Metropr

Aumentos en contubernio, traqueteo contributivo y acciones monopolísticas son algunas de las supuestas ilegalidades que permean sobre la industria del gas licuado según exempleados de una de las dos empresas que controlan el mercado en la Isla.

 

 

Sus denuncias no solo evidencian el robo del cual son víctimas miles de puertorriqueños cuando adquieren un tanque de gas, sino que pone al descubierto la ineficiencia de las agencias gubernamentales para regular esta industria.

El propio secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery Adames, reconoció que por años la fiscalización de estas empresas ha sido inexistente. No obstante, afirmó a Metro que su administración “le tiene el ojo echao” a los importadores de gas propano.

Actualmente, en Puerto Rico, la distribución de este derivado del petróleo está controlada por dos industrias: Empire Gas —que controlan el 80 % del mercado— y Tropigas — con el 20 %—.

Hace una semana, extrabajadores de Tropigas revelaron a Metro, con lujo de detalles, el supuesto modus operandi que utiliza la empresa para lavar dinero y defraudar al fisco.

“Los chavos que el plantero cobra en efectivo a los detallistas y a los que llevan el tanque de BBQ a llenar (20 libras) los colocan en un sobre que le dicen ‘el cashito’, lo separan de las ganancias del día, y cada semana se lo entregan a un supervisor, quien lo lleva a uno de los hijos del dueño de Tropigas”, dijo uno de los exempleados de la empresa que habló con Metro bajo condición de anonimato.

Añadió que “en la jugada se recoge entre 5 mil y 6 mil dólares por semana, por planta”. Tropigas tiene 23 plantas, mientras que Empire Gas, 134, supo Metro.

“Quien le pasa el ‘cashito’ al supervisor” tiene que también entregarle un reporte con facturas independientes en que se indica la cantidad de gas propano vendido durante la semana.

Metro obtuvo copia de dichos reportes. En los mismos se detalla el tamaño del tanque servido, la planta donde se brindó el servicio y si el pago fue cash o credit. No se especifica en las facturas el precio del servicio, ya que el total aparece en cero.

Otro exempleado que laboró como plantero (sirviendo gas) en la mencionada empresa por espacio de 8 meses dijo que a los clientes se les entrega un recibo en el cual solo aparece la cantidad que pagaron y las libras del tanque llenado. Nombre, dirección y teléfono de la empresa no aparecen por ninguna parte en el recibo, constató Metro.

El explantero señaló que al ver el “traqueteo” que operaba en su área trabajo le pidió al supervisor que le firmara una carta en la que certificaba la cantidad de dinero que le entregaba en el “cashito”. “Para que no hubiera malos entendidos y no me fueran a botar”.

El relevo de responsabilidad con fecha de este año dice: “Yo..., plantero de..., por la presente notifico que hago entrega del ‘dinero recaudado’ (dinero no registrado, entregado al patrono), al señor... Con dicha notificación hago constar que no me hago responsable de lo que pueda suceder con lo antes mencionado luego de ser entregado, dado que no tengo ningún control de este dinero luego que se encuentre fuera de mi alcance”, se expresa en el documento en el cual aparece la fecha y firma del plantero y del supervisor.

“Están dejando de reportar entre 6 y 7 millones de dólares al año”, afirmó un detallista de gas, quien no descartó que la práctica también sea ejecutada por Empire Gas, ya que tiene conocimiento de que “ambos se ponen de acuerdo para fijar un precio en el mercado”.

El costo del galón de gas licuado sufrió recientemente un alza, luego que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, colocara un impuesto al barril de petróleo.

El aumento ha provocado que el tanque de 100 libras, que en el pasado se conseguía entre 75 y 85 dólares, hoy fluctúe entre los 90 y los 100 dólares.

La lucha por el precio del gas licuado en Puerto Rico no es nueva. En el pasado, el expresidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara, Jorge Navarro Suárez, denunció que los importadores, Empire Gas y Tropigas, estaban aumentando los precios del producto en la Isla a pesar de que su precio de compra en el mercado internacional había bajado.

La denuncia de Navarro fue convertida en ley por el exgobernador Luis Fortuño y le daba facultad al DACO para reglamentar los precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos en todos los niveles del mercadeo del gas licuado de petróleo.

La Ley 10 de 2009 es “letra muerta”, denunciaron los exempleados de Tropigas, que asegura que la industria opera sin ningún control.

Llamadas realizadas al dueño de Tropigas, Humberto Berríos, no fueron contestadas. Mientras que el propietario de Empire Gas, Ramón González, decidió no contestar las preguntas de este reportero y enganchó el teléfono molesto.