7 de mayo de 2019

El Vocero

Los incentivos económicos para la compra de viviendas para policías, maestros y otros funcionarios de primera respuesta —como bomberos, personal de manejo de emergencias y enfermeros, entre otros— que suponía facilitarles el acceso a una residencia, se consideran por ahora una propuesta incierta.

Acorde con la agencia, dichos incentivos son parte del segundo plan de acción que se sometió al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).

“Aun estamos en espera de aprobación o comentarios. Hasta tanto y en cuanto no se firme el grant agreement, no sabremos la fecha para disponibilidad”, reaccionó el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, en una escueta comunicación, a solicitud de EL VOCERO.

En días recientes, tanto maestros como personal de seguridad pública se han comunicado con la redacción de este medio en busca de información sobre el anuncio de la ayuda, que fue presentada de manera amplia el 11 de octubre de 2018 por el gobernador Ricardo Rosselló. En ese momento, el primer ejecutivo solicitó la creación de un fondo de $150 millones para esos fines, pero al presente se desconoce cómo va la configuración de ese fondo.

Rosselló, cuando hizo el anuncio, mencionó que la disponibilidad del fondo estaba sujeta a la autorización de los sobre $8,000 millones que estaban supuestos a llegar a la Isla como parte del programa de Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés).

No fue hasta el pasado 29 de febrero que HUD aprobó el plan de uso de tales fondos, pero la agencia federal destacó que habría restricciones considerables debido a la experiencia de manejos inadecuados de los fondos asignados en el pasado a Puerto Rico.

Beneficios para empleados gubernamentales

Mientras tanto, aunque el fondo especial para la compra de viviendas estará disponible para todos los ciudadanos acorde con sus ingresos, serán los empleados públicos de la categoría de primera respuesta los que tendrán prioridad. Se estima que dicho fondo pudiese impactar entre 3,000 a 6,000 familias.

Según la propuesta inicial, el incentivo consistía en $50,000 para que las personas pudieran adquirir una residencia en los cascos urbanos y de $25,000 para la compra de unidades de vivienda que estuviesen establecidas fuera de dicha zona. Con ello, la intención del gobierno es poder atraer nuevos residentes a los cascos de los pueblos y reavivar la actividad residencial y económica de las zonas tradicionales de los municipios.

La propuesta establecía que la ayuda se podía utilizar para adquirir una vivienda propia, pero también hacía claro que los beneficiarios podían adquirir una propiedad con el fin de alquilarla a un tercero y con ello lograr un ingreso adicional. Asimismo, la ayuda podía usarse para pagar la hipoteca de una vivienda existente y ya adquirida.

El plan contemplaba el beneficio acorde con los ingresos y la composición familiar. A mayor número de miembros familiares, mayor podía ser el ingreso familiar para cualificar para dicho incentivo, el cual tiene que ser solicitado.

El retraso en la llegada de fondos federales asociados a la recuperación de la Isla luego de la devastación que dejaron a su paso los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, ha impactado el crecimiento económico indirecto que se proyectaba, al menos en la magnitud que se esperaba. De hecho, la actividad en la construcción, donde también se contaba la reparación y reconstrucción de viviendas, no se ha podido realizar a la velocidad necesaria ni en la cantidad que amerita.