El pasado 28 de junio del 2012 ante la juez Leilani Torres Roca, del Centro Judicial de San Juan, determinó causa para arresto contra Julio Martínez Avilés, dueño de Sotingel Investor Group, Inc., por 123 violaciones al Código Penal. Por esos delitos en aquella ocacion la juez Torres Roca le fijó una fianza global que sumó $49,200 y pautó la vista preliminar para el 5 de septiembre de 2012. La fiscal Maricarmen Rodríguez Barea, directora de la Divisiones de Integridad, Delitos Económicos y la Oficina de Asuntos del Contralor, las violaciones fueron por fraude y la Ley de Uniforme de Valores de Puerto Rico. La fiscal explicó que Martínez Avilés, sin estar debidamente registrado en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, le ofreció a Roberto Hernández la venta de inversión en el desarrollo de unas propiedades que realizaba la Compañía Sotingel en Nicaragua, la cual iba a ser desarrollada y asegurada por el gobierno federal a través de Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Según el comunicado de prensa, esa misma oferta le presentó Martínez Avilés al matrimonio integrado por Damaris Díaz García y Andrés Santiago, así como a Teresa García, la señora madre de Díaz García. Rodríguez Barea dijo que las cláusulas en los contratos de inversión que pactó Martínez Avilés, donde indicaba que OPIC aseguraba la inversión, son falsas y fraudulentas. Como consecuencia, OPIC no aseguró, ni financió las inversiones vendidas por el Martínez Avilés. Este esquema delictivo le produjo $1 millón al imputado, indicó Justicia por escrito. La compañía Sotingel Investor no posee relación alguna con OPIC ni estaba inscrita en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Martínez Avilés es el presidente, tesorero, agente residente y único accionista de la compañía Sotingel Investor. El agente Pascual Feliciano de la Policía de San Juan fue el que participó en esta investigación.