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CAF es el concesionario más grande del aeropuerto y lleva décadas ejecutando acuerdos con la AP mediante los que la AP le reconoce un crédito por las mejoras que CAF hace a las instalaciones físicas. La AP puede cobrar tarijas de aterrizaje a las aerolíneas por concepto de las facilidades, pero es CAF la que maneja los alquileres y el mantenimiento de esas facilidades, por lo que se activa el mencionado crédito que, según CAF, al día de hoy suma $50 millones.

Como parte del proceso de privatizar el aeropuerto bajo el modelo de la APP, el gobierno le notificó a CAF su intención de expropiarle los terrenos, edificios e instalaciones de los que son dueños en el aeropuerto, pero sin reconocerle la deuda de los créditos.

Esto ha provocado que CAF, que supuestamente ha reclutado de cabilderos a tres figuras importantes con influencia en la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP), acuda a los tribunales a impugnar ese movimiento. De hecho, CAF reclutó al esposo de la Contralora Yezmín Valdivieso como perito para que auditara los créditos que sostiene se le deben.

Un ultimátum que CAF sometió por escrito el 16 de mayo pasado a la Junta de Directores de la AP delata lo caliente que está la pugna y a los niveles que ha llegado.

"Esta Junta de Directores está exponiendo a la AP a serias consecuencias al permitir que continué la Alianza Público Privada (APP) y con su envolvimiento en un intento tortuoso de expropiación", lee el documento en manos de NotiCel, enviado por el presidente de la empresa, Anthony Tirri.

Como parte el proyecto de la alianza, el gobierno quiere entregar las instalaciones libre de contratos y de compromisos. Para CAF, la AP radicó un procedimiento de expropiación consignando $25 millones como compensación total. Sin embargo, CAF persigue transar por al menos el doble del monto provisto para todos los concesionarios, por virtud del crédito.

Según se desprende de la carta dirigida al presidente de la Junta de Directores, Rubén Hernández Gregorat, CAF ha estado en negociaciones con la Autoridad desde el 2009, cuando sometieron una oferta de venta de las instalaciones de operar cargar y del hotel del aeropuerto y los créditos restantes por $97,500,000. El pasado enero, un mes después del intento de expropiar, se acordó transar por medio millón de dólares, sin incluir el hotel.    

"El continuo retraso de la AP y el progreso de la posible privatización inconstitucional, no deja más alternativa a CAF que informar a la AP que hemos retirado nuestra oferta y que haremos el mayor esfuerzo para proteger nuestros derechos y nuestros intereses por todos los medios posibles", continúa la misiva.

CAF asegura que sus acciones incrementaran de forma significativa el inventario de la iniciativa de la APP, maximizando los fondos que recibe la AP. Incluso, que la oferta de vender sus instalaciones de arrendamiento valoradas en $70 millones es una oportunidad que le están brindando a la dependencia estatal para que salde la deuda de medio millón que tiene con CAF.

La comunicación que se extiende por seis páginas concluye, tras enfatizar que no permitirán el abuso de la AP, conque "si no se logra ningún acuerdo quedará en manos de la Corte de Expropiación para decidir la compensación apropiada basada en los valores actuales".

De hecho, desde principios de año, CAF recurrió a los tribunales y sometió un recurso legal ante la corte federal. El juicio del caso se atenderá en agosto del 2013.

Hernández Gregorat no quiso emitir comentarios porque, según explicó la portavoz de prensa, el caso está en los tribunales. Mientras, los respectivos directores ejecutivos de la AP y la Autoridad de las Alianzas Público Privadas tampoco estuvieron disponibles. Tirri, por su parte, se encontraba fuera del país.