El Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York liberó a AMR Corporation, matriz de American Airlines, del contrato de arrendamiento y otros acuerdos que mantenía desde la década de 1990 con la Autoridad de los Puertos (AP) para la operación y el mantenimiento de los terminales que ocupa en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

La determinación judicial deja a la AP sin cerca de $8 millones anuales que recibía por concepto del contrato de arrendamiento que mantenía con la aerolínea, pero representantes del Gobierno afirmaron que la corporación pública tiene remedios a su alcance para cobrarle a American Airlines por el espacio que posee en el aeropuerto.

“Tiene que entrar en un contrato nuevo”, afirmó David Álvarez, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP).

“Esto no significa que Puertos no le va a cobrar a American Airlines por operar en el aeropuerto. Puertos va a darle otro tipo de contrato que, lo más seguro, será comparable con el que tiene con el resto de las líneas aéreas, basado en el pietaje a ser ocupado”, añadió el funcionario.

Álvarez se refirió a que American Airlines tenía un contrato particular con la AP, pues fue la aerolínea la que durante la década de 1990 construyó los terminales D y E, y desde entonces se encarga de todos los gastos operacionales y su mantenimiento.

Por esa razón, su contrato de arrendamiento era más bajo que el resto de sus competidoras.

“Esa relación cambiaría. En vez de tener esas particularidades especiales, sería como cualquier otra aerolínea más. Creo que Puertos está evaluando el alcance del resto de las cosas relacionadas a los costos operacionales”, indicó el titular de la AAPP.

La orden concedida ayer por el juez Sean H. Lane, de la Corte de Quiebras, forma parte del proceso que inició AMR Corporation en noviembre pasado tras acogerse al Capítulo 11 para reorganizar sus finanzas y poder afrontar así deudas ascendentes a unos $29,500 millones.

Álvarez no quiso abundar sobre los posibles efectos que esta orden podría tener en las reducidas arcas de la AP, pero dijo que la corporación pública tendrá que descifrar ahora cómo compensará los ingresos que dejará de devengar a partir del 31 de mayo, como dispuso al corte.

“Puertos tiene la obligación de recobrar lo que cuesta operar el aeropuerto. Puertos tendría que explorar las maneras y cómo sigue de aquí en adelante. Es algo importante que tendría que explorar... y ver dónde culmina su relación con American Airlines”, afirmó el funcionario.

La orden deja establecido que la AP de ninguna manera renuncia a los derechos que pueda tener al amparo de los contratos dejados sin efecto para buscar algún remedio como la parte arrendadora.

Álvarez, además, aclaró que el gobierno no es responsable de las deudas con bonistas que pueda arrastrar AMR Corporation a raíz de la construcción que realizó en el aeropuerto internacional.

Precisó que, cuando trascendió la petición de quiebra, lo primero que hizo la AP fue solicitar un análisis sobre este particular, y con ese fin examinaron no solo los contratos que tenían con la aerolínea, sino también los documentos relacionados con las emisiones de bonos.

“Puerto Rico no tiene ninguna responsabilidad ni obligación sobre la deuda incurrida por American Airlines para la construcción de esos terminales, y sus inversiones en el aeropuerto... La deuda fue emitida como una deuda no asegurada, donde el único apoyo que existía era la entidad corporativa AMR”, enfatizó.

Álvarez rechazó también que esta situación perjudique la concesión del aeropuerto a manos privadas, aunque reconoció que la quiebra de American Arlines ha incidido en que se haya dilatado el proceso.