El auge de los teléfonos móviles, con la proliferación de las unidades inteligentes o “smartphones”, ha desatado intensos patrones de fraude, robo y tráfico de estos aparatos, muchos de los cuales terminan revendiéndose fuera de Puerto Rico o en mercados locales clandestinos.

La Policía estima que en alrededor del 35% de las querellas de robo que recibe el ladrón se lleva un teléfono móvil de la víctima. En muchos de estos, el asalto es con el único propósito de llevarle el aparato y tal vez el dinero en efectivo que cargue la víctima.

Este estimado implica que solo en el 2011 la Policía recibió entre 1,971 y 2,628 querellas por robo de celulares. Este año la cifra está entre 1,296 y 1,728 teléfonos móviles. En Puerto Rico se estima que hay unos 3,109,516 celulares. Es decir, cuatro de cada cinco personas, incluyendo niños, tienen al menos un celular.

Según el teniente Ferdinand Acosta, jefe de la División de Robos de la Policía en San Juan, la creciente demanda por estos aparatos aparentemente es lo que ha hecho proliferar los mercados clandestinos de celulares.

De hecho, la impresión de varios oficiales policiacos es que el aumento en los casos de robo de celulares es proporcional a la demanda comercial por estos aparatos. Según datos de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, desde el 2001 la cantidad de unidades inalámbricas de teléfono se ha duplicado hasta llegar a las 3,109,516 unidades activas en julio de 2012.

“Esto es solo en robos, con las apropiaciones ilegales y escalamientos es igual”, dijo Acosta. Ayer, la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomuniciones, Sandra E. Torres López, no contestó las peticiones de entrevista de este diario.

Detrás de la gran mayoría de estas querellas de robo hay al menos dos esquemas: uno de fraude y otro de tráfico de celulares. Ambas, según estimados, implicaron pérdidas que rondaron los $457,000 solo en el 2011. Estas pérdidas, al final del día, implican gastos para las compañías celulares, los aseguradores de estos teléfonos y los usuarios de teléfonos celulares.

Esquema fraudulento

El fraude consta de denuncias falsas de robo por parte de los usuarios para reclamar un teléfono móvil nuevo al proveedor de servicios. Usualmente, en este tipo de casos la persona que finge el robo ya confronta problemas con su equipo, ya sea porque lo extravió, lo rompió o lo averió. Este tipo de fraude es el más común detrás de las querellas, coincidieron, por separado, oficiales de tres regiones policiacas.

La razón de estas querellas falsas es muy simple: sin una querella de robo muchos usuarios no pueden reclamar a su proveedor una unidad nueva.

“Antes con una querella de pérdida la persona podría reclamar el teléfono al seguro, pero ahora el seguro solo le cubre en escenarios como el de robo y la gente resuelve denunciando un robo aunque no haya ocurrido”, explicó el teniente.

Tráfico de celulares

Por otro lado, según Acosta, muchas de las querellas de robo son reales. Detrás de estos asaltos hay negocios informales que se dedican a desbloquear y revender estos aparatos móviles. Algunas de estas redes cuentan con contactos en el exterior y los teléfonos robados terminan siendo vendidos en los Estados Unidos o países vecinos como la República Dominicana.

“El problema es que estos celulares se pueden identificar por su número de serie o identificación electrónica y eso es algo que no se ve a simple vista en el celular, por lo que recuperarlos es bien difícil”, dijo Acosta. De hecho, señaló que en más del 90% de estos casos el celular nunca es recobrado por la Uniformada.

Se trata también de un problema generalizado en la Isla. El capitán Jaime Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, y el exjefe de la rama investigativa de Ponce y comandante de uno de los distritos de la Región Este, Diosdado Pérez, afirmaron, por separado, que es un problema con el que tienen que lidiar a diario en sus respectivas regiones.

“Estos también son delitos difíciles de probar porque casi nunca hay testigos”, enfatizó Rivera.

Algunos de los mercados para este contrabando de teléfonos móviles robados ya han sido identificados por la Uniformada. Acosta, por ejemplo, señaló que la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y el casco urbano aledaño son dos de los focos principales de este tipo de actividad delictiva.

“Allí el perfil del que comete los robos es claro. Usualmente son menores de edad o personas con problemas de adicción que buscan hacer dinero robándose el celular y vendiéndolo rápido por $20 o $40 en algunos negocios en el Paseo De Diego que ellos saben que se dedican a eso (reventa de celulares robados)... La mayoría de los que se han logrado atrapar ha sido porque un policía los detiene justo después del robo”, explicó Acosta. En esta zona, la mayoría de las víctimas son estudiantes.

El teniente explicó que el bajo precio de los artículos robados implica un atractivo enorme para las personas que buscan mejorar el modelo y la capacidad de su aparato móvil.

“Si me interesa tener un teléfono mejor voy a uno de estos sitios clandestinos, compro un celular y le pongo el chip de mi unidad y ya, tengo un teléfono mejor que representa más, aunque sea robado”, señaló Acosta.

Pérez explicó que el problema es tan amplio que en algunas regiones, como Caguas, están creando campañas educativas para que los ciudadanos tomen medidas para evitar delitos como el robo.

“Yo creo que esto se ha propagado mucho y no es solo con los celulares. Pasa mucho también con equipo electrónico como las tabletas y las ‘laptops’ (computadoras portátiles)”, dijo el capitán.

Con el nuevo Código Penal, el delito de robo tiene una pena fija de 20 años de cárcel, sin importar el valor de la propiedad hurtada.

Problema internacional

A inicios de este mes en México inició un acuerdo entre las principales compañías proveedoras de servicio para desactivar los teléfonos robados usando su código internacional.

En esencia, este “bloqueo” imposibilitaría el uso del aparato en los 220 países afiliados a la Asociación GSM, según publicó el periódico El Universal.

Según la publicación, alrededor del 10% de los robos comunes que se producen en el Distrito Federal mexicano son de teléfonos móviles.