1 de abril de 2015

El Nuevo Dia

Un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio contra una técnica de asistencia médica de la Oficina de Medicaid del Departamento de Salud de Puerto Rico y otro sujeto por supuestamente haberse lucrado mediante la venta de la información personal de unos 5,000 participantes del programa.

La funcionaria, identificada como Mercedes C. Bodden Fontana, y Raymond I. Ramos-Reyes, fueron arrestados a principios de este mes por supuestamente haber vendido los datos de cada paciente por $3. La empleada, quien llevaba trabajando en la agencia desde el 2000, aparentemente tomaba fotos de la pantalla de la computadora de su trabajo para obtener los datos sensitivos, como los nombres de los pacientes, su número de Seguro Social y su fecha de nacimiento.

“Esta acusación subraya nuestra determinación de castigar aquellos que intentan sacar ventaja de las poblaciones vulnerables y que cometen fraude y ponen en riesgo a otros ciudadanos para una ganancia financiera”, sostuvo la directora de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, mediante un comunicado de prensa.

La funcionaria acusada supuestamente accedía los datos de los pacientes a través de un centro de datos llamado MEDITI y recibía una comisión por la venta de la información de los pacientes.

El caso levantó la indignación en varias agencias estatales y federales que atienden la población de pacientes de Medicaid en Puerto Rico.

“Es lamentable que una empleada de la oficina de Medicaid del Departamento de Salud robara las identidades de ciudadanos inocentes del programa para una ganancia. El pliego acusatorio emitido hoy debería lanzar una seria advertencia para aquellos que podrían estar considerando incurrir en la misma conducta criminal”, sostuvo la directora de la Oficina del Servicio Federal de Rentas Internas en Miami, Kelly R. Jackson.

Por su parte, la secretaria de Salud, Ana Ríus, aseguró mediante comunicación escrita que la empleada fue suspendida sumariamente.

“No se va tolerar ningún acto de corrupción”, indicó la secretaria de Salud.

Los acusados podrían enfrentar cerca de 15 años de prisión por ocho cargos de conspiración para robar documentos del Gobierno, la transferencia ilegal de datos de identidad, robo de identidad agravada y revelación indebida de información de salud que identifica al paciente.