TALLAHASSEE, Fla.— La procuradora general Pam Bondi inició acciones legales contra Diversified Educational Resources, LLC (DER), que opera con los nombres Jefferson High School, LLC (JHS) y Enterprise High School, LLC, Alexander Wolfram y María García por infracciones a la Ley de Prácticas Comerciales y la Ley de Prácticas Fraudulentas de Florida. La Oficina de la Procuradora General recibió más de 100 quejas de consumidores que denunciaban prácticas comerciales desleales y engañosas. 

Según la investigación, los demandados registraron DER y JHS en el Departamento de Estado de Florida para operar una fábrica de diplomas de escuela secundaria desde Arizona con una oficina virtual en el condado de Broward, Fla. para crear la impresión de que JHS estaba ubicada en Florida. Al parecer, los demandados crearon, publicitaron y vendieron credenciales académicas falsas y falsificaron expedientes. El programa de los demandados no provee cursadas, instrucciones, libros de texto o materiales de referencia. Los requisitos para el diploma falso son una encuesta de un minuto sobre la experiencia, un ensayo y una prueba de 100 preguntas. El diploma y los expedientes se envían a los consumidores dentro de los cinco días de la compra. Además, los acusados operan un servicio de verificación para reiterar en forma oral las declaraciones engañosas que hacen a los individuos que buscan la confirmación de las credenciales académicas de los clientes de JHS. 

La demanda sostiene que los acusados violaron: 

La Ley de Prácticas Comerciales de Florida (Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act) al presentar un sitio web y anuncios en Internet que contienen declaraciones falsas y engañosas que inducen a los consumidores a pagar cientos de dólares para recibir credenciales académicas; 

El Capítulo 817.06 de la ley de Florida por publicar, difundir, distribuir y colocar, con conocimiento y deliberación, avisos que contienen afirmaciones o declaraciones falsas o engañosas con la intención de vender certificados, diplomas, documentos u otras credenciales que pretenden reflejar un nivel de aptitud en cualquier oficio, destreza, profesión, créditos para logros académicos; y 

El Capítulo 501.97 de la ley de Florida por declarar una ubicación geográfica falsa del proveedor de servicios o productos con un nombre comercial ficticio. 

La Oficina de la Procuradora General está buscando una medida cautelar (injuction) permanente, la restitución para todos los consumidores, multas, honorarios de los abogados y otras medidas de ayuda que el tribunal considere pertinentes.