“Me llama mi ex esposa porque habían ido a su casa –mi antigua residencia- dos agentes del Servicio de Rentas Internas Federal (IRS, por sus siglas en inglés), me andaban buscando. Fui a las oficinas y me preguntan si había vendido información, si he sido víctima de robo de identidad o si había compartido mi seguro social federal correspondiente al año 2010, porque aparecía como que había cobrado un cheque de reintegro federal y yo no lleno planillas federales”.

Ese fue el relato de otra víctima de robo de identidad, quien narró a EL VOCERO, bajo condición de anonimato su experiencia como víctima de robo de identidad en Puerto Rico.

El problema del robo de identidad es uno serio, tras registrarse un incremento de 340 por ciento a nivel de todo Estados Unidos, según el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Ante la diversidad de esquemas de robo de identidad, la verificación del historial crediticio cada seis meses es la mejor herramienta para que los consumidores advengan en conocimiento de si han sido víctimas de este delito, insistió el director del Servicio Postal, Eliezer Julián.

“La recomendación es, verifique su historial crediticio cada seis meses. Ahora hay una nueva ley, que dispone que una vez al año puede solicitar estado crediticio gratis, porque mucha gente roba la identidad y tratan de esconderse para que las víctimas no lo sepan. Es importantísimo constantemente, escudriñar los estados de cuenta de los bancos y las tarjetas de crédito”, manifestó Julián en entrevista con EL VOCERO.

En marzo pasado las autoridades federales efectuaron un operativo por robo de identidad, catalogado como el “más grande en la historia de Estados Unidos”, cuando un Gran Jurado en Puerto Rico emitió un pliego acusatorio contra una pandilla compuesta por 50 personas –entre ellas 13 boricuas- que se dedicaban a robar certificados de nacimiento y números de seguro social de puertorriqueños, para ser vendidos en diversos estados, entre $700 a $2,500.

Según el pliego acusatorio, los “corredores” en Estados Unidos buscaban clientes y se comunicaban con los traficantes de estos documentos en Puerto Rico, quienes enviaban los documentos a través de compañías como Western Union y Money Gram a diferentes estados. La pandilla en Puerto Rico tenía su centro de operaciones en el área de Savarona en Caguas.

La acusación alega que requerían un pago por adelantado de entre $400 a $1,300. Como parte del esquema, también se fabricaban licencias de conducir y tarjetas electorales. Los documentos fueron enviados a los estados de Florida, Indiana, Nueva Jersey, Ohio, Carolina del Norte, Filadelfia, Texas, Virginia, Illinois y Pennsylvania, entre otros. Asimismo, destaca que los corredores y los suplidores de Savarona utilizaban unos códigos a través del celular para referirse al género de los clientes. Estos eran faldas y pantalones.

De acuerdo al pliego acusatorio, la organización criminal, operó aproximadamente entre abril del 2009 a diciembre del 2011. Los funcionarios estadounidenses dijeron desconocer a cuánto ascienden las ganancias generadas por la organización. De igual forma, desconocían la cantidad de personas a las que se les robó su identidad.

En los últimos años las autoridades federales han arrestado a varias personas acusadas por el Gran Jurado por diversos esquemas de robo de identidad.

Uno de los casos fue contra una ex empleada de Servicio al Cliente de Doral Bank, identificada como Bethzaida Sánchez, su pareja Abigail Ramos Clemente, quien trabajaba para un concesionario de vehículos, Darling Rosario Sánchez y Carmen Clemente Rosado.

De acuerdo a la acusación, Sánchez Crespo, utilizó los accesos de información financiera de tres clientes del banco para llevar a cabo el fraude. Se alega que ésta cambiaba la dirección de las víctimas para solicitar tarjetas de débito Visa, para hacer retiros y compras. Estos presuntamente, compraron una guagua Suzuki Gran Vitara, una Mitsubishi Montero, una cámara Sony, dos juegos de cuarto, dos video juegos “X-Box”, y un sofá.

El grupo enfrenta cargos de fraude bancario, robo de identidad agravado y un cargo de confiscación de $192,000.

Otro caso lo fue contra Angel Jiménez, un ex empleado del Departamento de Hacienda y Harry Maisonet, dueño de Harry Maisonet Auto Sales. Al dúo se le acusó de nueve cargos de fraude bancario y tres de robo de identidad agravada.

De acuerdo al pliego acusatorio, los imputados se enriquecían de fondos obtenidos mediante la solicitud de préstamos de automóviles, así como de préstamos personales en la institución bancaria Pentagon Federal Credit Union, a nombre de personas fallecidas o que no habían pedido un préstamo por los vehículos.

Alegadamente, para agosto del 2005, Maisonet obtenía firmas de terceras personas que fueron aprobados por Pentagon Federal Credit Union.

Los nombres de las personas fallecidas eran obtenidos de los obituarios de los periódicos de circulación general. Otras víctimas que visitaron el concesionario de autos y decidieron no adquirir los mismos, no sabían que se sometieron solicitudes a través del acceso de datos del Departamento de Hacienda.

Asimismo, otro caso de robo de identidad agravada y fraude de tarjetas de crédito fue contra Melissa Idelfonso Concepción y Aneudy González Cruz a quienes se les ocupó 17 cheques del estímulo del gobierno de Barack Obama, 10 tarjetas de crédito y tarjetas de seguro médico de 180 personas. Inicialmente, fueron arrestados por agentes de la Policía de Puerto Rico por cometer una infracción de tránsito. Tras una pesquisa los agentes descubrieron que el vehículo era robado y que tenían correspondencia robada de aproximadamente 180 víctimas de los pueblos de Humacao, Yabucoa y Caguas. La investigación reflejó que los acusados alegadamente utilizaron las tarjetas de crédito para comprar mercancía valorada en miles de dólares. El pliego acusatorio indica que los acusados efectuaron compras valoradas en $7,934.36 en las tiendas Sears, JCPenney, Radio Shack, Walmart, K-mart.