15 de junio de 2017

Centro Periodismo Investigativo

Legislación propone reducirles el dinero del reembolso federal del arbitrio de ron a destilerías en Puerto Rico y redirigirlas a empresas nativas y comunitarias

Por Damaris Suárez| Centro Periodismo Investigativo

El Senado considera reducir de 46% a 35% la partida que reciben las destilerías boricuas del reembolso que recibe Puerto Rico por la vía del arbitrio federal al ron que se vende en los EEUU y reasignarlo a un fondo dirigido a incentivar la creación de microempresas comunitarias y cooperativistas. El proyecto de ley se radicó en marzo tras los hallazgos de una investigación que reveló que el gobierno ha dejado de devengar $454 millones para entregarlos a las compañías que producen ron en la isla, industria que a su vez ha mostrado un crecimiento, mientras ha reducido su aportación al erario.

El resultado de la decisión del gobierno de aumentar desde el 2011 el dinero que reciben las productoras de ron y el impacto en las ya maltrechas arcas del gobierno, ha provocado la medida, que enfrenta la férrea oposición de las destilerías Bacardí y Serrallés.

Aunque inicialmente el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto expresaron reservas por el impacto fiscal, el proyecto se enmendó para aclarar que los fondos provendrían de la partida del reembolso que se destina a las destilerías. En el caso de Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, sus objeciones se basan en que disminuir los incentivos alegadamente podría poner en desventaja a la industria del ron puertorriqueño ante sus competidores en las Islas Vírgenes.

El DDEC tendrá lista para el viernes 16 de junio su evaluación de los incentivos directos que el gobierno otorga a las destilerías producto del reembolso del arbitrio al ron para determinar si estos deben reducirse para incentivar microempresas. El informe se presentará y será discutido en la vista ejecutiva sobre el proyecto que busca crear el Fondo de Inversión de Empresarismo Comunitario Cooperativo con una fracción del dinero que ahora recibe la industria del ron.

La iniciativa es evaluada por las comisiones senatoriales de Revitalización Social y Económica de Puerto Rico; de Desarrollo de Iniciativas Comunitarias; y de Hacienda. Una investigación publicada por el Centro de Periodismo Investigativo(CPI) reveló que el gobierno dejó de ingresar $434 millones desde el 2011, al cambiar las reglas de juego sobre cómo se distribuye el reembolso por el arbitrio para atemperar los beneficios a esa industria que ofrecía el gobierno de Islas Vírgenes. Las enmiendas hechas al Código de Rentas Internas bajo la administración de Luis Fortuño aumentaron de un máximo de 10% a un 46% el reembolso que reciben las productoras de ron, lo que ha minado el Fondo General que antes recibía ese dinero y lo utilizaba en proyectos de desarrollo económico.

El CPI encontró que, a seis años de los cambios, no solo se sacrificaron $434 millones que ya no llegan al Fondo General, sino que, en medio de la recesión económica de casi una década, la industria del ron muestra un 11% de crecimiento, pero paga un 18% menos en contribuciones al erario.

El proyecto de ley es de la autoría del senador independiente José Vargas Vidot y la senadora de mayoría Zoé Laboy.

Las destilerías no han logrado explicar cómo se ha beneficiado el país con la determinación del gobierno de traspasar a sus arcas privadas el 46% de lo que Puerto Rico recibe del reembolso federal sobre el arbitrio del ron que se vende en EEUU. Hasta el momento, el Senado ha realizado dos vistas públicas, en las que Bacardí y Serrallés hicieron constar su oposición a través de memoriales por escrito.

La intención legislativa de crear este fondo ha sido bien recibida por las organizaciones sin fines de lucro, por la exgobernadora Sila Calderón, directora del Centro para Puerto Rico; el escollo parece ser que el dinero salga del fondo que se destina a las roneras.

“Yo no voy a aceptar un no de parte del ejecutivo”, aseguró en entrevista con el CPI la presidenta de la comisión senatorial de Revitalización Social y Económica, Zoé Laboy. Se refería a que durante el proceso de vistas públicas el DDEC favoreció la medida, aunque tuvo reservas con el efecto que podría tener reducir el dinero que reciben las compañías, lo que a su juicio les podría poner en desventaja ante los jugosos beneficios que reciben sus competidores en las Islas Vírgenes.

Laboy, coautora de la medida, sostuvo que espera un informe detallado de los beneficios que ha recibido el país al subsidiar esta industria con el llamado “rum cover over”, como parte de la revaluación total de los subsidios que realiza el secretario del DDEC, Manuel Laboy. La senadora anticipa que la discusión del impacto del subsidio este viernes será medular para determinar posibles cambios a la distribución del dinero hacia otros sectores igualmente importantes para el desarrollo económico. Mencionó que las destilerías tampoco han explicado en qué se ha beneficiado el país con el millonario desembolso que anualmente se le transfiere a sus compañías. En los memoriales sometidos a la comisión, Bacardí y Serrallés basan su oposición en el efecto adverso que tendría para la industria del ron la posible disminución de estos beneficios al ponerlos en desventaja respecto a lo que ofrece Islas Vírgenes a otras empresas.

Insistió que para determinar el futuro de este incentivo es necesario que las empresas expliquen el beneficio público del uso del millonario reembolso de arbitrio al ron. Señaló que las medidas que se tomaron para aumentar el reembolso bajo la administración de Luis Fortuño, cumplieron su cometido de nivelar la competitividad de las destilerías. Por esta razón, entiende que se puede revisar y enmendar el reembolso para que la inyección económica permita, de igual forma, ayudar a otros sectores importantes para el desarrollo económico del país.

“Todos tenemos que hacer sacrificios y poner un granito de arena para aportar”, indicó la también abogada.

Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot, quien reafirmó que la medida no compromete ingresos del fondo general, cuestionó las reservas del secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy. El autor del proyecto de ley añadió que la medida supondría incentivar la economía como propone el gobernador Ricardo Rosselló.

“Nosotros tomamos el pie forzado del gobernador durante su primer mensaje donde decía que la economía debía basarse en el desarrollo de microempresas comunitarias. Identificamos un dinero que se está mal usando. Sin restar importancia a las destilerías de ron, creemos que pueden subsistir con el 35% del reembolso que es un montón de dinero y es más de lo que tenían en la ley original”, sostuvo el presidente de la Comisión Senatorial de Desarrollo de Iniciativas Comunitarias.

El P. del S. 381  busca crear la Ley Habilitadora del Fondo de Inversión para el Empresarismo Comunitario Cooperativo que se solventará del ajuste de un 11% en la distribución del reembolso del arbitrio federal al ron de Puerto Rico.

La medida destaca la importancia del tercer sector en el desarrollo social, económico y político del país. Existen unas 11,570 organizaciones sin fines de lucro  que impactan al 21% de la población con servicios vinculados a las poblaciones y áreas de mayor necesidad, según el Estudio de las Organizaciones Sin Fines de Lucro en Puerto Rico realizado por Estudios Técnicos, Inc. Aunque emplean unas 150 mil personas, las OSFL enfrentan ordinariamente problemas para la obtención de los fondos.

“La propuesta busca estimular el empresarismo comunitario cooperativo que asegure la ganancia que no vaya a las grandes corporaciones y que estimule la creación de empleos dentro de las comunidades a través de la creación de un fondo para establecer empresas comunitarias, cooperativas que de otra forma no tendrían financiamiento”, indicó Vargas Vidot, quien apuntó que el dinero que va a las grandes empresas roneras se había convertido en un mantengo corporativo y un ejemplo adicional de cómo se despilfarra el dinero público en la cultura del derroche.

El proyecto coincide con el espíritu del programa del programa federal de reembolso del arbitrio al ron, que es ayudar económicamente a Puerto Rico e Islas Vírgenes a proveer servicios públicos esenciales y a desarrollar proyectos de infraestructura. Insistió que la propuesta rompe con el mantengo gubernamental a los sectores marginados para promover el autoempleo dependiendo de las necesidades de cada comunidad.