Una veintena de familias en Juncos parecen atravesar por un calvario desde que adquirieron sus residencias, pues se alega que el desarrollador les dejó sin áreas recreativas y que varias residencias muestran vicios de construcción.

Se trata de la comunidad Cerro Ceiba, un complejo desarrollado por la firma Coral Construction, SE, donde vecinos como Juan José Pérez Burgos y Noemí Díaz Sánchez alegan vivir un calvario.

Según Pérez Burgos, la desarrolladora no completó la infraestructura de telecomunicaciones, y tampoco el proceso de permisos para proceder con un control de acceso e intercomunicador.

Díaz Sánchez relató que compró su propiedad a mediados del 2010 y el año pasado, justo después de los fenómenos Emily e Irene, notó que el terreno comenzó a ceder.

“Aquí hay receptáculos que no conectan a la electricidad, tubos de agua que solo están pegados a la pared”, dijo la mujer.

En tanto, Pérez Burgos indicó que la comunidad no posee instalaciones recreativas, aun cuando el complejo se vendió con tales amenidades.

Además, señalaron que solo se construyeron 23 las 31 residencias del complejo, dejando en su lugar los solares baldíos.

Una llamada de este diario al desarrollador Marcos Calzadilla, de Coral Construction, no tuvo éxito.

Pérez Burgos agregó que la comunidad también se mantiene en vilo, pues al menos seis de los vecinos compraron sus propiedades sin saber que la finca donde enclava Cerro Ceiba tenía dos anotaciones de sentencia contra la desarrolladora, provocando que la finca casi se vendiera en subasta como secuela de un litigio entre Coral y los abogados Edgar Andújar Jiménez y Héctor Fuertes Romeo.

Ambos abogados otorgaron un préstamo a Coral de unos $260,000 y demandaron por separado a Coral por cobro de dinero. Como parte de ese proceso, la Rama Judicial llegó a pautar una subasta para vender la finca.

“Error humano”

No obstante, Andújar Jiménez rechazó que su litigio contra Coral provocara que las propiedades de los residentes estuvieran sujetas a embargo.

“Eso fue un error humano”, dijo Andújar Jiménez cuando se le cuestionó acerca del hecho de que consumidores adquirieron sus residencias sin saber que pendía una sentencia contra Coral.

Reconoció que gestionó una orden de embargo, pero indicó que desistió una vez la aseguradora de título, Luis Reyes Vázquez, reconoció que había errado al no documentar las sentencias contra Coral en el estudio de título.

Gloria Oppenheimer, a cargo del Registro de la Propiedad, dijo a El Nuevo Día que Andújar Jiménez solicitó retirar la notificación de sentencia el 12 de enero.

Asimismo, Oppenheimer indicó que, a mediados del 2011, el Registro anotó un mandamiento de cancelación de la anotación de sentencia, una vez los jueces Susette Quiñones y Miguel Rosario así lo ordenaron.

“Del Registro no surge ninguna orden de ejecución, ninguna orden adversa, pero yo no puedo asegurar nada que pueda estar pasando extrarregistralmente”, expresó la funcionaria.