La ofensiva del Departamento de Hacienda en contra de evasores contributivos entró en una nueva etapa al referir al Departamento de Justicia a la primera empresa que se investiga formalmente por evasión del Impuesto de Ventas y Uso (IVU).

Y los planes de Hacienda es que este no sea el único caso. De hecho, la agencia tiene casos abiertos contra unos 200 contribuyentes. “Hay muchas otras corporaciones que están siendo investigadas”, adelantó ayer Luis E. Correa Gutiérrez, secretario auxiliar de Delitos Contributivos de Hacienda.

El funcionario rehusó dar ejemplos concretos de las investigaciones en curso y evadió preguntas sobre la pesquisa referida ayer a Justicia que, según fuentes de este diario, se trata de una de las corporaciones más grandes dedicadas a la administración de estacionamientos en la Isla. Preliminarmente, se le atribuye a esta empresa dejar de remitir al Gobierno alrededor de $10 millones.

Tampoco precisó cuántas de las pesquisas son contra empresas con un alto volumen de ventas que redunden en evasiones multimillonarias con un impacto significativo en el fisco. El funcionario solo se limitó a señalar que próximamente bajarán referidos adicionales de evasiones cuantiosas de impuestos.

cero impunidad

Se espera que próximamente se completen unos 50 casos bajo investigación en Hacienda. El esfuerzo, según Correa Gutiérrez, busca eliminar la impunidad entre los evasores de impuestos. Para eso la agencia está añadiendo una treintena de agentes especiales a la División de Delitos Contributivos, contrató como asesor a un exfiscal y comenzó a agilizar los casos que ya estaban pendientes. Desde enero, esta división de Hacienda refirió 30 pesquisas a Justicia y comenzó 50 pesquisas nuevas. El referido de ayer es el primero que hacen por evasión de los impuestos del IVU.

“Con el referido de hoy (ayer) al Departamento de Justicia, continuamos avanzando en nuestra lucha contra la evasión contributiva corporativa. No remitir el pago a Hacienda del IVU cobrado por una empresa a los ciudadanos constituye un delito. Para Hacienda es importante defender a los que pagan y fiscalizar a los que no pagan sus contribuciones”, destacó la secretaria de Hacienda, Melba Acosta al anunciar el referido a Justicia en un comunicado de prensa.

se quedaron con el ivu

Los detalles en las declaraciones escritas de la secretaria eran un tanto escuetos. No obstante, dos fuentes con conocimiento de la información confirmaron que la empresa señalada en el referido es American Parking Systems, que preside el empresario Miguel Cabral.

La presunta evasión contributiva fue porque la empresa, por años, no remitió a Hacienda lo que cobraba del IVU ni las retenciones que les hacía a los empleados por concepto de ingresos devengados. Según la investigación de Hacienda, la empresa aparentemente plasmaba en sus planillas su volumen de ingresos y reportaba lo retenido a sus clientes, pero no enviaba los pagos a la agencia. Al menos, no completos.

Los investigadores de Hacienda entienden que esto implica una apropiación ilegal de fondos públicos. “Si sabemos que retuvo las contribuciones es porque lo pusieron en las planillas”, dijo Correa Gutiérrez.

Inscrita en el 25 de agosto de 1977, American Parking Systems se dedica a operar estacionamientos alrededor de toda la Isla. Sus servicios incluyen tanto estacionamientos del Gobierno como del sector privado, incluyendo hoteles, bancos, centros comerciales y hospitales.

El Nuevo Día intentó ayer en varias ocasiones obtener una reacción de Miguel Cabral, presidente de la empresa o de su hermano Rolando Cabral, pero los ejecutivos no le devolvieron las llamadas de este diario.

Esta empresa, fundada por los hermanos Cabral, fue la que operó desde el 1999 el estacionamiento del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde, según reportes periodísticos. La empresa fue sacada del aeropuerto por alegado incumplimiento contractual. La salida coincidió con la privatización del aeropuerto a la administradora Aerostar Airport Holdings.

El estacionamiento en el aeropuerto fue construido por P.R. Parking Developers, una sociedad entre Redondo Construction y American Parking Systems, mediante un contrato de $35 millones.

Contratos a tutiplén

Este no es el único contrato de American Parking Systems con el gobierno. Actualmente, la empresa tiene un contrato con la Compañía de Parques Nacionales para operar el estacionamiento del Parque del Tercer Milenio, mejor conocido como El Escambrón en San Juan. La cuantía del contrato es de $792,000 por un período de cinco años, de acuerdo con documentos de la Oficina del Contralor.

Dicho contrato inició el 30 de junio del 2011 bajo la dirección del entonces director ejecutivo de la corporación pública, Daniel Galán Kercadó, y caduca el 30 de junio de 2016, con un canon de arrendamiento de $13,200 mensuales durante esos cinco años.

Ayer no se explicó como la empresa pudo obtener este contrato cuando tenía una deuda corporativa con Hacienda.

No obstante, este contrato parece ser una extensión al servicio que esta empresa ha ofrecido por años a esta corporación pública, ya que del 2008 al 2010 la Compañía de Parque Nacionales le otorgó un contrato similar pero por un total por $282,000.

Entre el 2005 al 2010, la empresa de los hermanos Cabral hizo negocios con la Oficina del Procurador del Ciudadano. La Corporación de Servicios Universitarios también le otorgó en el 2003 un contrato por $3,000 y otro de $321,000 entre el 2005 y el 2007, y entre el 2009 y 2010 la Corporación del Conservatorio de Música le otorgó contratos por $50,000 anuales, de acuerdo a la Oficina del Contralor.

Un pasado oscuro

American Parking y sus fundadores, los hermanos Cabral, han estado en el pasado en la palestra pública. Según informes periodísticos publicados en el 2009, los hermanos Cabral fueron testigos en el juicio por fraude y soborno contra el exsenador Jorge de Castro Font. En este caso, el empresario Ramón Mac-Crohon reconoció que le pagó $20,000 a de Castro Font a través de la compañía American Parking Systems. Se señaló en las denuncias que éste y otros pagos se realizaron en concierto y común acuerdo con los hermanos Cabral.

De hecho, Rolando y Miguel son hermanos de Ramón Cabral, quien en el 2005 fue implicado por el Departamento de Justicia en un fraude de $592,000 en la Autoridad de los Puertos.