Procuradora General de Florida
TALLAHASSEE, Fla. – La procuradora general Pam Bondi anunció hoy que su oficina, otros 45 procuradores generales y el distrito de Columbia han alcanzado un acuerdo de resolución por más de 120 millones de dólares con Lender Processing Services, Inc. y sus subsidiarias, LPS Default Solutions y DocX, tras una investigación conducida por su oficina. La propuesta de sentencia acordada por las partes, que se presenta por separado en cada estado participante, resuelve imputaciones de que la compañía con sede en Jacksonville, que principalmente provee asistencia tecnológica a bancos y proveedores de servicios de préstamos hipotecarios, firmaba documentos sin constatar la información ("robo-singing") y participaba en otras prácticas indebidas en relación con el manejo del incumplimiento en préstamos hipotecarios. Una vez que salga el dictamen judicial, el fallo exigirá a LPS y sus subsidiarias modificar sus prácticas comerciales y, de ser necesario, corregir documentos que ejecutaba para asistir a propietarios. A Florida le corresponden alrededor de $8.6 millones por su participación en el acuerdo de resolución. La demanda y la propuesta de acuerdo judicial se presentan hoy en el condado de Hillsborough.
“Este acuerdo refleja los esfuerzos de los estados por trabajar juntos para solucionar los abusos tan extendidos que se producen en el sector hipotecario residencial en estos últimos años”, expresó la procuradora general Pam Bondi. “El dictamen propuesto responsabiliza a LPS y sus subsidiarias y les exige modificaciones que garanticen el manejo debido de los documentos relacionados con hipotecas residenciales.”
Entre otras disposiciones, la sentencia acordada por las partes exigirá la debida ejecución de documentos y prohibirá la firma por personas no autorizadas o quienes no tengan conocimiento directo de los hechos que atestiguan en los documentos, exigirá una mejor supervisión de los servicios en casos de incumplimiento, y una revisión de todos los honorarios de terceros para garantizar que sean razonables y exactos, y que correspondan al servicio brindado. El acuerdo de resolución también dispone lo siguiente:
· Prohibir a LPS (incluida DOCX) ejercer la práctica de firmar documentos en representación;
· Garantizar que LPS está debidamente autorizada para firmar documentos en nombre de un prestador de servicios si, de hecho, está firmando documentos;
· Exigir a LPS que identifique con exactitud qué autoridad tiene el firmante para ejecutar el documento y donde trabaja;
· Prohibir a LPS certificar documentos sin la presencia de un notario y exigir que garantice que las certificaciones por notario cumplan con las leyes aplicables;
· Prohibir a LPS interferir indebidamente en la relación de los abogados y sus servicios con los clientes;
· Prohibir a LPS incentivar o promover la velocidad o el volumen de los servicios de los abogados en detrimento de la precisión;
· Exigir a LPS que garantice que los asesores o síndicos en quiebras o ejecuciones hipotecarias se puedan comunicar directamente con los prestadores de servicios;
· Exigir a LPS que mejore los procesos de supervisión y revisión de los terceros que maneja, incluidas las entidades que realizan servicios de conservación de propiedades;
· Prohibir a LPS imponer comisiones u honorarios inadmisibles a los servicios que prestan terceros en relación con incumplimientos o ejecuciones hipotecarias;
· Exigir a LPS que establezca y mantenga una línea telefónica gratuita para los consumidores en relación con los servicios de ejecución de documentos y conservación de propiedades (como acondicionamiento para el invierno, inspección, conservación y mantenimiento); y
· Exigir a LPS que modifique los documentos hipotecarios que requieren medidas correctivas cuando LPS tenga autoridad legal para hacerlo y cuando sea razonablemente necesario que asista a un consumidor o cuando lo dispongan las leyes estatales o locales.
En la propuesta de acuerdo de resolución, LPS acepta hechos importantes revelados en la investigación, como la práctica de Doc X de firmar en representación (“surrogate signing"), la firma de documentos por una persona no autorizada en nombre de otra y la certificación de esos documentos como si los hubiera firmado la persona que correspondía, además de otras prácticas indebidas en el proceso de ejecución y registro de documentos.
Una vez que salga el dictamen judicial, LPS se hará cargo de la revisión de documentos ejecutados desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010 para determinar qué documentos, si correspondiera, necesitan correcciones o un nuevo proceso de ejecución. Si LPS está autorizada a hacer las correcciones, las hará y enviará informes periódicos a la Procuradora General sobre el estado de su revisión o la modificación de los documentos. Los consumidores también pueden llamar al número de la línea gratuita de LPS y solicitar la revisión y corrección de todo documento ejecutado por LPS en cualquier momento. La línea gratuita estará disponible a los 10 días de la firma de la sentencia acordada por las partes.
Los siguientes estados participaron en el acuerdo de resolución de hoy junto a Florida: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Connecticut, Georgia, Hawai, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minesota, Misisipi, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin, Wyoming, y el distrito de Columbia.