22 de mayo de 2015

El Vocero

Además de eliminar las procuradurías y consolidar su operación en una sola agencia, el Ejecutivo se propone eliminar 14 agencias adicionales y traspasar sus funciones a otras dependencias públicas. Con este anuncio serán 20 las agencias públicas que desaparecerán del organigrama gubernamental.

El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, no detalló ayer los ahorros proyectados con esta reestructuración gubernamental que pudiera entrar en vigor al menos seis meses después de que se apruebe la legislación correspondiente.

“Los ahorros no se darán de manera inmediata. Lo que estamos evitando es que el Gobierno siga creciendo”, contestó Suárez cuando se le preguntó sobre el ahorro proyectado con la consolidación de agencias.

Con la consolidación de las 20 agencias, más de 4,000 empleados serán reubicados.

 

Suárez aseguró que no habrá despido de empleados públicos, aunque no pudo decir lo mismo sobre los empleados de confianza de estas agencias.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, dijo que el Gobierno “tiene que reducir la duplicidad, ineficiencia y burocracia en las áreas administrativas”.

Sin embargo, ambos funcionarios aceptaron que con la consolidación de agencias algunos ciudadanos tendrán que viajar a otros municipios para solicitar ciertos servicios del Gobierno.

De acuerdo con la propuesta del primer ejecutivo, Alejandro García Padilla, la Comisión de Servicio Público será consolidada con el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO). El secretario de la Gobernación indicó que se mantiene el ente adjudicativo pero las funciones administrativas estarán en manos del DACO.

De inmediato, el presidente de la Comisión de Servicio Público (CSP), Omar Negrón Judice, se opuso a la propuesta y aseguró que se trata de “otra movida política de esta administración para aparentar recortes de gasto cuando realmente lo que intentan es acabar con todo lo que no es de su afiliación política”.

Además, se consolidará la Junta de Relaciones del Trabajo, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, la Comisión Apelativa del Servicio Público y la Comisión Industrial con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

En tanto, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) será consolidada con el Departamento de Salud.

 

Al mismo tiempo, la Administración de Recursos Naturales estará bajo la sombrilla del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

También, las funciones de la Administración de Ia Industria del Deporte Hípico estará a cargo de la Compañía de Turismo. La Comisión de Seguridad en el Tránsito será consolidada con la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). El Cuerpo de Emergencias Médicas será unido al Cuerpo de Bomberos.

Además, el Consejo de Educación será consolidado al Departamento de Estado. Mientras, la Junta de Libertad bajo Palabra se unirá con el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Sistema 9-1-1 pasará a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), informó el secretario de la Gobernación.

Por último, las funciones de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH) estarán a cargo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Oficina de Adiestramiento de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Oficina de Mediación y Consolidación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

El primer ejecutivo presentó, el martes en la noche, un proyecto para que consolidar las funciones de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Oficina del Procuradora de Personas de Edad Avanzada, la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, la Oficina del Procurador del Veterano, la Oficina del Procurador del Paciente y la Comisión de Derechos Civiles en una sola agencia.

El proyecto de ley propone crear la Defensoría de Derechos Humanos del Estado Libre Asociado que ejercerá estas funciones y estará encargada de proteger, defender y promover los derechos humanos.