21 de octubre de 2024

El Vocero

Uno de los informes de la OCPR revela que 133 de 278 entidades gubernamentales incumplieron con la Ley 96 de 1964, que dispone que las agencias deben emitir una certificación anual para notificar las pérdidas o irregularidades en el manejo de fondos o bienes públicos. 

 

 

Tras ser abordados sobre el resultado de dos informes que colocan al 50 por ciento de dependencias públicas en incumplimiento con leyes que regulan el manejo de fondos públicos y el registro de contratos, funcionarias de la Oficina del Contralor (OCPR) y del Inspector General (OIG) de Puerto Rico coincidieron en que se necesitan designar jefes de agencia que muestren más compromiso con su gestión administrativa.

Según los dos informes especiales de la OCPR, divulgados recientemente, el 50% de unas 278 entidades públicas no cumplieron con la Ley 96 de 1964 de Pérdida de Propiedad y de Fondos Públicos, y tampoco con la Ley 18 de 1975 de Registros de Contratos.

“Estos procesos de cumplimiento, tú tienes que, como jefe de agencia gubernamental, asegurarte de que tienes un mecanismo para cumplir con todas las leyes que existen… Cuando un jefe de agencia llega, lo primero que debe mirar es qué es lo que tiene que cumplir… y pedir cuentas sobre si se está cumpliendo o no… Si un jefe de una agencia gubernamental no tiene ese compromiso y esa disposición de cumplimiento, entonces ahí es que vemos que puede haber fallas a estas leyes”, indicó a EL VOCERO la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera.

La funcionaria agregó que “la falta de supervisión de los propios jefes” provoca que las agencias no tomen en serio el cumplimiento de algunos estatutos.

“Si como jefa de agencia, estoy en conocimiento de cuáles son las cosas que tengo que cumplir, yo tengo la capacidad de poder supervisar y exigir que se cumpla. Pero, si no tengo conocimiento, ¿cómo voy a supervisar que los procesos se den?”, agregó Torres Rivera.

“Debe haber consecuencias”

Aunque la inspectora general indicó que la OIG realiza auditorías internas constantes en la rama Ejecutiva, subrayó que los informes de la OCPR permiten a la agencia inspectora monitorear las entidades para validar si están en cumplimiento o si se requiere una intervención o sanción por incumplimientos recurrentes.

 

La Inspectora General de Puerto Rico, Ivelisse Torres, dijo que “la falta de supervisión de los propios jefes” provoca que las agencias no tomen en serio el cumplimiento de algunos estatutos. 

Archivo / EL VOCERO

Además de la anulación de contratos y la restitución de fondos públicos, la Ley 15 de 2017 dispone que la inspectora general podrá imponer sanciones administrativas que, según Torres Rivera, ascienden a $5,000.

La inspectora general también indicó a este medio que la OIG ha emitido 484 órdenes a jefes de agencias para exigirles a que cumplan con los requerimientos por intervenciones de la oficina.

“Después que se emiten las órdenes, en la mayor parte de los casos se cumple. Sin embargo, un jefe de agencia no debe esperar a que se emita una orden con notificación de una posible sanción para cumplir”, puntualizó Torres Rivera, toda vez que recordó que los incumplimientos que no son recurrentes pudiesen tratarse de errores menores.

Por su parte, la directora de la División de Registros Públicos de la OCPR, Rocío De Jesús Gómez, señaló que la agencia da seguimiento a los funcionarios principales y a los oficiales de enlace encargados de cumplir con los asuntos administrativos, pero que algunos no responden.

“Delegan (esas tareas) en un funcionario, pero la persona no está cumpliendo. Emitimos cartas circulares donde se les dice que tienen 30 días para atender los reparos, pero entiendo que a ellos no les importa. Te puedo decir que sí, que algunos reaccionan y se preocupan, pero no son todos… A veces hasta el jefe no sabe. Ellos piensan que sí, que están cumpliendo”, agregó la directora, quien reiteró que co rresponde a los directores de las agencias “dar seguimiento y rendir cuentas”.

De Jesús Gómez también señaló que las entidades públicas donde la OCPR identifique incumplimientos o irregularidades deben ser referidas a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), a la que corresponde establecer sanciones.

“Pienso que debe haber consecuencias… Nosotros los referimos, pero no hay consecuencias”, acotó la funcionaria.

Incumplimiento de agencias

El primer informe publicado por la OCPR, que cubrió el periodo del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2023, reveló que 133 de 278 entidades gubernamentales incumplieron con la Ley 96 de 1964 que dispone que las agencias deben emitir una certificación anual para notificar las pérdidas o irregularidades en el manejo de fondos o bienes públicos.

Según el estudio, agencias como la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y los municipios de Bayamón y Vega Alta, demoraron más de 700 días en entregar la certificación.

Cuando un jefe de agencia llega, lo primero que debe mirar es qué es lo que tiene que cumplir… y pedir cuentas sobre si se está cumpliendo o no… Si un jefe de una agencia gubernamental no tiene ese compromiso y esa disposición de cumplimiento, entonces ahí es que vemos que puede haber fallas a estas leyes.

Ivelisse Torres Rivera

Inspectora General de Puerto Rico

Un segundo informe, que cubre el periodo del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023, precisa que 138 de estas entidades no atendieron los reparos de contratos en el término establecido bajo la Ley 18 de 1975, la cual dispone que “toda entidad debe registrar y remitir a la Oficina (del Contralor) copia fiel y exacta de todos los contratos y enmiendas a estos” dentro de los 15 días de su otorgamiento.

Este último informe también reveló que los funcionarios principales de 177 de estas agencias certificaron, bajo juramento, “información incorrecta” en los contratos que registraron.

“Tiene que verificar que la información está correcta, que si anotó que ese contrato es de $10,000, el documento que subió (la agencia al sistema) tiene que decir $10,000”, enfatizó De Jesús Gómez.

Mientras que la ley permite a las entidades 30 días para resolver cualquier reparo en los contratos, agencias como el Departamento de Educación, el DRNA, el Departamento de Salud y 19 municipios, estuvieron más de 500 días sin atender los mismos.

De acuerdo con De Jesús Gómez, las 133 agencias que incumplieron con la Ley 96 y las 138 que violaron la Ley 18 fueron referidas a la OEG.

EL VOCERO solicitó a la OEG información sobre qué sanciones o cursos de acción tomaron tras los referidos de la OCPR y la agencia se limitó a decir, en declaraciones escritas, que “todo informe que se recibe por parte de la Oficina del Contralor, se refiere al Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo (AIPA) para una evaluación preliminar. De esta forma se determina si existe o no una potencial violación a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico Ley 1-2012 (LOOEG)”.