17 de enero de 2017

En lo que a todas luces se ve como una confabulación de naturaleza criminal entre ciertas empresas y políticos para defraudar al consumidor, 10 compañías de telecomunicaciones que integran la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones robaron información privilegiada de un competidor y promovieron prácticas de espionaje corporativo para generar un proyecto de ley que impediría un servicio de Internet accesible y de mejor calidad al que tiene Puerto Rico, según se reveló en documentos de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) en poder de Doctorshoper.com.

La JRT tiene ante su consideración una Resolución y Orden (Caso Núm. JRT-2016-CCG-002) para investigar a la Alianza Puertorriqueña de las Telecomunicaciones donde en vista pública de la Comisión de Pequeños Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones de la Cámara de Representantes de Puerto Rico (la Comisión), de que obtuvieron los estados financieros de PREPANET de los archivos de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de forma ilegal.

Durante la referida vista, celebrada el 10 de febrero del 2016, donde la Alianza estuvo representada por el Sr. Felipe Hernández y los Lcdos. Omar Martinez y Francisco Silva. Surge del audio de dicha vista pública, que a preguntas del Presidente de la Comisión, Hon. Javier Aponte Dalmau, sobre la base de la información que sostenía los números que presentó la Alianza en un estudio realizado por el Economista Gustavo Vélez, los licenciados Silva y Martinez aseveraron que tal estado financiero no era un documento público, pero que lo obtuvieron a través de una copia que está en uno de los archivos de uno de los casos de la Junta.

De ser ciertas la información revelada de los representantes de la Alianza, se pone entredicho el manejo de la Junta de la información sometida de carácter de confidencialidad, incluyendo la información privilegiada  que presenten las entidades que componen la Alianza. La Junta le envió una carta al Sr. Pedro G. Andrés, presidente de la Alianza, a los licenciados Martinez y Silva el pasado 16 de junio del 2016 para que aclararan como obtuvieron una información clasificada como confidencial de los archivos de la Junta. Tanto el Presidente de la Alianza Pedro G. Andrés como el licenciado Silva contestaron la carta pero no aclararon como obtuvieron el documento. El licenciado Martinez hizo caso omiso a la carta de la Junta.

Por otro lado la Resolución y Orden emitida por la Junta, establece que la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones es una entidad que está operando ilegalmente de acuerdo con la ley que crea la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico. Lo que significa que la Alianza para poder ser un ente legítimo tenía que haberse registrado ante la Junta. De hecho, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico recientemente sostuvo que la Junta tiene jurisdicción sobre una entidad que no preste servicios de telecomunicaciones. Liberty Cablevision v. AEE, (KLRA201600302). En la medida en que la Alianza agrupa compañías de telecomunicaciones, tiene un interés sobre compañías de telecomunicaciones y tiene control sobre los servicios de telecomunicaciones que se brindan en Puerto Rico, la Junta tiene jurisdicción sobre la Alianza.

 Lo increíble es que el actual presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico el Hon. Carlos Johnny Méndez radicara el Proyecto de la Cámara número 27 con el propósito crear una competencia justa en las telecomunicaciones en vez de radicar una solicitud de investigación sobre este acto de índole delictivo que pone entredicho la credibilidad del Gobierno de Puerto Rico a lo que confidencialidad de documentos se refiere,  pero muy en especial en lo relacionado con la Junta.

También hay que mencionar que este tipo de acto delictivo por parte de la Alianza tiene repercusiones bajo las leyes federales ya que el espionaje corporativo en especial relacionado con las telecomunicaciones se podría considerar un atentado contra la seguridad nacional. Hay que recordar que Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) es el ente regulador.

La Alianza Puertorriqueña de las Telecomunicaciones  http://alianzaprtelecom.org/ se compone de las siguientes 10 compañías: Claro-Puerto Rico, Open Mobile P.R., Neptuno Networks, Optivon Inc.,Liberty P.R.,Aeronet, CP Net, WorldNet Telecomunications, Columbus/C&W, Data Access.

Esta Alianza el pasado año generó toda una campaña en las redes sociales y en los medios masivos bajo el lema “Ni un chavo más” para impedir que la empresa PrepaNet desarrollar. Sin embargo, lo que está detrás de dicha campaña es evitar que esas empresas mejoraran la tecnología.

En la resolución de la Junta se evidencia que la Alianza se confabuló con algún o algunos empleados de la JRT quienes le proveyeron información privada y confidencial de la empresa PrepaNet, incluyendo sus estados financieros. En la resolución de la Junta hace interrogatorio y solicitud de documentos a la Alianza.

Mientras todo esto ocurre, el servicio de Internet para los consumidores es deficiente ya que la queja principal es que no están recibiendo un servicio digno.  Se cae el servicio constantemente o  te dicen que son tantos “megas” cuando no lo son.

La resolución que tiene la JRT ante su consideración demuestra las acciones tipo sicarios de las empresas privadas se unieron con el propósito de sacar de circulación a un competidor. Habría que preguntarse que si esto se dio en las telecomunicaciones. ¿qué estará pasando en otras entidades regulatorias del país en momentos en que se habla de la ley de transparencia?

No se pierdan mañana la segunda parte de esta serie investigativa.