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LOS ÁNGELES, California.- Para aliviar los dolores, desinflamar, borrar cicatrices, acabar con la disfunción eréctil y mejorar la salud en general, varios consultorios médicos y farmacias del sur de California estuvieron recetando una crema que parecía ser milagrosa por todos males que prometía curar.

Sin embargo, lo único que el ungüento mágico desinflamaba eran las finanzas del sistema de salud pública a través de un fraude millonario.

La Fiscalía Federal en Los Ángeles anunció este miércoles que ha presentado 13 casos judiciales que incluyen a 22 personas que enfrentan cargos criminales por estafar a Medicare y TRICARE, programas de seguro médico subvencionados por el gobierno federal.

Entre los acusados se encuentran cinco médicos, un psiquiatra, un farmacético y un terapeuta de rehabilitación, quienes habrían estado recetando la prodigiosa pomada a sus pacientes, la cual se pagaba a través de Medicare o TRICARE (programa de salud para miembros de las fuerzas armadas).

En unos cuantos meses, señala la acusación, los defraudadores facturaron más de $161 millones de dólares, pero se cree que ese esquema de fraude venía operando desde hacía tres años.

Los 22 acusados en cortes federales de Los Ángeles y Santa Ana son parte de un operativo que a nivel nacional presentó cargos en contra de 301 personas que operaban bajo ese mismo esquema de fraude, según anunció este mismo miércoles en Washington D.C. la procuradora Loretta Lynch.

A nivel nacional los programas Medicare y TRICARE habrían desembolsado alrededor de $900 millones de dólares para las farmacias que surtían la fraudulenta crema.

De acuerdo con el esquema de fraude, las farmacias daban la respectiva tajada de dinero a los consultorios médicos que expedían las recetas. También estaban involucrados comercializadores y sitios de venta a través de internet conocidos como “telemedecine”.

Muchos de los pacientes, refiere la acusación, ni siquiera tenían contacto los médicos que les recetaban ni con las farmacias que enviaban los medicamentos.

“El fraude al sistema de salud es un delito serio que cuesta miles de millones de dólares a los contribuyentes”, declaró la fiscal Eileen Decker. “Estos delitos afectan a la personas reales y deterioran la confianza que debería existir entre el paciente y su proveedor de salud”.