9 de julio de 2018

El Vocero

Según las autoridades federales, Ortiz Vélez se reunió con Torres Rodríguez y otras personas y conspiraron para obtener fondos públicos de forma fraudulenta. >Carlos Rivera Giusti / EL VOCERO

 

La empresa Administrative, Environmental and Sports Consultants, Corp. (AESC), propiedad del convicto contratista Irvin Riquel Torres Rodríguez, quien se declaró culpable por participar de un esquema de fraude de fondos federales que involucra al suspendido alcalde de Sabana Grande, Miguel “Papín” Ortiz Vélez, proveyó servicios a varios ayuntamientos a través de la Isla.

En un documento sobre el ofrecimiento de los servicios de AESC, que presenta a sus potenciales clientes, la empresa afirma que a través de los años ha desarrollado e implantado una variedad de programas para fomentar la apreciación, el conocimiento y el desarrollo del deporte y el olimpismo tanto entre jóvenes como adultos, así como para la población en general.

El documento, del cual EL VOCERO tiene copia, informa que entre los municipios para los que AESC ha efectuado proyectos figuran Ponce, Hormigueros, Toa Baja, Juncos, Cabo Rojo, Lajas, Humacao, San Germán, el consorcio Caguas-Guayama y el Consorcio del Sureste, así como servicios de consultoría a los ayuntamientos de Orocovis y Yabucoa.

El escrito señala que varios de los proyectos fueron ofrecidos a través del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

“A través de organizaciones como el Comité Olímpico de Puerto Rico, hemos conceptuado e implantado una diversidad de servicios con fondos federales y/o estatales orientados a diversas poblaciones y necesidades”, reza el documento.

Menciona como algunos de estos proyectos “Olimpismo: Presente y Futuro Laboral”. El servicio ofrecido a los municipios de Juncos, Humacao, Lajas, Hormigueros, Cabo Rojo y San Germán fue para capacitación laboral. Se indica que la fuente de financiamiento son los fondos federales WIA (Workforce Investment Act).

El segundo proyecto mencionado es “Olimpismo como fuente de liderato”. El servicio ofrecido fue por concepto de capacitación laboral y la fuente de financiamiento también fueron fondos WIA.

El tercero fue “Educ Arte: Servicios de Desarrollo Académico, Social y Recreativo para Estudiantes de Escuela Elemental, Intermedia y Superior del Municipio Autónomo de Ponce”. Este proyecto fue en alianza con el Comité Olímpico. Los servicios fueron por concepto de horario extendido y los fondos eran del Departamento de Educación (DE).

El cuarto proyecto de AESC fue “Integración de las Artes y la Educación Física como estrategia para fomentar el Aprovechamiento Académico, Valores y Prevención, Municipio Autónomo de Ponce”, dirigido a maestros y directores del DE. El servicio fue para desarrollo profesional y los fondos provenían del Departamento de Educación.

Mientras, el quinto proyecto, “Artes integradas, Municipio de Toa Baja”, fue dirigido a maestros y directores del DE. El servicio fue ofrecido para desarrollo profesional y el dinero fue obtenido a través de fondos federales.

“Los recursos que componen nuestra organización poseen una trayectoria profesional en la implementación de servicios a la comunidad escolar, específicamente en estrategias como las propuestas de Verano Educativo, las cuales ya han sido probadas con éxito”, señala el escrito.

EL VOCERO intentó comunicarse con la presidenta del Copur, Sara Rosario, pero al cierre de esta edición no había devuelto las llamadas.

Levantó las manos

El pasado 18 de junio, Torres Rodríguez se declaró culpable por un fraude de $2.9 millones que involucra al municipio de Sabana Grande y también reconoció su culpa por el caso de fraude al Departamento de Educación por el que está acusado el exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta.

Por su parte, Ortiz Vélez fue arrestado el jueves en Sabana Grande. El suspendido alcalde enfrenta seis cargos por robo de dinero federal, conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal, dos cargos sustantivos por fraude al correo y uno por lavado de dinero. También enfrenta dos cargos de confiscación para un total de $2,904,920.

Según la acusación, Ortiz Vélez se reunió con Torres Rodríguez y otras personas no incluidas en la acusación y conspiraron para obtener fondos de los departamentos de Educación estatal y federal, pero de forma fraudulenta.

Los fondos se obtuvieron a base de declaraciones falsas sobre la capacidad que tenía el ayuntamiento para realizar las actividades y el alcance de las actividades sujetas a las propuestas. Las ganancias de estos fraudes se distribuyeron entre el municipio de Sabana Grande y AESC.

Presuntamente Ortiz Vélez se apropió de cerca de $23,000.