El Nuevo Dia

Mónica regresó en el 2011 a Puerto Rico luego de vivir en Estados Unidos un par de años.

A su llegada, necesitaba urgentemente de un auto, pero como no tenía empleo, nadie le financiaba uno. Mientras buscaba opciones en los clasificados se topó con una compañía, con nombre idéntico al de un dealer o concesionario de autos, en donde le aseguraban que podían conseguirle un carro.

Pagó $3,000 por un auto por el que debía pagar una mensualidad de $322. La entrega y firma de un contrato le dio la impresión a Mónica, nombre ficticio para proteger su identidad, que se trataba de un negocio lícito. Mónica estuvo pagando el auto por un año, pero cuando acudió a renovar el marbete no lo pudo hacer porque el auto no estaba a su nombre. El broker de autos “resolvió “ su problema al darle otro auto.

Pero, al cabo de unos meses, el esposo de Mónica se quedó a pie frente a una panadería luego de que la Policía lo detuviera y constatara que el auto que poseía tenía un gravamen del banco.

“Nosotros decidimos comprar otro auto cash y olvidarnos, pero perdimos más de $10,000”, contó Mónica a este diario.

Mónica es una de las dos víctimas principales de un creciente esquema fraudulento que se está dando con autos. La otra víctima es la persona con la titularidad del vehículo que es timada y cuyo crédito se afecta al cargar con la cuenta de un carro que se desconoce dónde está. Este esquema cuenta con varias modalidades, explicó el  sargento Luis Díaz Carrillo, director interino de la División de Vehículos Hurtados de San Juan de la Policía.

La Policía trabaja con cientos de casos de personas que entregan su auto a concesionarios o a personas que se hacen llamar brokers de vehículos con la intención de librarse de la cuenta bancaria, pero terminan con mayores problemas económicos porque no se salda ni se cambia la titularidad del auto.

Según explicó el sargento, con esta situación hay, al menos, dos perjudicados. Precisó que la persona que es timada por un empleado de un dealer o por un broker de autos  porque tiene problemas en su crédito al cargar con una cuenta de un auto cuyo paradero es desconocido. Mientras que quienes compran autos de los llamados broker de autos se exponen a quedarse sin vehículos y perder miles de dólares.

El esquema fraudulento con autos tiene varias modalidades con el mismo resultado, explicó Díaz Carrillo. Se ha registrado cuando dueños de autos que aún deben acuden a un dealer y dejan sus autos con la esperanza -como les ha dicho un empleado- de que sea vendido. Pero al cabo de unos días o meses se enteran que el vehículo fue vendido, el empleado no aparece y no saldó la unidad al banco, y tampoco hizo el trámite correspondiente para hacer constar que el auto posee otro dueño. Por lo tanto, se afecta el crédito del titular del auto y, según explicó Díaz Carrillo, en ocasiones los autos terminan en manos de personas con expediente delictivos que utilizan la unidad para sus fechorías.

Precisó que el fraude también se produce cuando el dueño del vehículo lo entrega a un empleado de un concesionario a cambio de otro, lo que se conoce como “trade in”. El empleado del dealer opta por vender el auto sin saldarlo al banco y si hacer los trámites para hacer constar que hubo un cambio de dueño.

También hay empleados de dealers que optan por recurrir a un broker de autos para “acelerar la venta” y que le consigan una tercera persona que compre el auto con la promesa de repartir las ganancias de la venta sin dar participación al dealer.

Las ganancias son divididas entre el broker y el vendedor del dealer porque se trata de una gestión que hace el empleado en su carácter personal, explicó Díaz Carrillo.

Asimismo, el llamado broker de auto puede actuar solo también en el esquema fraudulento. Incluso se anuncian en los medios de comunicación como una opción para aquellos que quieran salir de la cuenta de su auto, dijo el sargento. Le piden al dueño del vehículo que les deje la unidad porque la pueden vender en corto tiempo y luego desaparecen, dijo Díaz Carrillo. Explicó que el contrato que firman con quienes creen que están adquiriendo un acto es un documento ilegal porque nadie puede hacer negocios con un carro cuya titularidad no se posee. Añadió que ese contrato sirve de evidencia para la radicación de una querella.

“Para el que lleva su auto a un dealer, esto representa un dolor de cabeza porque se queda con la primera cuenta que no se ha saldado y la segunda cuenta. Aquí pueden haber dos perdedores: el que pierde su carro y el que lo compra y luego lo pierde cuando el banco lo recupera. Estas últimas son personas que usualmente tienen problemas con el crédito o problemas para obtener el financiamiento”, afirmó.

“Hay personas que han comprado y siguen pagando. Pero también tenemos personas que han comprado y no sabían que el banco está buscando el carro porque el broker lo engaña y lo coge un policía y se queda sin carro”, añadió.

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery Adames, recomendó a los consumidores no confiar autos o adquirir vehículos a personas no autorizadas o “dealers que florecen por ahí”.

El Daco tiene poder y jurisdicción para recuperar el auto, exigir que se le pague al dueño del auto por los daños o una de estas soluciones.

Pero tanto el secretario como Díaz Carrillo recalcaron en la importancia de no confiar en terceros que prometen vender o conseguir un carro sin que medie el proceso requerido por ley.

Díaz Carrillo dijo que cualquier persona que se presente ante un ciudadano como un broker de autos debe tener una licencia del Departamento de Transportación y Obras Públicas que lo autorice a vender y comprar autos. Además debe tener una autorización escrita del banco que financió la unidad, si aún se debe. Explicó que nadie puede vender autos en Puerto Rico sin estos documentos o, de lo contrario, violenta la Ley 8 para la Protección de la  Propiedad Vehicular. El oficial destacó que de, acuerdo con esa ley, vender o disponer de un auto, que aún es propiedad de un banco, sin hacer el proceso correspondiente es un delito grave que conlleva una pena mínima de cuatro años de cárcel y hasta un máximo de 10 años en prisión.