La pugna que involucra al Departamento de Hacienda, los propietarios de centros de inspección de vehículos de motor y la Asociación de Suscripción Conjunta amenaza con crear serias dificultades a los conductores que dejaron para última hora las gestiones para comprar sus marbetes durante este último fin de semana del mes, que coincide con el receso gubernamental de Viernes Santo.

El Departamento de Hacienda asegura que hay suficientes lugares para adquirir el marbete, aunque la mayoría de los centros de inspección no han cumplido aún con el reglamento que está generando esta discordia.

El presidente del Comite Estaciones de Inspeccion del Centro Unido de Detallistas, Carlos Crespo, asegura por su parte que “el 80% de las estaciones no tienen marbetes y al resto se les acabarán pronto”.

Según Hacienda hay sobre 246 establecimientos en toda la Isla para comprar marbetes. Ese grupo incluye 46 centros de inspección que están certificados por el Departamento porque cumplen con el reglamento, 87 colecturías y sobre 115 sucursales y establecimientos de las instituciones financieras Banco Cooperativo, Banco Popular, Doral Bank, First Bank, Oriental Bank, Popular Auto, Banco Santander, y Scotiabank.

La controversia tiene su origen en un reglamento que se aprobó en el 2010 y que ordena a los propietarios de centros de inspección a remitir por vía electrónica a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC- seguro compulsorio) el dinero que cobran por este servicio al momento de vender un marbete.

El problema principal es que dicho reglamento, el 7831 del 2010, impone dos fianzas a los dueños de los centros; una a nombre de la ASC y otra para el Departamento de Hacienda, por $30,000 cada una. Dichas fianzas implican un pago inicial de $4,000 en efectivo, por cada una de ellas, y el resto garantizado por una fiadora, renovable anualmente.

Hasta ahora el estatuto no se había puesto en vigor, pero el pasado 14 de febrero Hacienda notificó a las Estaciones que comenzaría a aplicarlo para atender una orden del Tribunal Federal, que amenazó a la agencia con imponerle una multa diaria de $5,000 si no implantaba el mismo. El CUD respondió con un recurso judicial de cese y desista, que radicó el pasado 28 de febrero en el Tribunal de Primera Instancia, solicitando que se detenga su aplicación.

Sostiene el CUD que este reglamento “es una acción sin precedente, con el que una agencia del gobierno impone a todo un sector empresarial del país unas funciones y labores en beneficio exclusivo de una entidad privada”.

La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, respondió entonces a la acción judicial explicando que “la promulgación del reglamento obedeció en parte a la orden del Tribunal Federal en el caso Joint Underwritters Association (ASC) v. Hacienda, Civil Núm 08-1707 (JAF), que le exige a Hacienda asegurarse de que todas las entidades autorizadas a cobrar las primas del seguro obligatorio, transfieran directamente o autoricen a la ASC, a debitar de sus cuentas las primas cobradas”, dijo.

“Si Hacienda falla en cumplir estos términos dentro de los periodos indicados en la Orden, pagará una sanción monetaria en la cantidad de $5,000 por cada día que no cumpla, determinó el Tribunal Federal”, afirmó la secretaria.

La vista del recurso judicial se vio el pasado 25 de marzo y la jueza que intervino ordenó a los demandantes presentar sus argumentos contra la petición de Hacienda de que se desestime la reclamación por haber expirado los periodos dispuestos para impugnar el reglamento.

Hoy, miércoles, la asesora legal del Departamento, Valerie Maldonado, confirmó que Hacienda enfrenta el riesgo de ser multada por $5,000 diarios si no aplica el reglamento y aseguró que el número de centros de inspección que está dispuesto a cumplir con el mismo está en aumento.

Confirmó además Maldonado que Hacienda está notificando al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) cuales centros están en cumplimiento del reglamento y cuáles no. A estos últimos no se les están entregando marbetes para la venta.

“Hay 46 en cumplimiento, de los 192 que estaban vendiendo, por lo que 146 que no están cumpliendo. Ya hay otros que están trayendo sus papeles y esperamos que diariamente sigan viniendo más. Lo que tienen que traer es una certificación del seguro compulsorio ( de que tienen la fianza que se les requiere)”.

Crespo señaló por su parte que lo que pretende la Asociación de Suscripción Conjunta del seguro compulsorio es que los propietarios de los centros de inspección, además de prestar una fianza adicional de $30,000, - de los cuales tienen que poner $4,000 en efectivo al solicitarla -, que también tengan un archivo para guardar por cinco años todas las transacciones que hagan de ese seguro y que todos los lunes les envíen un informe de las ventas de la semana. “A cambio de eso nos dijeron que ellos no iban a pagar nada por ese servicio”.

“El reglamento lo impugné, no tenemos problemas con que se divida la fianza que ya tiene Hacienda, hacerle el trabajo y que ellos me paguen por mi servicio”, afirmó.

El caso, indicó, se va a ver el 9 de abril en el tribunal y en esa fecha radicarán la evidencia de las gestiones que se hicieron para impugnar el reglamento en el momento.

Crespo atacó duramente la posición de la ASC y le acusó de pretender recibir un servicio sin pagar por el mismo, mientras tienen más de $300 millones en reservas.