23 de julio de 2020

SinComillas

Ayuda Legal Puerto Rico solicitó que la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) garantice los derechos de las personas adultas mayores con hipotecas ante la alta tasa de ejecuciones de hipotecas “reverse” y el aumento en la inseguridad económica de esta población.

Ayuda Legal Puerto Rico es organización sin fines de lucro que ofrece educación y apoyo legal comunitario a personas y comunidades de ingresos limitados.

La organización denuncia que “en plena pandemia y tras tres años de desastres, el aumento de riesgo de ejecución es preocupante. Más aún cuando se trata de un riesgo creado por productos financieros que terminan aumentando la vulnerabilidad de esta población”. Una cuarta parte de la población de Puerto Rico tiene más de 65 años y que el 40% de ésta vive en condiciones de pobreza.

“Nos preocupa la vulnerabilidad que provocan las hipotecas reverse. Tan solo en el 2019, 1,255 de 1,617 hipotecas reverse fueron ejecutadas por ‘razones técnicas’. Esto coloca a Puerto Rico entre las primeras 10 jurisdicciones bajo los Estados Unidos con mayor número de ejecuciones de este producto financiero. Como sabemos, las hipotecas inversas o ‘reverse mortgages’ son un producto financiero dirigido a personas de 62 años o más. El esquema consiste en que la persona dueña se acoja a la hipoteca a cambio de una suma de dinero que varía según el ‘equity’ del hogar. En adelante, la persona debe cumplir requisitos tales como habitar la propiedad como residencia principal, pagar impuestos, seguros y cuotas de mantenimiento”, explica la organización sin fines de lucro.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico denuncian que muchas personas firman el contrato de hipoteca ‘reverse’ sin tener información completa y sin entender este instrumento financiero. “Recibimos preguntas sobre el aumento de la deuda y los pagos de seguros e impuestos.  Las personas adultas mayores no tienen información, por ejemplo,  sobre el hecho de que las moratorias no necesariamente cubren los pagos que deben hacer mensualmente por concepto de mantenimiento o seguros.  Sabemos de casos donde la información que recibe la persona de su institución financiera la induce a error y la arriesga a una ejecución”.

“Con el fin de prevenir la pérdida del hogar de miles de personas de edad avanzada, acudimos a los canales creados por el gobierno para fiscalizar al sector bancario. Desde hace al menos dos años, hemos sostenido comunicaciones y reuniones con la  Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras para que actúe sobre las querellas que recibe por parte de la ciudadanía afectada por acciones incorrectas de los bancos. Recientemente, nos dirigimos a esta entidad para que tomara cartas en el asunto en el tema de las moratorias, con particular interés en poblaciones como la adulta mayor.  Después de todo, según la ley orgánica de la OCIF, ésta es la agencia del gobierno de Puerto Rico otorgada con la responsabilidad primordial de fiscalizar y supervisar a las instituciones financieras que operen o hagan negocios. OCIF tiene el poder de recibir, investigar y resolver querellas contra las instituciones financieras, lo que podría viabilizar que se recojan señalamientos y preocupaciones respecto a las leyes sobre las que la OCIF tiene facultad de regular. Esto es parte de su jurisdicción. Sin embargo, nuestras gestiones no han rendido frutos”.

Se solicitó el desarrollo de una campaña educativa sobre las obligaciones legales de las instituciones financieras con relación a las hipotecas reverse con especial énfasis en las obligaciones que asume la persona dueña de hogar que se hipoteca y las consecuencias de incumplirlas.

Ayuda Legal Puerto Rico solicitó que se convoque a una mesa de trabajo a todas las agencias que trabajan directamente con la población adulta mayor, en especial la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la Oficina del Comisionado de Seguros y a todas las organizaciones que, como ALPR, atienden a la población en riesgo de perder sus hogares por procesos de ejecución de hipotecas para que escuche, de primera mano, los incumplimientos reiterados y sistemáticos de las instituciones financieras.