Aquellos puertorriqueños que dejan todo para el último momento, sepan que si su marbete vence al 30 de marzo, serán muchos menos los centros de ventas que estarán disponibles, principalmente, en una semana tan corta en términos de días laborales.

Esto responde en principio, a la implantación de la enmienda al Reglamento 7831 –que regula la venta de marbetes–, el cual establece nuevas imposiciones a los comerciantes.

La enmienda les impone seccionar las partidas de Hacienda y la de la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) y con ello les establece además, una fianza de $30,000 para cada una de ellas, que se divide en $4,000 en efectivo y $26,000 en fianza con seguro. Esto representa un aumento de $4,720 en efectivo adicionales para un comerciante existente y más de $8,000 en efectivo para un comerciante nuevo. Aquel comerciante que al día de ayer no haya pagado dicha fianza, Hacienda no le entregará marbetes, no empece dicho sector mueve el 60% de dicha venta.

Aunque el Centro Unido de Detallistas había radicado un interdicto para detener dicha implantación, la jueza Giselle Romero, del Tribunal de San Juan, mantuvo en vigor la misma hasta que se pruebe si el Tribunal tiene o no jurisdicción en el caso. Existe la alegación de que el Reglamento aprobado en el 2010 no fue puesto en vigor hasta el 2013, por lo que cada una de las partes mantienen su posición respecto a la prescripción o vigencia del mismo.

Para sorpresa de los demandantes, en la mañana de ayer, la parte de demandada, el Departamento de Hacienda, radicó ante el Tribunal una amplia sentencia sumaria, acompañada de documentos que alegadamente evidenciaban la urgencia de poner en vigor el Reglamento. Los comerciantes, por su parte, mantuvieron su posición de la poca urgencia de hacerlo valer cuando fue aprobado en el 2010 y no es hasta el 2013 que se pone en vigor.

Ante ello, la jueza concedió hasta el 9 de abril para que la parte demandada responda a la sentencia sumaria. Una vez evaluada la misma, procederá a ver la vista o desestimar el caso.

En vista del fallo del Tribunal, los comerciantes mantuvieron su posición de que no van a pagar la fianza por lo que solamente se mantendrán realizando inspecciones.

Enid Monge, presidenta del Centro Unido de Detallistas, se expresó confiada en poder salir airosos del proceso, aunque entendía que ayer debieron obtener un interdicto preliminar que les permitiera vender los marbetes, principalmente en un fin de mes como este, donde tanto la banca como el comercio estarán varios días cerrados.

De igual manera, los comerciantes se prestan a cobrar a la Asociación de Suscripción Conjunta todo el dinero adeudado por concepto del incumplimiento a la ley del seguro compulsorio que exige un 8% de la venta del seguro para el comerciante, lo que nunca han hecho y aseguran todas las demás empresas que venden dicho seguro lo cumplen. La cantidad por comerciante podría superar hasta los $200,000.