Noticel
Una serie de cambios que implantó la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) en el programa que hace disponibles teléfonos celulares subsidiados para personas de escasos recursos podría afectar a decenas de miles de dichos clientes, así como la salud fiscal de algunas compañías de celular.
En mayo del 2011 se estableció un nuevo sistema de verificación de elegibilidad que se conoce como el "Front End" y que se supone permite a los proveedores de servicio de telefonía residencial o móvil chequear si la persona que está solicitando el subsidio no está disfrutando el beneficio con otra compañía o si bajo esa empresa no hay una unidad registrada bajo la cubierta de Lifeline con la misma dirección que el nuevo solicitante. El sistema fue diseñado por la compañía Bluewave Consulting, Inc., pero es administrado por la División de Cumplimiento de la JRT.
Lifeline es un subsidio a través del Fondo de Servicio Universal Federal y Estatal de $13.50 mensuales, y que tiene como requisito que solo se pueda brindar un beneficio para teléfonos alámbricos o celulares por unidad familiar y bajo un solo proveedor de telefonía.
La movida surge luego de que la JRT tuviera que reconocer el año pasado que subscriptores del beneficio de Lifeline habían cometido fraude para acceder al mismo, proveyendo números de seguro social de otra persona o la misma dirección de otro beneficiario.
Sandra Torres, presidenta de la JRT, asegura que los cambios en la reglamentación para la otorgación del subsidio de Lifeline es en beneficio de los consumidores, las compañías de celulares dicen todo lo contrario.
"El cambio no perjudica a nadie. Al contrario permite que los fondos estén solventes y puedan beneficiarse más personas, que verdaderamente lo necesiten económicamente. Al una persona tener 2, 3 y hasta 4 veces el servicio, le limita el acceso a los que verdaderamente lo necesitan", manifestó a NotiCel mediante declaraciones escritas.
De acuerdo a Torres para septiembre del 2011 el programa de Lifeline sobrepasó los 400 mil suscriptores, lo que levantó bandera roja de que algo andaba mal en la otorgación del beneficio, por lo que comenzaron una auditoria. Dicha auditoría arrojó que habían unos 113 mil casos con números de seguro social duplicados o direcciones repetidas.
Tras litigios legales con varias compañías, Torres indicó que al momento tanto la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), como las empresas Claro, AT&T, T-Mobile, Open Mobile, Sprint y Worldnet, estuvieron de acuerdo con la implantación del sistema de verificación, con excepción de TracFone.
No obstante, NotiCel tiene constancia que no solo TracFone ha advertido que estos clientes se han visto afectados ante problemas con el nuevo sistema de verificación.
También Jorge Martel, vicepresidente y gerente general de T-Mobile afirmó a este medio digital que las deficiencias del "Front End" son de tal magnitud que han optado por no seguir aprobando el servicio de Lifeline, para evitar multas por parte de JRT. Y es que de acuerdo a Martel el sistema tiene problemas con la base de datos de las direcciones postales, donde el 99 por ciento de las solicitudes radicadas salían como duplicadas. En mayo del 2012 la JRT advirtió a las compañías de telefonía que les impondría una multa de $5 mil por cada cliente duplicado. Así las cosas han tomado como medida cautelar aprobar lo mínimo posible de solicitudes nuevas.
Martel indicó que aunque han llevado la situación ante la atención de la JRT, han sido "inconclusas" las respuestas de la dependencia, por lo que hasta el momento no se ha podido corregir los errores en el sistema.
Dijo que en Puerto Rico fácilmente mensualmente entre 10 mil a 20 mil personas pudieran tener problemas en acceder a este subsidio ante la decisión de las compañías de no seguir aprobando solicitudes nuevas hasta que la JRT no arregle los problemas con el sistema.
Por su parte, Stephanie Smith, oficial de Asuntos Públicos de AT&T añadió que aparte de las regulaciones de la JRT también la FCC dispuso en febrero del 2012 la orden 12-11 que busca "reforzar la protección contra el despilfarro, el fraude y el abuso. El cliente debe certificar mediante diversas declaraciones en relación a su elegibilidad, y de ser necesario proveer información adicional para ayudar en la verificación de su identidad y así evitar una duplicación".
Dentro de la orden de la FCC se eliminó el servicio de Link Up, que proveía una reducción en la activación o instalación del servicio telefónico. Además, se redujo la cantidad del crédito federal que es prestado a los clientes. Y se le exige a los clientes de Lifeline tener una re-certificación de su elegibilidad para el 31 de diciembre del 2012.
AT&T puntualizó que "todos los beneficiarios de Lifeline actuales y potenciales solicitantes se ven afectados por los cambios".
Para AT&T los beneficiarios de Lifeline que previo a estos cambios hubieran cometido algún tipo de fraude, "pudo haber sido como resultado a una confusión del cliente con respecto a la elegibilidad del programa".
De hecho, el portal Sin Comillas señaló cómo este cambio también ha afectado a Open Mobile, reportando una disminución en sus clientes.
NotiCel intentó obtener una reacción de Open Mobile y Sprint, pero no estuvieron disponible.
De otro lado, la JRT no pudo explicar por qué se ha continuado con el sistema de verificación si en un aviso publicado el pasado 24 de abril del 2012 se dejaba sin efecto la Enmienda Provisional al Reglamento sobre Servicio Universal, al establecer que por falta de información acerca de Lifeline los beneficiarios habían cometido fraude. Dentro de dicha Enmienda presentada el pasado 26 de octubre del 2011 era que se establecía la creación de una base de datos para verificar posibles duplicidades de información provista por los solicitantes.