discutía el plan fiscal de la la AEE.
A preguntas de El Nuevo Día, a pesar de que el plan de la AEE prevé aumentos en la tarifa de electricidad que podrían llegar a casi 28 centavos el kilovatio hora para el año 2035, considerando el endeudamiento actual, Pierluisi aseguró que la tarifa se mantendría “muy estable” en los años venideros.
“Como único (la tarifa) aumentaría significativamente —dejando a un lado costo de petróleo, costo de combustible; dejando a un lado eso, uno no lo controla—, como único veríamos, seguro, un aumento es si no se reestructura la deuda de la AEE”, dijo Pierluisi.
Sin embargo, cuando El Nuevo Día inquirió a la JSF, cuánto ahorro podría darse en la factura de la luz como resultado de tal reestructuración, Jaresko no pudo precisar una cifra, pues depende de que tanto la reestructuración de la deuda de la AEE como el sistema de pensiones de esa corporación pública se modifiquen durante el proceso de Título III bajo la ley federal Promesa.
El plan fiscal de la AEE propone ajustar las pensiones de los jubilados de esa corporación pública. La propuesta propone recortar las pensiones mayores de $1,500 al mes 7.5% o 10%.
Jaresko sostuvo que al presente, el organismo fiscal está enfocado en la reestructuración del gobierno central y no sería hasta el 2022 cuando se radicaría un nuevo plan de ajuste en la AEE.
Según el Plan Fiscal Certificado, la JSF estima que a partir del año fiscal 2023, la tarifa eléctrica ronde 25 centavos el kilovatio hora (kvh) para aumentar progresivamente hasta acercarse a 28 centavos kvh en el 2035.
El agua y los peajes
En tanto, luego de haber levantado unos $252 millones en nuevos ingresos como resultado del aumento de entre 2.5% a 4.5% a los abonados y de reactivar la penalidad de $15 en caso de desconexión, el plan de la AAA contempla aplicar el quinto aumento consecutivo en ese servicio a partir del próximo 1 de julio.
Sobre todo, el documento también propone un alza de 2% cada año a partir del año fiscal 2022 hasta conseguir, en el agregado, cerca de $910 millones en nuevos ingresos en el año 2026.
De otra parte, en el caso de la ACT, donde la brecha entre los recaudos de la corporación pública y sus gastos alcanza unos 16 años, la JSF propone allegar otros $113 millones en recaudos de peajes en los próximos cinco años.
Para acortar la brecha entre recaudos y gastos, la JSF propuso un aumento anual en los peajes de 8.5% en los próximos cuatro años. En el año fiscal en curso, la ACT levantó unos $114 millones.